DDC | La Habana | El Gobierno anunció este martes un «experimento» en La Habana que, según publicó la prensa estatal, busca reordenar el transporte en Cuba. Las autoridades quieren vincular a los transportistas privados de la capital a piqueras establecidas por el Consejo de la Administración Provincial y amenazan con retirar licencias de no presentarse cuando sean llamados.
Con la Resolución No. 175/2018 dictada por el Ministerio de Transporte, publicada este martes en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 35, y que entrará en vigor dentro de 90 días naturales, las autoridades pretenden establecer unas pautas para un ensayo que si funciona se extenderá a todo el país, precisó la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).
La prueba comprende la prestación de servicios en las modalidades de taxis rutero y abarcará, en una primera etapa, a quienes trabajan en carro, jeep, paneles y microbús con capacidad de cuatro a 14 plazas.
Según Marta Oramas, viceministra del sector, a los cuatro meses del inicio de la implementación del experimento se extenderá al resto de los transportistas privados de la capital y a las provincias de Artemisa y Mayabeque.
La resolución establece que quienes opten por esta modalidad tienen derecho a operar libremente por la ruta asignada, sin necesidad de permanecer en la piquera, así como también a adquirir combustible a través de una tarjeta magnética emitida por la estatal FINCIMEX SA.
El precio del combustible para el ejercicio de esta modalidad será diferenciado: diésel a 2 CUP, gasolina de motor a 10 CUP, gasolina regular a 13 CUP y gasolina especial a 16 CUP.
La norma fija la obligación de un consumo mínimo y máximo anualmente, distribuido por meses, según la capacidad del vehículo.
Los involucrados en el experimento podrán también adquirir herramientas, partes, piezas y accesorios, en las entidades autorizadas, de conformidad con la disponibilidad existente en el país.
Oramas dijo que se organiza en la capital una red de talleres para brindar servicios.
Los portadores podrán solicitar el traslado de ruta, luego de cumplir en esta como mínimo tres meses, y tendrán exclusividad en la misma.
Los choferes tendrán que aplicar el precio para el trayecto en el que circulan acorde con lo aprobado por el Gobierno provincial (5 CUP por pasajero para tramos de hasta ocho kilómetros), y tener en un lugar visible la pegatina o identificación que les da acceso a las piqueras y ruta autorizada, así como también el valor del pasaje y sus tramos.
A la hora de brindar el servicio, los porteadores no podrán ceder toda la capacidad del vehículo a un pasajero para su traslado individual.
La funcionaria advirtió que la licencia para operar se retirará en caso de que el taxista no respete las tarifas pactadas; de cancelar el contrato de servicio con el operador; de emplear indebidamente el combustible asignado, de operar en una ruta no autorizada, de reducir el recorrido o maltratar a los pasajeros.
Quienes no deseen brindar el servicio de rutas operarán bajo la modalidad de taxis libre y deberán adquirir una cuota mínima asignada de combustible, a precio minorista, y mediante el uso de tarjeta magnética.
Estos particulares podrán circular de forma autónoma y trabajar bajo el principio de la oferta y la demanda, y en contrapartida, tienen prohibido intervenir en los servicios de alto confort (los carros amarillos de techo blanco) y de rutas.
Quienes no concurran a la primera convocatoria para el inicio del experimento serán citados nuevamente, y en caso de no presentarse se les suspenderá la licencia por 90 días.
Si en dicho plazo se presenta voluntariamente, queda sin efecto la suspensión y se renueva la autorización; en caso contrario, transcurrido dicho término se procede a la cancelación, recoge la normativa.
El titular que al momento de la entrada en vigor de la resolución no sea convocado para iniciar los trámites, continuará prestando el servicio que tiene autorizado en la actualidad, concluye el medio.
Estas medidas forman parte de las nuevas regulaciones publicadas este martes por la prensa estatal que buscan el control del Gobierno sobre las actividades económicas que ejercen los trabajadores privados. En el paquete están incluidos nuevos y mayores impuestos.