El abogado se encuentra en «El Depósito», que antecede a la ubicación definitiva del preso.
BORIS GONZÁLEZ ARENAS | La Habana | 14 de Octubre (www.diariodecuba.com) – El abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo ha cumplido ya 20 días de internamiento luego de que en la noche del pasado 23 de septiembre fuera arrestado en su trabajo, el independiente Centro de Información Legal Cubalex.
Aquel día, la vivienda de la abogada Laritza Diversent, donde funciona el Centro, fue allanadapor elementos de la Fiscalía y el Ministerio del Interior, y los bienes de esta institución de la sociedad civil fueron requisados de manera irregular.
El trabajo de estos abogados independientes es un pilar de la sociedad civil cubana pues asiste al ciudadano en una de sus condiciones más lamentables, su indefensión legal.
En los primeros momentos, Julio Ferrer fue trasladado a la estación de Policía de la calle Zanja, en la que permaneció como un caso de la contrainteligencia, lo que le privó de los derechos legales del detenido.
Su hija, Karla Ferrer Soto, trabajadora del Hospital Cardiovascular, intentó por esos días verlo, sin conseguirlo; tampoco pudo hacerle llegar ropa ni comida.
El jueves 29 de septiembre, luego de seis días en la estación de Zanja, Julio Ferrer fue trasladado a la prisión 1580, en las afueras de La Habana. Karla Ferrer estaba en la estación policial en el momento en que salió su padre hacia el nuevo sitio de reclusión, pero tampoco sus gestiones para verlo resultaron exitosas allí.
Al día siguiente, el viernes 30 de septiembre a las 7:00 de la mañana, ella estaba de nuevo en el penal, pero debió esperar hasta las 9:00 para ser atendida y no fue hasta las 2:00 de la tarde que pudo hablar con uno de los jefes de prisión y ser autorizada, por un plazo muy breve, a entrevistarse con su padre.
Sobre la presencia de Julio Ferrer en la 1580, el escritor Ángel Santiesteban, que estuvo varios meses en el mismo sitio, declaró: «A él le están violando sus derechos, porque la 1580 es para sanciones medias, de cinco a diez años, donde el régimen es más riguroso. Es lo mismo que me pasó a mí, yo estuve allí contra lo dispuesto legalmente porque yo me negué a comer y ellos consideraron eso una indisciplina y me pasaron de régimen de mínima a media. A los que tienen una sanción mínima los tienen que poner en Valle Grande o en algún campamento».
Esta puede ser la explicación de que Julio Ferrer dijera a su hija que las autoridades de la prisión le están reclamando al tribunal por su presencia allí.
En la 1580, el abogado se encuentra en un lugar llamado «El Depósito», que antecede a la ubicación definitiva del preso. Hasta entonces, Karla no sabrá los días de visita que, según cuenta Ángel Santiesteban, son una vez al mes, en tanto la llamada es una vez a la semana.
Desde hace meses, Julio Ferrer ha venido denunciando la situación legal en que se encuentra y que ahora parece ser la causa que le ha llevado a prisión. En diciembre de 2015 el abogado fue condenado a tres años de privación de libertad por una sanción conjunta que era resultado de la suma de una condena por supuesta «falsificación de documentos» y otra por «desacato». No tuvo en cuenta el tribunal que la condena por desacato había sido extinguida tres meses antes, en septiembre de 2015, luego de seis meses de prisión.
Los detalles técnicos de esta situación están explicados en la reclamación que Karla Ferrer presentó en el Tribunal Popular Provincial días atrás, solicitando, una vez más, que la sanción se deje sin efecto por sus procedimientos ilegales.
El procedimiento de las instituciones involucradas en la prisión de Julio Ferrer es ejemplar para describir el compadrazgo entre instituciones del Ministerio del Interior y los tribunales en Cuba.
Este jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron «preocupación ante la persistencia de actos de hostigamiento y actos de retaliación» contra los integrantes del Cubalex y mencionaron el caso de Julio Ferrer.
Instaron al régimen a cesar estas acciones y a «asegurar de manera efectiva que los integrantes de esta organización puedan ejercer sus derechos y la defensa de derechos humanos libre de interferencias indebidas».