El régimen insiste en negar la legitimidad de las acusaciones y subraya su negativa a implicarse en un proceso de diálogo.
Pittsburgh (Sindical Press) – El Comité de Libertad Sindical (CLS) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), expuso nuevamente los actos represivos que enfrentan dentro de la Isla los integrantes de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), por parte de los órganos represivos.
En el informe que elabora la entidad cada año, se describen los pormenores de una política enfilada en coartar la labor de decenas de activistas mediante una estrategia que incluye arrestos, confiscaciones, amenazas, prohibiciones de viajes al exterior, vigilancia y condenas carcelarias.
También se reflejan las habituales posturas del régimen empeñado en desmentir las denuncias proporcionadas por los afectados, incluyendo la descalificación. Ambas acciones, regularmente practicadas dentro y fuera de lsla, definen la génesis de un sistema político caracterizado por la intolerancia hacia las ideas y actitudes ajenas a lo dispuesto por los jerarcas del partido único.
En respuesta a las prácticas antisindicales y el abuso de poder, la CLS exigió, una vez más, el reconocimiento de la ASIC, así como su libre funcionamiento y ejercicio de sus actividades, mediante un conjunto de recomendaciones.
Vale destacar también la petición a que se proporcione el resultado de las investigaciones, o de ser el caso, sentencias judiciales correspondientes a Osvaldo Arcis Hernández, Bárbaro Tejeda Sánchez, Felipe Carrera Hernández, Pavel Herrera Hernández, Daniel Perea García, Yisan Zamora Ricardo, William Cruz Delgado, Rouqe Iván Martínez Baldarraín, Jefferson Ismael Polo Mezerene, Anairis Dania Mezerene, Ulises Rafael Hernández López y Leonardo Hernández Camejo, así como las exigencias de garantías para que el secretario general de la ASIC, Iván Hernández Carillo, pueda ejercer sus actividades sin represalias.
La entrega de las copias de los resultados de las investigaciones respecto a los despidos de Ismael Valentín Castro, Dania Noriega, Kevin Vega Rizo y Pavel Herrera fue otro de los requerimientos plasmados en el documento.
Por último, se le pide al gobierno que acepte una misión de contactos directos para recabar informaciones, facilitar el diálogo entre las partes y fomentar la aplicación de las recomendaciones.
“Consideramos que el informe es más completo y firme que los anteriores, en cuanto a las evidencias de la represión contra los sindicalistas. Por otro lado, vale destacar el llamado al Consejo de Administración para que apruebe las recomendaciones formuladas en aras de reconocer nuestro trabajo y esfuerzo. Un reclamo presente en los reportes previos que subraya el interés en maximizar la atención en el caso”, afirmó, Iván Hernández Carrillo.
Por su parte, Alejandro Sánchez Zaldívar, presidente de la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (ACTAE), organización que mantiene vínculos de trabajo con la ASIC, dijo “se trata de un importante reconocimiento que el régimen se empeña en invalidar, ignorando las recomendaciones del CLS. La comunidad internacional vuelve a tener constancia de las flagrantes violaciones a los derechos humanos en Cuba”.
El informe, dado a conocer el pasado 8 de noviembre, es el quinto que se elabora a partir de las quejas presentadas, por primera vez en el 2016, ante el CLS, como parte del caso 3271.
Al margen de las periódicas exposiciones, el régimen insiste en negar la legitimidad de las acusaciones, no obstante, las evidencias presentadas, además de subrayar su negativa a implicarse en un proceso de diálogo que conduzca a algún tipo de acuerdo.
Según notificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un documento presentado en abril de 2023, el Estado cubano es miembro de la OIT desde 1919 y ha ratificado 90 Convenios Internacionales en materia laboral y un Protocolo, de los cuales 66 están en vigor, 9 han sido denunciados y 11 derogados. Sin embargo, Convenios como el 29 sobre trabajo forzoso, el 95 sobre la protección del salario, el 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva y el 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho a sindicación, entre otros, son vulnerados continuamente a pesar de su ratificación.