La CIDH otorga medidas cautelares al abogado independiente José Ernesto Morales Estrada

El abogado independiente, José Ernesto Morales Estrada.

La Comisión enumeró una serie de actos represivos de la Seguridad del Estado a este activista de Pinar del Río

DDC | Washington | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó esta semana medidas cautelares para el abogado independiente José Ernesto Morales Estrada, representante de la Consejería Jurídica e Instrucción Cívica en Cuba.

Informó que el activista “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”.

De acuerdo con la resolución 22/2018, la CIDH señaló que “desde 2012, el Estado habría tratado de criminalizarlo para llevarlo a prisión. Entre 2014 y 2017, Morales habría sido detenido arbitrariamente aproximadamente 90 veces”.

La Comisión enumeró una serie de actos represivos de la Seguridad del Estado a este activista de Pinar del Río, entre los que figuran en los últimos meses un arresto el pasado 1 de septiembre, una citación el pasado 18 de diciembre, otra detención el 25 de enero en la que “habría sido golpeado por un policía fuertemente dos veces en la clavícula”.

“Ese día, se le habría abierto un expediente de ‘peligrosidad’ por no tener vínculo laboral y por ser defensor de derechos humanos no legalizado por el Estado, indicándole que ni él ni su familia iban a vivir tranquilos porque la policía iría a diario a su casa”, abundó la CIDH.

La Comisión requirió al Gobierno cubano que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de José Ernesto Morales Estrada; así como para que pueda desarrollar sus actividades como defensor de derechos humanos y abogado independiente, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos en el ejercicio de sus funciones”.

Asimismo, pidió a La Habana que “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos” que dieron lugar a la medida cautelar, para evitar su repetición.

“La Comisión solicita al Gobierno de Cuba que informe, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualice dicha información en forma periódica”, concluyó la solicitud.

El Gobierno cubano no suele responder a este tipo de requerimientos.