El Estado pelea contra los boteros

El surgimiento de la propiedad privada y su consolidación, aunque incipiente y lenta aún, exige una nueva actitud del gobierno.

La Habana | Fernando Dámaso – El Estado cubano, actuando como un único y poderoso patrón donde la población no ha sido más que un rebaño de asalariados sin derecho a protestar ni exigir, ha aplicado siempre el principio de “ordeno y mando”. Este principio, tal vez válido cuando todo le pertenecía absolutamente, se ha vuelto obsoleto con la aparición del trabajo por cuenta propia y el surgimiento de micronegocios y microempresas particulares, los cuales ya no le pertenecen ni dependen directamente de él.

Esta nueva situación parece no haber sido comprendida por las autoridades. En las nuevas y diferentes condiciones, pretenden continuar ejerciendo el poder absoluto con disposiciones y medidas arbitrarias, burocráticas y dogmáticas, sin tener en cuenta ni respetar los intereses de los nuevos sujetos económicos. Tales intereses entran en contradicción con los estatales y hasta con algunos aspectos de los denominados “sociales” promulgados por las autoridades. Y es que en nombre de “la defensa de los derechos del pueblo y de los humildes”, se han cometido bastantes arbitrariedades e irregularidades, que han afectado precisamente a quienes dicen defender.

El trabajador por cuenta propia, al igual que el pequeño negociante o empresario, debe, en el ejercicio de su actividad, pagar elevados impuestos al Estado, comprarle a precios exorbitantes los insumos que necesita, cubrir sus gastos y obtener alguna ganancia, que le permita, en primer lugar, sobrevivir y, de ser posible, invertir para su funcionamiento, mantenimiento y desarrollo. Este proceso se produce en el marco de la oferta y la demanda, la cual, para que funcione exitosamente, no puede ser sometida a “camisas de fuerza burocráticas”.

La única forma de regular la oferta y la demanda es mediante el equilibrio entre ambas, o sea, que lo que se oferte cubra la demanda. De no ser así, a mayor demanda y menor oferta, precios más altos y, a la inversa, precios más bajos.

Si el Estado y las autoridades que ejecutan sus políticas quieren competir con los particulares, deben ser capaces de ofrecer mejores servicios y productos de calidad a precios más bajos que los de ellos. Acorralarlos y aplastarlos, mediante decretos y disposiciones limitantes, nunca ha sido una política inteligente.

El actual forcejeo entre el Gobierno y los taxistas particulares no se resuelve aplicando el “ordeno y mando”. En definitiva, los taxistas particulares han surgido y se han desarrollado debido a la insuficiencia del transporte público y a su pésimo servicio, de lo cual son responsables el Estado y el Gobierno. Han venido a aliviar la carencia del mismo, y sus elevadas tarifas responden a los también elevados gastos en que incurren, para poder ejercer su actividad.

Si existiera un buen servicio público de transporte a bajo precio, no serían necesarios tantos taxistas ni sus tarifas serían tan altas. ¿Por qué el Gobierno, que ha sido incapaz durante años de resolver el problema del transporte público, no permite que este pase a manos de inversionistas privados, como era y funcionaba durante la República, cuando existía la Cooperativa de Ómnibus Aliados?

Este enfrentamiento actual debe constituir un alerta, tanto para el Estado como para sus autoridades, ya que situaciones similares pueden aparecer en otros sectores de la fragmentada sociedad cubana: paladares, cafeterías, cooperativas de todo tipo (las mal denominadas “no agropecuarias”), etcétera.

El surgimiento de la propiedad privada y su consolidación, tanto cubana como extranjera, aunque aún sea incipiente y lenta, exige un nuevo tipo de actuación de parte del Estado y de sus autoridades. Los tiempos del “ordeno y mando”, basados en el poder absoluto sobre toda la sociedad y sus bienes, tienen los días contados.