La transportación, los servicios necrológicos y los subsidios para la vivienda siguen en el mismo pantano un año más.
La Habana (DDC) – La viceministra de Finanzas y Precios, Maritza Cruz, anunció una subida salarial para los sectores de Educación y Salud Pública, al presentar el plan para la ejecución del presupuesto del Estado de 2024 ante los diputados de la Comisión Permanente de Trabajo y de Atención a los Servicios.
Según Cruz, los incrementos de salario, cuyas cuantías no son públicas aún, significan erogaciones presupuestarias de unos 25 millones de pesos, recogió la oficial Prensa Latina.
Dijo que el cumplimiento en general de los ingresos previstos constituye una urgencia de la economía para respaldar esos desembolsos del gasto público.
Señaló que sobre las finanzas del régimen recaen las tensiones de la economía, lo que se expresa en un elevado déficit presupuestario, resultado de una negativa correlación entre los ingresos netos y los gastos totales.
La semana pasada, tras la publicación de las cifras revisadas máximas del déficit presupuestario y de la deuda pública de Cuba para 2023, el economista Pedro Monreal dijo que el incremento del 44,4% del déficit estimado inicialmente indica que «la gestión presupuestaria se fue de control (el déficit inicial se estimó en 68.126,6 millones)».
Aunque todavía no existen estimados del PIB de 2023, Monreal dijo que es probable que el déficit fiscal de Cuba habría pasado a un nivel próximo a 15% del PIB, lo que calificó como «una pésima noticia y confirmaría la persistencia de un entorno macroeconómico inflacionario».
La viceministra dijo este martes que en el año que concluye se incumplió con el ingreso de unos 27.700 millones de pesos estimados, aunque habló del «comportamiento favorable de las recaudaciones de los impuestos sobre las utilidades, contribución a la seguridad social y otros impuestos y derechos».
Las perspectivas del Ministerio de Finanzas y Precios en 2024 se centrarán en un fuerte control fiscal con prioridad en la fiscalización de los negocios privados y la regularización del pago de impuestos.
Entre las medidas, esta misma semana se anunció la aplicación del impuesto sobre las ventas a la totalidad de las operaciones que realizan las MIPYMES, la eliminación de exenciones de impuestos a estas y a las cooperativas no agropecuarias, entre otras.
Transportación, servicios necrológicos, vivienda, en el mismo pantano un año más
Al abordar la situación de la transportación de pasajeros a nivel nacional en la Comisión de Atención a los Servicios del Parlamento, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, admitió el decrecimiento de las capacidades y la calidad de los servicios por «afectaciones en la disponibilidad técnica de los vehículos, la inestabilidad en el abastecimiento de combustibles y lubricantes, el deterioro acumulado de las infraestructuras y las condiciones en que se desempeñan los trabajadores».
Atribuyó la situación a la «falta de financiamiento oportuno en divisas convertibles para el sostenimiento y las inversiones, las dificultades con la moneda nacional y los problemas en la gestión empresarial estatal y no estatal», informó la oficial Prensa Latina.
Rodríguez dijo que la situación más compleja se encuentra en los servicios que se prestan a nivel local y territorial.
Para intentar aliviar la movilidad de la población, dijo que hasta el cierre de octubre se fabricaron o ensamblaron 5.924 bicicletas mecánicas, 354 bicicletas eléctricas, 82 triciclos eléctricos de pasajeros y 886 de carga, además de 2.116 motos eléctricas por las plantas Minerva y Roselló, del Ministerio de Industrias.
Adelantó que se prevé generalizar en el país las experiencias de La Habana en los servicios ruteros con triciclos eléctricos, a partir de la adquisición de 275 de estos medios con fondos propios generados con el esquema cerrado de financiamiento.
Servicios comunales El insuficiente parque de transporte especializado y no especializado sigue siendo la causa principal de que las calles de la Isla parezcan basureros, así como el déficit de contenedores, se quejaron los diputados de la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Poder Popular en análisis de los servicios comunales, publicó Granma.
La diputada Caridad Margarita García Peña, secretaria de la referida Comisión, habló de la falta de personal en el sector a todos los niveles, y la falta de vinculación entre la dirección de Comunales con los consejos populares, los delegados y la población.
Sobre los servicios necrológicos, señaló que existen problemas con la producción de ataúdes, por falta de recursos —tela, puntilla, cartón-tabla—, en tanto anunció alternativas para la producción de flores y coronas con la empresa de jardines y a través de las nuevas formas de gestión económica.
La diputada Taymí Martínez Naranjo, miembro del Consejo de Estado, pidió perfeccionamiento de los servicios necrológicos, en particular de la calidad de los ataúdes y la prontitud con que debe acudir el carro fúnebre: «se debe dignificar la muerte y hacer que las familias o personas afectadas transiten por ese momento de una forma tranquila».
En Cuba los servicios necrológicos son un desastre desde hace años. Hace poco trascendió que los familiares que deban exhumar los restos de sus seres queridos en el cementerio de Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, deben llevar sus propias cajas.
A finales de marzo, fue noticia que la empresa de Servicios Comunales de la provincia Santiago de Cuba solo contaba con diez autos funerarios para trasladar a las personas fallecidas.
En septiembre de 2022, el historiador cubano Miguel Montero denunció que, tras la muerte de su tía, en Holguín, la familia tuvo que esperar ocho horas por un carro fúnebre y luego velarla a la luz de las velas.
Vivienda
El desastre de los subsidios centró otro reporte de Granma sobre la situación de la vivienda analizada en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea, que contó con la participación del vice primer ministro Ramiro Valdés Menéndez.
El diputado Randel Coloma Oduardo presentó el informe en el que se reflejan deficiencias como el atraso en la documentación que emiten los especialistas de la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, el insuficiente aprovechamiento de la producción local de materiales de la construcción, y la no utilización, para el programa, de los recursos endógenos existentes.
También se refirió a la falta de permanencia y exigencia de los técnicos de la vivienda en las obras vinculadas a este programa.
«Existen subsidios sin terminar de años anteriores a los que no se les da tratamiento, así como subsidios terminados sin cerrar», dijo, según Granma.
El diputado admitió además «limitaciones de transportación para el abastecimiento de materiales de la construcción en los municipios que no son cabeceras».
El Gobierno admitió que este año tampoco cumplirá el plan de construcción de viviendas. De esa situación, que golpea a decenas de miles de cubanos, culpó a los métodos de trabajo, además de la falta de cemento y acero, que no parecen afectar el levantamiento de hoteles.
Al cierre de octubre, en Cuba solo se habían completado 13.000 inmuebles, para un 54% del plan, informó el medio estatal Granma. Los datos fueron revelados en una reunión del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, con los gobernadores y el intendente de la Isla de la Juventud.
A inicios de ese mes, el Gobierno había reconocido un déficit de más de 800.000 viviendas en Cuba, en un informe sobre el cumplimiento de la Política de la Vivienda aprobada en 2019.
Los datos dados a conocer en la reciente reunión del primer ministro con los gobernadores muestran que las viviendas completadas en 2023 no representan ni el 2% del déficit que existe en el país.
Resulta evidente para los cubanos que, mientras los problemas de vivienda se acumulan y empeoran, el Gobierno prioriza el sector turístico. Y las cifras oficiales lo demuestran.
A la construcción de hoteles e instalaciones turísticas, el Gobierno cubano destinó un cuarto de los 41.616.003 millones de la inversión estatal en la primera mitad de 2023, de acuerdo con una publicación de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).
Ese sector acaparó 10.406 millones de pesos en el primer semestre del año, pese a que siete de cada diez habitaciones de hoteles estuvieron desocupadas en el mismo periodo.