La desinversión y la falta de mantenimiento en Cuba han provocado un aumento de accidentes laborales y trágicos derrumbes industriales.
La Habana (Sindical Press) – Las ciudades de la isla se caen a pedazos. La llamada Reforma Urbana de 1960 prescindió de los dueños de los edificios a favor del estado totalitario, perdiéndose así la autoridad y la responsabilidad por el mantenimiento de los bienes inmuebles. Es común entonces que cada cierto tiempo, y ya sin alarma por la repetición que degrada al ejercicio, haya víctimas del desplome de viviendas. De esas ruinas, nunca hay responsables directos; el gobierno totalitario hace tiempo se desentendió de esos problemas.
Pero, ¿qué sucede con las industrias y las plantas industriales?
Con la Ley 890 de 13 de octubre de 1960 se dispuso la nacionalización de las fábricas y empresas de servicios mediante expropiación forzosa del resto de las corporaciones extranjeras y sus subsidiarias en Cuba, así como de las grandes compañías en manos de ciudadanos cubanos. No es de extrañar entonces que, en los últimos meses o años, los accidentes laborales, incluidos aquellos con múltiples víctimas y otros sucesos como accidentes de tránsito, se hayan vuelto más comunes.
Sin embargo, a pesar de su gravedad y frecuencia, el gobierno no los clasifica como accidentes laborales.
El pasado 28 de agosto un autobús de la empresa Transtur, perteneciente al emporio estatal GAESA, chocó con un camión también estatal, en Arroyo Blanco, Palma Soriano. Aparte de la destrucción de los equipos, valorada en varios miles de dólares, hubo al menos 9 heridos, dos de ellos graves. ¿Podría considerarse un accidente laboral? ¿Tienen las empresas responsabilidad en mantener en buen estado los vehículos y las carreteras para prevenir este tipo de accidentes?
Sólo en 2023 hubo 8.556 accidentes de tránsito, con 5.930 lesionados de diferente gravedad y 729 muertos.
La falta de inversiones en el país afecta no solo a los equipos y autopistas, sino también a las fábricas e instalaciones de servicios, que cada vez más sufren un proceso de desinversión.
La reciente catástrofe en una tolva de la fábrica Cementos Cienfuegos S.A., con el saldo de un muerto y varios heridos con quemaduras graves de hasta 70% de su cuerpo, es sólo “pecata minuta” si lo comparamos con el incendio en la base de Supertanqueros de Matanzas (17 muertos y 120 heridos) o la explosión del Hotel Saratoga en el mismo centro de La Habana (47 muertos y 52 heridos), ambos ocurridos en 2022.
O, ¿cómo analizar el accidente del vuelo CU-972, de mayo de 2018, con 112 muertos al precipitarse a tierra tras el despegue en el aeropuerto de Rancho Boyeros?
Si nos detenemos en cada uno de estos casos, nos enfrentamos a una triste realidad. Todos pudieron evitarse si se hubieran respetado las planificaciones de mantenimiento y de reinversión para el mejor uso de las instalaciones y equipos.
La Organización Internacional de Trabajo
La OIT reportó que, a nivel mundial en 2023, 3 millones de personas murieron debido a accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo y 395 millones de trabajadores experimentaron accidentes. Estas cifras destacan los continuos desafíos para proteger la salud y seguridad de los trabajadores globalmente. De las muertes relacionadas con el trabajo, 2.6 millones fueron causadas por enfermedades ocupacionales. Además, los accidentes laborales directos causaron otras 330,000 muertes. El análisis indica que las enfermedades circulatorias, las neoplasias malignas y las enfermedades respiratorias son las principales causas de muertes relacionadas con el trabajo, sumando más del 75% del total de la mortalidad laboral.
¿Tiene de qué preocuparse la OIT en el caso cubano? Recientemente aparecieron imágenes de hombres trabajando dentro de las calderas de una termoeléctrica en reparación y ninguno de los operarios llevaba equipo de protección. ¿Cuánto vivirán esos jóvenes si continúan sin recibir los medios de protección adecuados?
En 2023, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT evaluó tanto las observaciones realizadas por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) respecto a la implementación del Convenio 155, presentadas en 2022, como las respuestas proporcionadas por el gobierno cubano a dichas observaciones.
La Comisión concluyó que las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (SST) del Hotel Saratoga, particularmente el deterioro de la infraestructura, provocaron una explosión que resultó en la muerte de 57 personas, incluyendo a varios trabajadores, el 6 de mayo de 2022. También determinó que los responsables del hotel evadieron su responsabilidad en el incidente y no realizaron las consultas necesarias con los trabajadores sobre las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo.
Ante las preguntas de la Comisión, el gobierno cubano respondió de la manera habitual en temas laborales, refiriéndose a los protocolos y normas establecidos. Sin embargo, dado el estado de crisis económica profunda, la falta de confianza de los inversores y acreedores internacionales, y la ausencia de un estado de derecho que proteja las inversiones y a los trabajadores, es ampliamente reconocido que estos protocolos y normas probablemente no se cumplirán.
Para Iván Hernández Carrillo, secretario general de la ASIC, las estadísticas muestran un aumento en los accidentes laborales en comparación con el mismo período del año anterior. Las principales causas de estos accidentes son la falta de medios de protección adecuados para los trabajadores en sus puestos de trabajo, que debían ser garantizados por la administración, y la insuficiencia en la protección de la salud y seguridad de los trabajadores.
Un informe reciente de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) revela que las muertes por accidentes laborales en Cuba durante el primer semestre de 2024 aumentaron un 8.7% en comparación con el mismo período de 2023, cuando, según datos oficiales cuestionados, fallecieron 52 personas. Joel Brito, economista y director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa, comentó a Martí Noticias que “el régimen cubano ha manipulado las estadísticas por 65 años». Además, señaló que Cuba no ha implementado el sistema de la Organización Internacional del Trabajo para registrar los accidentes laborales.
Joel Brito destacó que cuando ocurre un accidente de tránsito que involucra a trabajadores y resulta en fallecimientos, este no se clasifica como accidente laboral, incluso si el transporte accidentado llevaba a los trabajadores a su lugar de empleo. En su lugar, se registra simplemente como un accidente de tránsito, omitiendo su conexión con el entorno laboral.
La mañana después del desastre en la tolva del electrolito, que derramó material ardiente en la fábrica de Cemento, se realizaron las honras fúnebres del electricista Raymundo Narciso Sarría, de 61 años, en el Cementerio Tomás Acea de Cienfuegos. A la ceremonia asistieron funcionarios comunistas y representantes de los sindicatos oficiales para despedir el duelo. Este evento destacó la problemática recurrente en la ciudad, similar a los edificios que colapsan, donde los accidentes laborales a menudo quedan sin la atención adecuada.