Iván Hernández estuvo entre aquellos activistas cubanos que ofrecieron sus testimonios a través de un vídeo por ser impedidos viajar.
DDC | Washington | La primera de varias conferencias que se celebrarán en la sede de la OEA a lo largo del próximo año y que abordarán la situación de los derechos humanos en Cuba contó este viernes con la presencia de una nutrida representación de las organizaciones que denuncian las violaciones del régimen cubano.
Defensores de los derechos humanos en Cuba, entre ellos Rosa María Payá, hija del fallecido activista Oswaldo Payá, participaron en la conferencia organizada por la OEA y la Comisión Internacional Justicia Cuba, creada en marzo de 2017 en Miami para apoyar la causa de los opositores cubana.
Esta entidad ha recopilado y documentado numerosos casos de abusos sufridos por personas dentro y fuera de la Isla.
Cuatro de ellos fueron presentados ante esta asamblea con la presencia de algunas de las víctimas, como los ex presos políticos Pedro Corzo y Luis Zúñiga, y Sylvia Iriondo, sobreviviente de la masacre de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate en 1996.
«La idea es que la OEA o un estado soberano tome estos casos y los lleve ante un tribunal internacional que juzgue los crímenes de la dictadura de Castro, como se hizo en Nuremberg contra la dictadura nazi», dijo a AFP el peruano Jorge Villena, integrante de la Comisión, destacando la importancia del aval de Almagro.
Rosa María Payá pidió a Almagro que elabore un informe destinado a analizar si se han cometido crímenes de lesa humanidad en la Isla.
La criminalización del disenso
Edison Lanza, relator especial sobre la libertad de expresión de la CIDH, recalcó en la sesión los mecanismos de represión y criminalización que enfrentan los defensores de derechos humanos en Cuba, y llamó a utilizar los mecanismos de la Comisión Interamericana para llamar la atención sobre esta situación, reportó Radio Televisión Martí.
Lanza mencionó los casos de artistas, científicos, intelectuales, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil en la Isla que ven violados sus derechos por sustentar una opinión disidente.
Sobre la reforma constitucional, dijo que impone restricciones inaceptables a la libre expresión, la libertad de prensa y la expresión artística.
Agregó que medios como DIARIO DE CUBA han reportado en los últimos años varios casos de artistas severamente reprimidos, detenidos arbitrariamente e impedidos de realizar actividades, entre los que mencionó al grafitero El Sexto, Lia Villares, el pintor Luis Trápaga, entre otros.
«Por expresar una crítica al Gobierno» a través del graffiti, la sátira o la performance «es automático que van a sufrir» una sanción sin ninguna garantía procesal, subrayó Lanza.
El relator también se refirió a las restricciones de movimiento impuestas por el Gobierno a los artistas, periodistas independientes y activistas de derechos humanos, como las prohibiciones de ejercer sus actividades en una provincia diferente a la de residencia o la regulación que les impide viajar fuera del país.
«El nivel de asfixia» y represión en Cuba «puede ser un virus que termine afectando a toda la región», advirtió Lanza.
Coacciones a la libertad de expresión
El director de DIARIO DE CUBA, Pablo Díaz Espí, se refirió a hechos recientes que afectan la libre expresión en Cuba, como las detenciones de periodistas independientes, y el uso de la tortura psicológica para intentar acallar las voces disidentes dentro de la Isla.
Díaz Espí dijo que, contrario a la ejercida durante la Primavera Negra, donde hubo juicios sumarísimos y largas condenas a prisión, ahora la represión ejercida por el régimen es más solapada, busca evitar el proceso penal, y apela a métodos criminales, mafiosos, y el uso de herramientas abusivas con el objetivo de intimidar a los detenidos.
El periodismo independiente en Cuba es un reto, pero aprovecha un momento de «quiebra ideológica» y de uso de nuevas tecnologías que impulsa su profesionalismo. «Es un periodismo más valiente», aseveró Díaz Espí.
El periodista independiente Waldo Fernando Cuenca, presente en la reunión, dijo que el miedo «a estar preso» se va perdiendo gracias a la visibilidad que ofrecen las redes sociales y el apoyo internacional.
La persecución del activismo
Carlos Oliva, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, explicó en un vídeo presentado a los presentes en la conferencia los objetivos y actividades que lleva adelante su organización, «un activismo que sería legal» en cualquier otro país, pero que en Cuba «es ilegal».
Oliva dijo que los activistas son acusados de delitos comunes para desacreditar la oposición política dentro de la Isla, y detenidos arbitrariamente. «Una vez en prisión, los activistas son objeto de golpizas» a manos de carceleros o reos comunes al servicio del régimen, explicó.
Los represores no hacen distinción de género a la hora de aplicar la violencia, agregó el activista de UNPACU.
El joven activista, que no pudo estar presente físicamente en la conferencia por una negativa de viaje del régimen cubano, también se refirió a las restricciones de movimiento a las que se ven sometidos los opositores tanto dentro de la provincia como fuera del país.
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, también impedida de asistir a la conferencia de la OEA, dijo a través de un vídeo que en los últimos tres años el movimiento femenino se ha visto sometido a una represión constante, que incluye el encarcelamiento de varias de sus activistas.
Entre los métodos para desmembrar a la organización, Soler mencionó el acoso y hostigamiento contra familiares, presión sobre empleadores estatales o privados, uso de ex Damas de Blanco para levantar falsos testimonios contra miembros activos de la organización, deportación a otras provincias, campañas de desprestigio dentro y fuera de Cuba, creación de perfiles falsos de grupos u organizaciones similares en redes sociales, detención y desaparición de las activistas durante horas y hasta varios días, entre otros.
Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, también ofreció su testimonio sobre la represión que enfrentan los sindicalistas independientes en la Isla a través de un vídeo.
El opositor habló de las violaciones a los derechos laborales en la Isla, que la organización que dirige ha documentado ante la Organización Internacional del Trabajo.Presente en la conferencia, Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, se refirió a los estándares internacionales de derechos humanos, y las violaciones que de ellos hace el régimen cubano.
Quesada mencionó los delitos definidos en el Código Penal para penalizar la libre expresión y la oposición política, como desacato, atentado y peligrosidad social. Y recomendó que el Gobierno cubano se acoja a los pactos internacionales de derechos humanos y ofrezca libertad inmediata a los presos políticos y que la Asamblea General de Naciones Unidas condene las violaciones de derechos humanos en la Isla.
Carlos Ponce, de Freedom House, destacó la importancia de un evento que da voz a los defensores de derechos humanos, y permite que sean escuchados. En Cuba las organizaciones de DDHH son perseguidas, amenazadas, recalcó.
Ponce explicó que un sistema como el cubano, que no garantiza el estado de derecho, deja a los defensores de derechos humanos completamente desamparados.
Mencionó que la represión es extraterritorial, ya que el Gobierno persigue a los activistas incluso fuera del país, cuando asisten a foros internacionales, por lo que pidió la solidaridad con los defensores cubanos, y la colaboración de la CIDH y otras organizaciones internacionales «para que ese cáncer sea extirpado».
La situación de los presos políticos
Sobre la situación de los prisioneros políticos en Cuba, ofrecieron sus testimonios la representante de las Damas de Blanco en EEUU, Blanca Reyes, y el ex preso político Alejandro González Raga. También participó a través de un vídeo grabado el abogado de Cubalex, Julio Ferrer Tamayo.
Reyes se refirió a la detención de mujeres en la Isla por su activismo político y pasó revista a las que cumplen condenas de privación de libertad en las cárceles del régimen, entre ellas Aymara Nieto Muñoz, Yolanda Santana Ayala, Melkis Faure, Maité Hernández, Dayami Lay, Lizandra Rivero y Yolanda Carmenate Fernández.
González Raga, representante del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, dijo que Cuba tiene la sexta tasa de reclusos más alta del mundo, entre ellos 144 presos políticos. Mencionó los juicios sumarios, los testimonios y delitos inventados como la peligrosidad predelictiva, como mecanismos para enjuiciar y encarcelar a hombres y mujeres que se oponen al régimen.
Ferrer Tamayo, abogado independiente, dijo en un vídeo presentado en la reunión que los derechos fundamentales de los presos políticos no son respetados en Cuba.
«Ni siquiera el habeas corpus es un procedimiento que protege a los enjuiciados ante la arbitrariedad» de las autoridades, señaló Ferrer Tamayo.
El abogado dijo que fue condenado a prisión por exigir el respeto al debido proceso para sus representados. Liberado de una condena de tres años por presunta «falsificación de documentos», explicó que permanece bajo una situación de total acoso.
Juan Adolfo Fernández, ex preso político de la Primavera Negra de Cuba, en representación de UNPACU, rindió homenaje al presidio político histórico.
Fernández dio lectura a una carta de José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, quien no pudo estar presente en la conferencia. La misiva enumera los casos actuales de activistas de ese movimiento opositor encarcelados por su activismo político.
La prisión es «la forma más efectiva de la dictadura» para paralizar a quienes luchan por la democratización de la Isla, dijo Ferrer en la carta, y agradeció a EEUU por el lanzamiento de la campaña #PresosPorQué, que responsabiliza al régimen cubano por intentar silenciar a sus opositores, manifestantes y activistas a través de detenciones arbitrarias, y exige la liberación de todos los presos políticos.
Cuba fue suspendida de la OEA en 1962, en plena Guerra Fría, pero esa sanción fue levantada en 2009. Hasta ahora, La Habana no ha pedido su reincorporación al organismo regional, para la cual debería suscribir la Carta Democrática Interamericana.