La nueva oligarquía apropiaría como mínimo de 69,8 mil millones dólares de los salarios de los médicos enviados al exterior.
Madrid (DDC) – El Observatorio Cubano de Auditoría Social (OCAC), del laboratorio de ideas Cuba Siglo 21, acusó a la nueva oligarquía cubana de haberse apropiado como mínimo de 69,8 mil millones dólares (69.866.399.679 dólares) de los salarios de los médicos enviados al exterior, que nunca fueron invertidos en el sistema de Salud Pública como había anunciado el Gobierno cubano.
En el informe Cuba: el saqueo de GAESA a la seguridad sanitaria, el observatorio demandó que GAESA (incluido el Banco Financiero Internacional bajo su control), el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y las empresas encargadas de la exportación de servicios médicos, abran sus libros a escrutinio fiscal y público y procedan de inmediato al reintegro al sistema de seguridad sanitario de los fondos saqueados entre 2009 y 2022, de acuerdo con un comunicado enviado a DIARIO DE CUBA.
OCAC denunció que GAESA, el holding de la nueva oligarquía cubana, haciendo uso del Banco Financiero Internacional, «no solo robó a los médicos, sino a toda la nación, con lo cual impulsó el desmantelamiento del sistema de Salud Pública».
«Al enfrentar las primeras acusaciones de trabajo forzoso en ese sector, en violación del derecho internacional, el Gobierno cubano alegó que los salarios confiscados a las brigadas médicas serían reinvertidos en el sistema de Salud Pública nacional. Pero esto nunca ocurrió. Las estadísticas anuales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba reflejan una aguda disparidad entre los ingresos que se reconoce (son) aportados por las brigadas y el monto de inversiones dedicadas a Salud Pública. El informe confirma que, en los últimos 13 años, se invirtió 13 veces más en la construcción de nuevos hoteles que en el sector de la salud», señaló.
El laboratorio de ideas recordó que por seguridad sanitaria de un país se entiende la suma de varios factores, entre los que destacan el estado y accesibilidad universal a los servicios médicos, fármacos y servicios de salubridad (alcantarillado, tratamiento de aguas negras, acceso a agua potable, eliminación de vectores propagadores de enfermedades, recogida de basura y desechos, entre otros) y que «en todos esos renglones la seguridad sanitaria en Cuba está en caída libre».
Según cifras oficiales, reflejadas en una investigación realizada por DIARIO DE CUBA, en la Isla el número de hospitales decreció entre 2007 al 2018 en un 32% (todos los rurales fueron cerrados a partir de 2011), el de policlínicos en un 9%, mientras que todos los puestos médicos rurales y urbanos cerraron a partir de 2010. El país pasó de tener un total de 312.406 empleados como personal facultativo en el año 2021, a 281.098 en 2022.
Igualmente, el comunicado subrayó que el personal de salud descendió en 31.308 en solo 12 meses, de 2021 a 2022. Esa categoría incluye técnicos superiores, medios y básicos, tecnólogos y otros licenciados de la Salud.
La falta de medicamentos básicos se ha duplicado este año con relación al año 2020. De 84 medicamentos faltantes en 2020, en 2023 la cifra llegó a 172. El OCAC citó la encuesta realizada en agosto de 2022 por el sitio independiente de información y estadísticas Cubadata, que arrojó que el 46,7% de los encuestados consideraba muy difícil conseguir medicinas en el país.
Según el informe del OCAC, durante el mes de septiembre miembros de su equipo en la Isla realizaron visitas a farmacias en 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. «Se recopiló información sobre la falta de medicamentos que son expedidos por tarjeta de control (tarjetón) por tratarse de medicinas para condiciones crónicas, y los de primera prioridad. En todas las provincias se detectaron falta de medicamentos como analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, antiparasitarios, antiinflamatorios, ansiolíticos y antidepresivos», señaló el informe.
El documento precisó que un tratamiento mensual para enfermedades crónicas que solo puede adquirirse en el mercado negro puede equivaler a más del 200% de la pensión mínima. Puso como ejemplo que el Enalapril, para la presión arterial elevada, y la Amitriptilina, para la depresión, pueden llegar a costar 3.600 CUP que representa el 236% de la pensión mínima de 1.528 CUP.
«La seguridad sanitaria tiene hoy dos estamentos: los que tienen familiares en la diáspora o acceso a dólares, y los que dependen de ingresos en moneda nacional. Los hospitales también carecen de insumos básicos y equipamiento para diagnóstico y atención a pacientes, así como para mantener la limpieza y esterilidad de las instalaciones. Son los familiares los encargados de conseguir los insumos para cualquier procedimiento en el mercado negro», denunció el OCAC.
Asimismo, consideró errada la apreciación de la Relatora Especial de la ONU, quien, al evaluar el impacto de las sanciones económicas unilaterales en diversos países, afirmó que el deterioro del sistema de salud pública en Cuba se debe a ese factor externo.
«La causa real de la crisis en el sistema sanitario cubano es de naturaleza endógena y sistémica: el abandono deliberado de las responsabilidades constitucionales del Estado con las necesidades básicas de la población. Un dato adicional: el embargo no impide la adquisición de equipos de salud y medicinas en Estados Unidos», dijo el informe.
«¿A dónde fueron a parar los 69,8 mil millones de dólares? ¿Cómo saberlo si GAESA no es auditada por el Estado cubano? Las muertes acumuladas por la ausencia de fármacos para controlar enfermedades crónicas, así como de equipos e insumos para poder garantizar terapias e intervenciones quirúrgicas exitosas, son responsabilidad inescapable de quienes tomaron deliberadamente la decisión de abandonar el compromiso del Estado con el sistema de salud y apropiarse de los recursos que los médicos generan en el exterior», señaló la iniciativa de Cuba Siglo 21.
Para el OCAC, «la actual inseguridad sanitaria de la población es el resultado de decisiones deliberadas emanadas de la oligarquía cubana que controla GAESA y al Gobierno de Miguel Díaz-Canel» y «no puede ser justificada a partir de factores externos como las sanciones estadounidenses, o fortuitos como una pandemia».