Los augurios del 2024 cobran mayor vigencia ante esta nueva escalada de irresponsabilidad y evasión ante la búsqueda de soluciones.
Pittsburgh (Sindical Press) – El entierro de la fracasada “Tarea Ordenamiento” –una operación que no aguantaba más prórrogas entre el berenjenal de loas, falsas expectativas y encubrimientos de chascos, en torno a ese paquete de medidas que presuntamente ayudarían a sacar la economía del bache profundo y cenagoso en que se encuentra desde hace décadas– fue una de los anuncios más relevantes del VII Pleno del Comité Central del Partido celebrado los días 15 y 16 de diciembre.
Dentro de lo más trascendente, notificado en la magna reunión, también habría que mencionar la destitución de la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss y los primeros secretarios del partido de las provincias de Granma y Guantánamo, Yanaisi Capó Nápoles y Rafael Pérez Fernández, respectivamente.
La aceptación del fiasco del llamado Ordenamiento, que incluía la supresión del peso convertible (CUC), el establecimiento de un nuevo tipo de cambio oficial devaluado del peso cubano (CUP) y la reforma de precios salarios y pensiones, no pasa de ser un mero formalismo sobre algo que se veía venir desde que fue implementado con la banda sonora de viejas y nuevas consignas, junto al infaltable coro de promesas.
A fin de cuentas, el espacio vacío del Ordenamiento fue llenado con lineamientos que datan del 2009, elaborados nada y nada menos que por Marino Murillo, el defenestrado ministro de Economía y Planificación, y posteriormente designado, en el 2016, para liderar un estrafalario proceso reformista que terminó potenciando el desorden a niveles nunca vistos.
En cuanto a los tres funcionarios apartados de sus funciones, hay que tomarlo como otro pasaje inocuo dentro de una congregación donde la ineptitud, el servilismo y la mediocridad se alzan como indicadores de que nada va cambiar a no ser para afianzar la crisis, además de la utilidad como reservorio a la hora de proceder a otro alarde profiláctico con otras puntuales expulsiones.
En este capítulo de la tragicomedia cubana, el protagonismo se lo llevó Alejandro Gil Fernández, el actual zar de la economía y Vicepresidente del Consejo de Ministros, un experto en galimatías e insensateces.
El título escogido esta vez para liderar la salida a la crisis supera con creces al de la “Tarea Ordenamiento”, todo este esfuerzo, sin dudas baldío, se enmarca en el “Programa de Estabilización Económica”.
Entre los objetivos trazados para salir del atolladero contenidos en el programa de marras destacan, el diseño de mecanismos financieros que estimulen las exportaciones, la sustitución de importaciones, la inversión extranjera y la cooperación internacional en los territorios, así como ordenar los proyectos de desarrollo local para aprovechar los recursos endógenos y su correspondencia con las estrategias de desarrollo municipal, entre otros.
El ministro Gil, acompañó la exposición con sus habituales tecnicismos y una grandilocuencia que no convence.
Todo como parte del mismo juego de crear expectativas sin asomo de poder cumplirse.
Con la planificación como eje central, no hay motivos para esperar la viabilidad de las propuestas.
Siguen reticentes a aceptar la implementación de las reglas del mercado. Sin una descentralización a fondo que acabe con el ineficiente monopolio estatal, todo quedará con un amago. Ni soñar con un golpe solucionador en el núcleo de los graves problemas existenciales.
Los augurios de un 2024, con más escasez, inflación y pobreza cobran mayor vigencia ante esta nueva escalada de irresponsabilidad y falta total de compromisos en la búsqueda de soluciones realistas.
La cancelación de la Segunda Conferencia Nacional del Partido, prevista para el primer trimestre del año venidero, expresa el alejamiento de un desenlace positivo a las difíciles circunstancias, en el corto plazo. De esta manera, aunque no haya sido la intención, se le resta importancia al plan salvador de Gil con sus conjeturas y contaminado, de principio a fin, por la perversa ideología que identifica al régimen, próximo a cumplir 65 años en el poder.