La incertidumbre y vulnerabilidad frente al Estado frena la economía informal

Los diferentes sujetos económicos, ya sean privados, cooperativistas y hasta los estatales, necesitan un ambiente de confianza en las instituciones

LA HABANA, Cuba | Orlando Freire Santana | Cuba Sindical Press – Los diferentes sujetos económicos, ya sean privados, cooperativistas y hasta los estatales, precisan de un ambiente de confianza en las instituciones, un marco donde las leyes sean de estricto cumplimiento por todos los actores de la sociedad, y en el que los gobernantes no puedan estar cambiando a su antojo las reglas del juego. Solo así cada cual entregará lo mejor de sí en aras del bienestar de la nación.

Lamentablemente, ese no es el panorama que se aprecia en la economía cubana. En ella se enseñorea la incertidumbre, la zozobra de cómo será el mañana, y sobre todo, el temor de muchos propietarios –aquí podrían incluirse a los cooperativistas– de ser despojados en cualquier momento del fruto de su trabajo.

Comencemos señalando la existencia del acápite 104 de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, el que plantea que “no se permite la concentración de la propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales conforme a lo legislado, de modo consecuente con los principios de nuestro socialismo”.

Se trata de una sentencia propensa a la arbitrariedad y el subjetivismo, pues no queda claro, por ejemplo, quién decidirá cuándo hay concentración de la riqueza, ni qué tipo de medidas tomarán las autoridades para contrarrestarla.

En ese sentido sobresale el acápite 226 de la referida Conceptualización, el cual define las dos maneras con que cuenta el Estado para regular las actividades económicas: mediante instrumentos directos o administrativos, o por medio de mecanismos económicos o indirectos.

Es decir, que se podrían esperar acciones gubernamentales más apegadas a las prácticas económicas convencionales –en este caso los mecanismos económicos o indirectos– como fomentar la competencia entre los sujetos productivos, o la implementación de adecuadas políticas fiscales. Por el contrario, queda abierta también la posibilidad de toparnos con los absurdos instrumentos administrativos, como los cierres y las prohibiciones.

En la práctica, tal y como se esperaba, los gobernantes han decidido acudir con más frecuencia a los métodos directos o administrativos. Prueba de ello han sido las recientes clausuras de varios mercados agropecuarios de oferta-demanda en la capital, y en su lugar la apertura de mercados estatales con precios topados. Se eliminan mercados que contaban con un amplio surtido de productos y se sustituyen por otros que al cabo de pocas semanas ya son una vitrina del abandono y el desabastecimiento.

¿Y qué podríamos decir del desasosiego que seguramente invade a muchas de las personas que han obtenido tierras en usufructo, y que han combatido heroicamente contra el marabú con tal de hacerlas producir?

Se supone que no puedan dormir tranquilas después que el segundo hombre de la nomenclatura, Machadito Ventura, amenazara con quitarles las tierras a aquellos usufructuarios que, según el Gobierno, no estén produciendo de acuerdo con lo esperado.

Mención aparte para la inversión extranjera. En la más reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular se anunció, con pesar, que en el plan de este año 2017 solo el 6% de la inversión sería con capital foráneo. La justificación recayó en la lentitud de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera para viabilizar la relación con los potenciales inversores. Sin embargo, en el fondo del asunto yace la incertidumbre de estos en arriesgar su dinero en un entorno impredecible. Por ejemplo, ¿quién pudiera adivinar cuándo y con qué tipo de cambio se pondrá fin a la dualidad monetaria y cambiaria?

Por supuesto que los trabajadores por cuenta propia tampoco son ajenos a ese sentimiento de inseguridad. Conversar con muchos de ellos es captar de inmediato la desconfianza con que desempeñan su labor. De un momento a otro las autoridades tributarias podrían subirles los impuestos, ser víctimas de inspectores inescrupulosos, correr la suerte de sus colegas que operaban los cines 3D, los que vendían ropa importada o quienes comercializaban útiles del hogar, todos despojados de sus licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia.

No en balde el analista Carlos Alberto Montaner, en su texto “No perdamos también el siglo XXI”, apunta que “solo se puede alcanzar un grado considerable de riqueza si existe un marco jurídico adecuado, con leyes que se respetan, con tribunales que velan por el cumplimiento de las normas, con sentencias que se ejecutan y con un marco constitucional claro, sólido y al margen de los vaivenes políticos”.