Japón necesita miles de trabajadores extranjeros

Jaman, un trabajador indonesio, mueve tubos de cobre en la f’abrica Nakamoto Mfg en Oizumi, prefectura de Gunma (AFP / Getty)

El gobierno de Shinzo Abe defiende una polémica ley con la que pretende facilitar la entrada de 340.000 trabajadores extranjeros.

Ana Alonso Giménez | El gobierno de Shinzo Abe en Japón lleva tiempo buscando una solución que facilite la entrada de más mano de obra a un país que actualmente cuenta con más del 20% de su población por encima de los 65 años. Se cree que este dato superará el 25% para 2030, lo que sumado a una natalidad cada vez más baja ha producido un estancamiento en la población, escasez de trabajadores y problemas a la hora de cubrir las necesidades básicas de los pensionistas.

Por ello, el pasado noviembre el primer ministro nipón ideó un proyecto de ley que ha sido aprobado por la Cámara Baja, irá a debate en el Parlamento y se prevé que entrará en vigor el próximo abril, el cual contempla dos nuevos visados para extranjeros, en uno de los países con la legislación migratoria más restrictiva del mundo.

Uno de los visados estará dirigido a trabajadores con escasa preparación, con una estancia no superior a cinco años y no renovable; mientras que el otro irá encaminado a atraer a asalariados cualificados, que de solicitarlo podrán traer a su vez a sus familias al país y será prorrogable.

Con una tasa de desempleo de 2,3%, sectores como la agricultura y especialmente la asistencia a personas mayores tienen una necesidad inminente de cobertura

Japón atraviesa asimismo uno de sus períodos con tasas de desempleo más bajas, un 2,3%, una cifra que no ha alcanzado desde 1992, con sectores como la agricultura y especialmente la asistencia a personas mayores bajo mínimos y con necesidad inminente de cobertura. Se prevé que está situación no hará más que empeorar de cara a las Olimpiadas de 2020 en Tokio.

El pasado junio la Cámara de Comercio de Japón mostró los resultados de su última encuesta, donde dos tercios de las empresas consultadas admitían necesitar más personal. Así, algunos sectores dentro de la política nipona han expresado la necesidad de aprobar rápidamente leyes de estas características ante el apremiante y progresivo envejecimiento de la población y la celebración de los Juegos Olímpicos.

“Nippon Daiichito” 

Sin embargo, el plan de Abe ha atraído las críticas de los sectores más conservadores, incluso dentro del grupo que lidera, el Partido Liberal Demócrata, al considerar que facilitará la obtención de la residencia permanente y que aumentará los índices de criminalidad en el que es considerado uno de los países más seguros del mundo.

Japón es también conocido por ser una de las naciones más homogéneas: pese a que la presencia extranjera viene creciendo desde 2013, en 2017, según datos de Naciones Unidas, el país contaba con 2.321.476 inmigrantes, lo que supondría solo un 1,83% de la población total.

Tras más de dos siglos de aislamiento bajo un régimen militar, el país abrió sus fronteras tras la presión de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, lo que ha generado una idiosincrasia todavía bastante enraizada en sectores populares y que alcanzó su cénit en los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, junto a teorías sobre la “japoneidad” y la percepción de superioridad y pureza nacionales entre la población más conservadora.

De hecho, el partido político de extrema derecha “Nippon Daiichito” (Japón primero), en alusión directa al “America First” de Donald Trump y fundado en agosto de 2016, ha organizado varias manifestaciones en contra de este proyecto de ley.

Entre sus reclamos, aparte de la mencionada pureza, se encuentra el habitual temor a la pérdida de puestos de trabajo para los naturales del país, defienden que el gobierno debería atender primero la situación de los japoneses en desempleo que la de los extranjeros. El líder del partido, Mikio Okamura, declaró a los medios el pasado octubre que, de este modo, “serían los japoneses los que cuidasen de nuestros ancianos. Este sería el resultado más satisfactorio para los japoneses y también para los extranjeros”.

La extrema derecha defiende que el gobierno debería atender la situación de los japoneses en desempleo antes que traer extranjeros

Si bien la extrema derecha en el país nipón se ha mantenido hasta la fecha con un reducido apoyo por parte del grueso de la población, algunos muestran preocupación con que éste se vea incrementado si este tipo de medidas resultaran insuficientes o fracasaran, de forma similar a lo que ha estado ocurriendo en numerosos países occidentales.

Riesgo de explotación laboral

La Confederación Japonesa de Sindicatos (Rengo) también ha expresado públicamente su objeción a la ley, señalando la ausencia de debate y ha expresado que se debería estudiar más detenidamente el ingreso de trabajadores extranjeros, con la idea de evitar situaciones de explotación laboral y desigualdad.

En esta otra línea crítica, opuesta a la conservadora, se encuentran partidos de izquierda y organismos no gubernamentales que advierten de que este tipo de visados buscan mano de obra barata para trabajos precarios. En efecto, uno de los visados que proyecta la ley de Abe, dirigido a los trabajadores poco cualificados, va encaminado a la creación de empleo en catorce sectores, que incluyen los ya citados en la agricultura, la asistencia a ancianos y en la construcción. Estos empleados no podrán traer a sus parientes consigo en ningún momento durante los cinco años que pueda durar su permanencia en el país.

Con esto, han criticado, buscan llenar huecos laborales que no quieren ocupar los propios japoneses y que van enfocados sobre todo hacia grupos sociales procedentes de China y del sureste asiático. Japón ya ha aprobado con anterioridad leyes con un propósito similar, como en 1993 al introducir un programa de “trabajadores en prácticas” (conocido como TTIP por su siglas en inglés) con países en vías de desarrollo, el cual resultó un fracaso debido a que no incrementó sustancialmente las cifras de productividad y por la dificultad de algunos de los participantes a la hora de abandonar sus empleo ante situaciones de maltrato laboral. 

Entre las denuncias por parte de los empleados que entraron en el programa, se encontraban varias vulneraciones de los derechos humanos, como acoso sexual, insuficiencia salarial, “bullying” y exceso de horas de trabajo.

Difícil cultura de trabajo

El país nipón no resulta, a priori, un lugar atractivo ni de fácil adaptación por parte de los extranjeros a la hora de introducirse en el mercado laboral, a pesar de tratarse de la tercera potencia mundial. A las dificultades con el idioma se suman una férrea disciplina y unas costumbres culturales fuertemente arraigadas que se manifiestan en el ámbito laboral.

Dentro de estos hábitos se encuentran un sistema jerárquico muy estructurado tanto dentro como fuera de la empresa, donde los trabajadores habitualmente provienen de círculos cerrados como lo pueden ser la misma universidad o centro educativo —allí son las corporaciones las que suelen ir a buscar a los recién graduados— y un sentimiento de fidelidad hacia la compañía que iguala e incluso supera al existente hacia la familia.

Por ello, no es poco frecuente encontrarse con compañeros de oficina que realizan horas extra hasta quedar extenuados, hasta tal punto que existe un término para describirlo, karoshi o muerte por exceso de trabajo.

Ante esta situación, las organizaciones no gubernamentales y sectores de izquierda solicitan la creación de programas de adaptación dirigidos al ingreso de trabajadores inmigrantes, junto a una mayor concienciación de la sociedad. “No deberíamos crear rápidamente un nuevo sistema sin revisar el programa de entrenamiento técnico, sobre el que se amontonan los problemas”, ha criticado el miembro del Partido Democrático Constitucional, Yoshifu Arita, en referencia a proyectos como el TTIP.

Se prevé que ingresen 340.000 inmigrantes en el país durante los próximos cinco años, mientras que  en 2017 hubo un decrecimiento demográfico de 373.000 personas

Sea como sea, se prevé que con este proyecto de ley ingresen cerca de 340.000 inmigrantes en el país durante los próximos cinco años, mientras que los datos recogidos en 2017 reflejaron un decrecimiento demográfico de 373.000 personas en la nación. Se cree que, a pesar de todo, la medida no será suficiente para incentivar la productividad y una economía que ha estado en deflación durante varios años consecutivos.

“Todavía hay una mentalidad de deflación”, declaró a Reuters el pasado enero el economista y asesor de Abe, Takeshi Niinami, quien ha añadido que, además de políticas que atraigan a mano de obra extranjera, haría falta mejorar la medicina preventiva para alargar la vida laboral de los trabajadores japoneses y subir los impuestos al consumo.

Otras medidas que ha intentado impulsar Abe han sido la mayor inclusión en el mercado laboral de las mujeres o incentivar las inversiones a la tecnología robótica, especialmente ésta última dirigida hacia el cuidado de los ancianos.

Así, mientras varios partidos políticos de la oposición han apremiado al primer ministro para que saque adelante cuanto antes medidas que puedan mejorar la situación que atraviesa el país nipón, incluso los más optimistas se mantienen cautos.

Los trabajadores intentaron trancar la Autopista Francisco Fajardo y la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana impidieron esta manifestación. 

La Federación de Trabajadores Universitarios, la directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) junto a la dirigencia estudiantil, realizaron una asamblea donde se decidió salir a la calle, unirse a las protestas de los otros gremios en conflicto e ir a un paro de actividades.

Mañana (martes) paralizamos las actividades, salgan a la calle, con sus pancartas, con sus fotos, con sus acciones de calle a repudiar un tabulador salarial que nos somete al hambre”, anunció Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios. 

Asimismo, Sánchez explicó que este miércoles marcharán todos los trabajadores hasta a sede del Ministerio de Educación Universitaria con el objetivo de consignar un documento pidiendo “la salida del ministro”  (Hugbel Roa) y el jueves y viernes “decretamos 48 horas de paro activo y presencial hasta el próximo lunes que decidamos un nuevo cronograma”. 

“No nos arrodillaremos ante nadie”, gritaron los educadores. 

Más temprano, la estudiante Sairam Rivas expresó, en nombre de la dirigencia estudiantil, el apoyo y solidaridad con la lucha de los profesores universitarios y propuso a la asamblea un “paro cívico de universidades por 24 horas”. 

Consideró “preocupante” la migración de profesionales de la educación y estudiantes del país por la grave crisis económica, social y política que atraviesa Venezuela y pidió al gremio unirse a las acciones tomadas por las enfermeras y otros gremios. “Esta crisis nos tiene que reunir a todos los sectores de Venezuela”, dijo. 

En este sentido, Sánchez expresó a los trabajadores de la salud “que estamos trabajando en una concentración o una marcha a la Vicepresidencia de la República con todos los trabajadores del país para expresarle al Gobierno que seguiremos luchando por nuestra reivindicaciones laborales”. 

Por su parte, Rivas explicó que es necesario tener claro el pliego de exigencias y “que no se levanten las acciones hasta que se cumplan cada una de las reivindicaciones”. 

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