Las sanciones propuestas por la fiscalía van desde los ocho a los veinte años de privación de libertad para implicados.
La Habana (Sindical Press) – Un operativo policial en la terminal multipropósito “Guillermón Moncada”, de Santiago de Cuba, que implicó a 78 trabajadores y el robo de altas cifras de dinero y alimentos develó un gran entramado de corrupción.
El robo de toneladas de alimentos destinados al consumo de la canasta básica, la incautación de altas sumas de dinero y el decomiso de varios vehículos dejaron al desnudo la continuidad y el aumento de los desfalcos en las entidades estatales.
“No es fácil mover esa cantidad de productos sin la participación de mucha gente, de camioneros, estibadores, pesadores, jefes de turnos, custodios. La investigación sobre el robo comenzó semanas atrás, pero no fue hasta hace poco que se hizo pública. No se sabe cómo va a terminar todo. Fue un robo grande”, dijo Jorge Amado, activista de derechos humanos residente en esa provincia oriental.
El mayor Erik Miguel Martínez Ferrales, oficial operativo de la unidad de enfrentamiento al delito económico que está a cargo de la investigación, habló del caso en una entrevista para el noticiero nacional de televisión, donde expuso algunos detalles.
“En la concertación de hechos de esta naturaleza es necesaria la participación de todo el entramado del puerto. El hecho involucra a la unidad de carga por camiones, a la empresa de aseguramientos minoristas de productos y de bienes de consumo, y a la empresa de supervisión, pesaje y control de las cargas, que confluyen en sus actividades en el puerto”, expresó.
Luis Felipe Garrido Torres, fiscal de Santiago de Cuba, reveló que los transportistas, de común acuerdo con los encargados del pesaje, acordaron el pago de cifras entre los 18 000 y 9 000 pesos a los productos que se reportaran por debajo del peso establecido.
La investigación ha dejado al descubierto una red delictiva con prácticas meticulosamente planeadas que involucran a funcionarios y trabajadores del centro portuario, quienes vendía cada camión de arroz a razón de 200 000 a 300 000 pesos y le entregaban facturas que no eran incorporadas al departamento económico de la empresa.
Según el alegato de la fiscalía, el destino final de la venta de los desfalcos no eran las bodegas estatales, las mercancías terminaban en una red de mercados informales donde se completaba la ecuación delictiva.
“Estos mercados informales vendían la libra de arroz a 200 pesos y permitía lucrar a los transportistas con ganancias que sobrepasaban los cuatro millones de pesos”, expresó el fiscal Garrido Torres, y añadió: “Del proceso de investigación se han logrado expedientar a 78 implicados, de ellos 59 se encuentran bajo la medida cautelar de privación de libertad y los restantes 19 están bajo fianza y otras medidas que no son privativas de libertad. Se comprobó la utilización de 33 vehículos de transporte de carga, 26 del sector estatal y otros del sector privado en el monumental desvío de recursos. Se lograron ocupar durante el proceso 3,8 toneladas de arroz importado, 2 toneladas de frijoles negros importados, 22, 6 toneladas de azúcar refino blanco y 33 toneladas de harina de soya.”
Las sanciones propuestas por la fiscalía a los implicados van desde los ocho a los veinte años de privación de libertad, y aunque el régimen insta a elevar la vigilancia y el control de los recursos la profunda crisis empuja a los necesitados a buscar en el delito el alivio a sus penurias y a los inescrupulosos a apropiarse de lo poco que el estado designa para venderle al pueblo por la libreta de racionamiento.