Conductores de ‘bicimotos’ en Santa Clara reclaman ante Fiscalía por una medida ‘incomprensible’ del Gobierno

DDC | Un grupo de propietarios de “bicimotos” de la ciudad de Santa Clara remitió quejas al Departamento de Atención a la Población de la Fiscalía Municipal, de acuerdo con el grupo público de Facebook “Riquimbilis y ciclomotores cubanos”.

Los propietarios de las llamadas “bicimotos” ―una especie más simple y ligera de ciclomotores― se quejan por el papel de la Unidad Provincial de Tránsito y el Registro de Vehículos, que se niega a inscribir los equipos.

El 30 de septiembre de 2019, El Ministerio del Interior aprobó la Resolución No. 35, que dispone que los dueños de ciclomotores de todo el país deben inscribir sus vehículos antes del 29 de febrero de 2020. Si no lo hicieran, los ciclomotores no podrán circular e, incluso, podrían ser decomisados por los inspectores de Vialidad y Tránsito.

Sin embargo, en Santa Clara las autoridades alegan que “estos equipos no se pueden inscribir porque se trata de vehículos armados por partes y piezas”, explicó a DIARIO DE CUBA, bajo condiciones de anonimato, uno de los conductores de la ciudad.

“Hay conflicto entre Tránsito y el Registro de Vehículos, que dice que estos equipos son como bicicletas” y, por eso, no procede a la inscripción. Sin embargo, “después del 18 de febrero Tránsito no va a dejar circular a las bicimotos porque no están inscritas”, se lamenta el propietario de uno de los vehículos.

Ante la medida, los conductores han convocado a varios encuentros en las afueras del estadio de béisbol Augusto César Sandino, de la ciudad, con el objetivo de alcanzar consenso y oponerse a una medida que consideran “incomprensible”. 

“Los propietarios de bicimotos firmamos una carta de reclamación que entregaremos a Fiscalía, la Asamblea del Poder Popular y el PCC. El martes próximo [7 de enero] a las 5:00PM nos volvemos a reunir en el mismo lugar para recopilar más firmas. Compartan la información para ver si logramos que en otros municipios y provincias hagan lo mismo”, escribió Sergio Sifontes Rodríguez, uno de los miembros del grupo “Riquimbilis y ciclomotores cubanos”.

DIARIO DE CUBA tuvo acceso al modelo estándar de la queja remitida por los conductores al Departamento de Atención a la Población de la Fiscalía Municipal de Santa Clara.

En el documento, los propietarios critican el papel de los “inspectores en las Unidades de Trámites y los Registros de Vehículos”, que “se rehúsan a tramitar la legalización de este tipo de ciclomotor, alegando que por orientación de su Dirección Nacional, estos vehículos NO SE INSCRIBIRÁN, y por tanto NO PODRÁN CIRCULAR con posterioridad al 29 de febrero de 2020, por estar construidos de partes y piezas”.

Sin embargo, el conductor entrevistado por DDC aseguró que todos los propietarios de “bicimotos” “seguirán batallando hasta que alguien” les ofrezca “una respuesta”.

“Estos equipos son originales. Ya buscamos los catálogos: los venden en China, en Japón, en todo el mundo. Entonces, ¿cómo ellos [los inspectores] van a decir que son armados por partes y piezas?

Los conductores también alegan que los vehículos de su propiedad “cumplen con el concepto de ciclomotor detallado en la Ley 109 [Código Vial] y son fabricados y comercializados en muchos países”.

Aunque no existen cifras oficiales, públicas, sobre la cantidad de “bicimotos” que circulan en Santa Clara, el documento asegura que “un gran número de ciudadanos” son “poseedores de este tipo de vehículos, adquiridos todos de formas lícitas y de fabricación industrial”.

Los conductores califican la medida de “incomprensible” mientras consideran que “no existe causa objetiva que amerite la exclusión en este proceso de inscripción, y lo que resulta peor aún, la prohibición de circular, para los llamados bicimotos”.

“Consideramos [que] debe revalorarse la situación creada con tal negativa y la afectación real que trae consigo a un gran número de ciudadanos que al igual que yo, la utilizamos como medio de transporte necesario para realizar nuestras labores cotidianas”, sostiene el modelo de queja escrito con la asesoría de un abogado, según la fuente consultada por DDC.