¿Será la “autonomía empresarial” una estrategia definitiva?

Trabajadores en un mercado estatal habanero. (Boylan/AP)

LA HABANA, Cuba | Orlando Freire Santana | Cuba Sindical Press – Si quisiéramos traer a colación una muestra fehaciente de los bandazos que han experimentado las políticas de dirección de la economía durante el último medio siglo, no dudaríamos en recurrir a las distintas estrategias llevadas a cabo por el castrismo en su sistema empresarial.

En el transcurso de los años 60 de la pasada centuria predominó un centralismo gubernamental que le otorgaba muy poca independencia a las empresas. Esa concepción se basaba en el Sistema de Financiamiento Presupuestario que alentaba el Che Guevara en su condición de ministro de Industrias. Semejante política no reconocía la presencia de la ley del valor en el socialismo, ni relacionaba la gestión empresarial con conceptos tales como la rentabilidad, los créditos y los impuestos.

Ese punto de vista guevarista fue abandonado a partir de la celebración del Primer Congreso del Partido Comunista en 1975, cuando pasó a primer plano el Sistema de Cálculo Económico, el cual se aplicaba en la Unión Soviética y otras naciones comunistas de Europa oriental.

El Cálculo Económico establecía cierta descentralización en el trabajo de las empresas, a las que se conminaba a lograr la rentabilidad. Es decir, a sufragar sus gastos a partir de sus ingresos. Por supuesto, se aplicaban ciertas palancas del mercado, y el estímulo material comenzó a prevalecer sobre los estímulos morales.

Sin embargo, tan solo una década después, hacia 1986, el Cálculo Económico llegaba a su fin. Su eclipse tuvo que ver con dos razones fundamentales. En primer término, los elementos de línea dura de la nomenclatura no podían contemplar con agrado que el trabajo ideológico sobre la conciencia del hombre se hubiese debilitado y que el futuro de la revolución quedara confiado a los mecanismos económicos. Por otra parte, había cierta prisa por desmarcarse de lo que acontecía en las naciones del “socialismo real”, en momentos en que la Perestroika y las ansias de libertad se extendían por todo el bloque soviético.

Por esa fecha, y al calor de la política de “rectificación de errores y tendencias negativas” –y también de reasunción de la prédica guevarista–, surgió el Sistema de Perfeccionamiento Empresarial (SPE), primero en las empresas de la Fuerzas Armadas y ya en la década de los 90 extendido al resto de la economía.

La entrada al SPE era selectiva. Se circunscribía a aquellas entidades que cumplieran tres requisitos: que tuvieran una contabilidad confiable, un suministro estable de materias primas e insumos y que contaran con mercado para sus producciones o servicios.

Con el tiempo, el primero de los requisitos, por sí solo, fue impidiendo que muchas entidades accedieran al SPE, e incluso provocó que empresas ya en el Sistema tuvieran que abandonarlo. Así de desastrosa era, y sigue siendo, la contabilidad en las empresas, donde con frecuencia los registros y estados financieros dicen una cosa y la realidad muestra otra bien distinta.

Por mucho que insistiera el entonces zar de la economía, Carlos Lage, el SPE cayó en un letargo, y ya en la era de Raúl Castro no ha vuelto a hablarse de él.

Ahora la atención se centra en la denominada “autonomía empresarial”, abanderada por Marino Murillo, el nuevo zar de la economía, y la señora Gladys Bejerano, contralora general de la República.

Se dice que tal concepción se basa en la autonomía con que cuentan las entidades al –entre otras cosas–  disminuir la tutela de los ministerios sobre ellas, así como en el mecanismo de control interno que deben implementar para proteger sus recursos y acabar con los delitos económicos.

Mas, ni lo uno ni lo otro, al parecer, marchan por buen camino. Por una parte, la creación de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), una estructura intermedia entre el ministerio y la empresa, merma la autonomía de esta última, pues al director de una OSDE le corresponde, por ejemplo, la aprobación de los planes empresariales.

Por otro lado, y según datos aportados por la propia Contraloría, durante el año 2015 se detectaron 233 delitos en empresas y entidades, y de ellos 106 clasificaron como hechos de corrupción. El 33% de esos delitos afectó al Presupuesto de la nación, y el restante 67% depredó los bienes de empresas y entidades.

¿Estarán pensando los sesudos de la cúpula del poder en un nuevo mecanismo de dirección empresarial que arregle tantos entuertos?