El Gobierno cierra una cooperativa no estatal dedicada al control financiero

El director general de la cooperativa no estatal Scenius, Alfonso Larrea. (JR)

La Habana – El Ministerio de Finanzas y Precios ordenó el cierre de Scenius, una de las seis cooperativas no estatales de servicios contables y financieros autorizadas por el Gobierno, según informa el sitio web El Toque.

Se trata de otra medida más para coartar al sector privado emergente y maniatado por el Gobierno.

El motivo del cierre, según informó Alfonso Larrea (uno de los directivos de Scenius), fue “presuntas violaciones reiteradas del Objeto Social que tenemos definido”.

De acuerdo con El Toque, estas supuestas violaciones serían “‘excesos’ en el tipo de servicios contables que le han prestado a sus clientes, como, por ejemplo, elaborarles fichas de costo; algo que, a pesar de ser un ‘servicio contable’, no está textualmente incluido en el citado Objeto Social” que recogen las leyes cubanas.

Scenius tiene 30 días para liquidar las operaciones con casi un centenar de clientes, que incluyen empresas del sector privado y varias entidades estatales.

Este cierre dejará sin empleo a 326 cuentapropistas, socios de esta organización con sede en varias provincias del país como La Habana, Matanzas y Camagüey.

Las otras cinco cooperativas no estatales como Scenius, de acuerdo con El Toque, todavía no habrían sido notificadas de una medida similar.

“Vamos a empezar un proceso de reclamación, que tiene que ser ante el mismo Ministerio que nos ha impuesto la medida”, dijo Larrea, quien sostiene la inocencia y la no existencia de las presuntas violaciones.

Asimismo, añadió que “en dos años y medio de creada Scenius, el Ministerio de Finanzas y Precios no ha mostrado voluntad por apoyar el desarrollo de la cooperativa”.

Esta medida de cierre, El Toque la califica como “otro paso en el congelamiento” en la supuesta “reforma económica”.

Scenius se dedicaba, según indica en su web, al asesoramiento en materia de cuestiones tributarias, a la evaluación de estados financieros, a la elaboración y ejecución de planes económicos, la realización de presupuestos de inversión, gestión de cobros y pagos, elaboración de declaraciones de ingresos y gastos, al control de inventarios, entre otros.

En el sector estatal se dedicaron al “conteo de activos fijos tangibles, que es entrar en un inventario y depurar todo lo del almacén. Básicamente se trata de la teneduría de libros”.

En 2015, el sitio OnCuba los interrogaba sobre la posibilidad de detectar “irregularidades que pueden revelar casos de corrupción”, a lo que el fundador de la empresa, Luis Alberto Dueñas Casal, respondía: “Nuestro servicio es la parte técnica, documental. La administración tiene que tomar las decisiones y medidas necesarias a partir de la información que recibe de nuestro trabajo”.

“Todos los meses (esté todo bien, regular o mal) entregamos y discutimos con nuestros clientes un informe técnico parcial o definitivo relacionado con la ejecución de nuestros servicios. Lo que hacemos no es una auditoría, pero obligatoriamente tenemos un criterio objetivo y soportado en el propio desarrollo del servicio”, puntualizó.

En aquel entonces OnCuba remarcaba que el surgimiento y el trabajo de esta cooperativa no estatal tenía lugar en “un contexto económico nacional marcado por la ‘corrupción a pequeña escala generalizada’ y sonados casos de malversación económica”.

Incluso, en 2015, el propio semanario oficial Juventud Rebelde dedicaba un reportaje a Scenius y llegaba a alabarlo y a afirmar que era “necesario”.

“Se hacen imprescindibles, para el fomento de esta forma de gestión no estatal que nació como un experimento nuevas regulaciones y una entidad que asesore, respalde y apoye la consolidación del cooperativismo en Cuba”, afirmaba el periódico oficial hace más de dos años.

Esta semana el Gobierno de la Isla anunció nuevas regulaciones para el sector no estatal, entre ellas el fin de las autorizaciones para un grupo de actividades y restricciones para arrendadores de viviendas, vendedores ambulantes y elaboradores vendedores de alimentos en restaurantes y cafeterías (paladares), entre otros.

Los negocios del sector no estatal, al que el Gobierno llama “por cuenta propia” para evitar usar la palabra “privado”, sufren restricciones que no le permiten funcionar como empresas. Las actividades económicas autorizadas están limitadas fundamentalmente a oficios que no demandan fuerza de trabajo calificada.