Entre 17 y 23 de agosto, el MFP cerró locales y cesó proyectos de más de 360 actores no estatales.
La Habana (Jorge Enrique Rodríguez / DDC) – Yailey Quesada Ramos, habanera y madre de dos menores de edad, se ha quedado desempleada. Trabajadora de uno de los establecimientos no estatales forzados a cerrar, como parte de la cruzada que mantiene el régimen contra el sector, se pregunta cómo logrará el sustento de sus dos hijos.
«¿Acaso el Gobierno tuvo en cuenta el desempleo forzoso de todos los trabajadores de las MIPYMES a las que obligó a cerrar? ¿Cuál es la alternativa que nos ofrece el Gobierno? ¿Cuáles de esos Decretos ampara a quienes éramos simples dependientes, legalizados ante la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria), que ahora no tienen cómo reinventarse la vida para mantener a sus respectivas familias?», cuestiona Quesada Ramos.
«No puede ser bueno un Gobierno que en cada Ley que se inventa apunta directamente al corazón de los más humildes. No hay manera de justificar ni el ‘reordenamiento’, ni las medidas para acabar con las ‘distorsiones’ cuando el costo implica el desempleo de los vulnerables. Esos vulnerables a quienes promete proteger. El Gobierno cubano, sépase de una vez, es la única distorsión en este país. Es una pena que millones hayamos tardado tanto en comprender. No los perdono», fustiga.
Mensajero en dos MIPYMES, Dylan Arzuaga ahora no sabe cómo encontrar otro empleo. Su primer hijo viene en camino y tiene a su cargo, además, a sus padres, ya de avanzada edad, cuyas chequeras de jubilación juntas no suman 6.000 pesos mensuales.
«Las dos MIPYMES para las cuales trabajaba de sol a sol fueron obligadas a cerrar, bajo el supuesto de que ocultaban aquellas mercancías para las que el Gobierno obligó a topar precios. La verdad es que no puedo asegurar si era cierto o no porque, como muchos empleados, nuestro trabajo no implicaba ni la contabilidad ni el almacenamiento. Los perjudicados fuimos los dependientes, los mensajeros, los choferes que trabajaban en distribución, por citar tres ejemplos», apunta Arzuaga, de 28 años de edad y vecino de Alamar.
«Mi esposa tiene seis meses de embarazo. Mis padres sufren los achaques de salud propios de la edad. En mi crianza me inculcaron la honradez, ganarme el sustento trabajando. Y eso es lo que hacía: ganarme el salario honradamente hasta que al Gobierno se le ocurrió emprenderla contra las MIPYMES y otros negocios privados. Dónde se supone que encuentre otro empleo, fuera de los trabajos estatales, que me permita sostener a mi familia. En Cuba no hay una sola fábrica, no hay una sola industria estatal cuyos salarios mensuales se correspondan con los precios de la vida y la comida. Ni siquiera los profesionales, médicos o maestros, pueden hacer frente al panorama con sus salarios», lamenta Arzuaga.
Entre el 17 y el 23 de agosto pasado el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) decretó el cierre a locales y cesó los proyectos de trabajo de más de 360 actores no estatales, como parte de la cruzada que mantiene contra el sector. El diario oficial Granma publicó que en solo una semana se habrían realizado 58 decomisos, 773 ventas forzosas por violaciones detectadas y otras acciones administrativas que establecieron el cierre de 171 establecimientos y 197 retiros de licencias.
Judith Navarro Ricardo, especialista jurídica de la ONAT, dijo que se habían detectado malos manejos contables, como la inclusión de compras de equipos como gastos directos en vez de inventarios. Esto disminuye artificialmente la utilidad de las empresas, señaló.
Dueños de negocios denuncian que las autoridades los obligan a incluir un incremento del 10% por cada venta, más un 1% para desarrollo local, un 1,5% para pagos a la cuenta fiscal y un 1% para la Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical (ACDAM), lo que suma un 13,5% que el régimen cubano retiene por cada transacción comercial.
«Si al Gobierno nunca le importó la suerte de sus empleados estatales y obreros, qué nos puede hacer suponer que le importa el desempleo que han generado en sus constantes guerras contra el sector privado», dice Alejandra Portillo, vecina de Boyeros y contable de una de las MIPYMES incluida en el listado por «violaciones detectadas».
Portillo está a la espera de un veredicto de las autoridades que, opina, «sin lugar a dudas será desfavorable», es decir, obligará a la MIPYME a cesar sus actividades.
«Mientras tanto, somos casi una veintena los trabajadores que estamos interruptos, que en la práctica es lo mismo que estar desempleados. No existe ninguna empresa en el mundo que no tenga algún que otro faltante o algún error contable. Eso se lo puede decir cualquier contable o económico o auditor de experiencia. La perfección no existe, el inventario perfecto no existe. De hecho, cualquier resultado de una auditoría que tenga como resultado la perfección es mucho más sospechoso. Lo que sucede es que esta cacería contra el sector privado busca el cierre, sí o sí, de cualquier MIPYME que no esté bajo el control de los militares. Esa es una verdad a voces. Pero ahora lo que importa no es esa cuestión, sino la pregunta al Gobierno: ¿cuál será el destino de los centenares de cubanos que se quedaron o se quedarán sin empleo?».
Cuba Study Group, organización integrada por empresarios cubanoamericanos a favor del acercamiento a La Habana y los negocios de EEUU en Cuba, advirtió que las normas recién aprobadas por el régimen de la Isla para aumentar el control sobre la economía no estatal, en especial las MIPYMES, podrían «representar un retroceso dramático para la economía cubana».
En una declaración hecha pública a finales de agosto, Cuba Study Group señalaba que el nuevo paquete de normas, «bajo el pretexto de corregir ‘distorsiones’ y la ‘evasión fiscal’ en una ‘economía de guerra’ (…) parece destinado a obstaculizar el crecimiento del sector privado».
«Tal parece que para el Gobierno quedarse en Cuba es un castigo. Quienes no migramos, a nuestro pesar y por diversos motivos, debemos ser castigados», señala Emma Villaverde, madre de un menor y vecina de Plaza.
«En ninguna de las publicaciones de la prensa, ni en ninguna de las emisiones de la Mesa Redonda, ni en ninguna de las conclusiones del Pleno del PCC, mencionaron cómo se resolvería o como se resarciría a los simples trabajadores que se quedaron sin empleo luego del cierre forzado de decenas de MIPYMES. ¿Cuáles son las ofertas de empleo para todos esos trabajadores? ¿O acaso ser emprendedora o trabajar para el sector privado es indicativo de ser contrarrevolucionario o de que cometes un delito, y por tal motivo mereces ser apartado a tu suerte?».
«Lo cierto es que nadie, absolutamente nadie habló ni habla de todos los que quedamos desempleados y sin ninguna otra opción a la vista. Es esta la suerte para todos los cubanos que por una razón u otra nos quedamos en Cuba, y que por sobre todo queremos ganarnos el sustento con seriedad y honestidad», comenta Villaverde.
«Cómo vamos a creerle a un Gobierno que, contrario a lo que dice en pantalla (de televisión), estimula la migración, el robo, la malversación, el delito y, por qué no, el pensamiento disidente. Aquí y ahora solo hay una enorme verdad: el desempleo no lo provoca ni de lejos el bloqueo de Estados Unidos», concluye.