Aleaga Pesant Report cataloga al Decreto Ley 88 como un mecanismo para incrementar el control del estado militar sobre las medianas y pequeñas empresas y, especialmente, sobre las remesas que ingresan al país. La ley refleja la crisis económica actual, exacerbada por la migración masiva de cubanos y el colapso del turismo, debido a problemas de infraestructura y falta de servicios.
El decreto pretende asegurar que el gobierno controle los ingresos y las transacciones económicas, extendiendo la definición de mipymes para incluir también empresas de propiedad estatal, privada, mixta o vinculadas a organizaciones políticas. Esto responde a la preocupación del gobierno por controlar los aproximadamente 2000 millones de dólares que circulan en la economía cubana, en lugar de permitir que esta riqueza esté en manos del sector privado.
El objetivo principal es evitar que estos fondos se utilicen fuera del control estatal, asegurando que las ganancias del sector privado sean dirigidas según los intereses del gobierno. Esto incluye la regulación estricta de cómo se convierten y utilizan las ganancias en la economía local.