La Habana, Cuba | Cuba Sindical Press – El artículo 20 del Proyecto de Constitución de la República de Cuba expresa que “en la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, como forma de propiedad principal”. Y, por supuesto, esa forma de propiedad denominada eufemísticamente “de todo el pueblo” es en realidad la que se halla en manos del Estado.
Si nos atenemos al punto de vista cuantitativo, nadie podría negar que esa propiedad “de todo el pueblo” es la más importante de la economía nacional. Porque en Cuba casi toda la tierra, las empresas, entidades y medios de producción son estatales. Únicamente escapan de la propiedad estatal los negocios de los trabajadores por cuenta propia, las tierras de las cooperativas de créditos y servicios, las parcelas de los propietarios privados de tierras, así como alguna que otra empresa que se cree con capital 100% extranjero.
Sin embargo, una mirada a la manera en que se conduce esa propiedad estatal pone en tela de juicio su pertenencia a todo el pueblo. En primer término, nos referimos a las diversas formas de gestión no estatal con que hoy opera la referida propiedad.
En ese contexto tenemos las cooperativas de producción agropecuaria, las unidades básicas de producción cooperativa, los usufructuarios de tierras estatales ociosas, las cooperativas no agropecuarias y aquellos locales de la gastronomía y los servicios que han sido arrendados a sus antiguos empleados.
Se trata de una especie de descentralización que seguramente no fue motivada por el afán liberalizador de un Estado interesado en empoderar a su sociedad civil, sino debido a la evidencia de que los supuestos dueños de la propiedad de todo el pueblo no se sentían como tales, y por tanto la producción y los servicios no transitaban por los cauces de la eficiencia. Entonces fue necesario instrumentar métodos de gestión que comprometieran más a los diversos actores con tal de que aumentara en ellos el sentido de pertenencia.
A propósito, en un dosier aparecido en el periódico oficialista Trabajadores, con fecha 27 de agosto, y dedicado a las diversas formas de propiedad, se señalan las preocupaciones de amigos de Cuba –esos comunistas trasnochados de línea dura– con respecto a si las nuevas formas de gestión pudieran convertirse en un peligro para la continuidad del socialismo en la isla.
¿Y qué decir de ciertas actitudes de empleados de la propiedad “de todo el pueblo” que le aportan un mentís a la condición de dueños que el discurso oficialista insiste en otorgarles?…
Porque ningún dueño se roba a sí mismo, y todos sabemos cómo se depreda en empresas y entidades estatales la propiedad social. Eso unido a una concepción –por cierto muy extendida– de que robarle al Estado no debiera considerarse un delito.
Por otra parte, ningún dueño huye a la desbandada de su propiedad, tal y como lo hacen las decenas de profesionales, técnicos y administrativos que abandonan las entidades estatales para incursionar en el emergente sector no estatal de la economía. Por ello causan risa los acápites del Proyecto de Constitución que solicitan los mejores cuadros para las empresas estatales, teniendo en cuenta la susodicha primacía que, según el oficialismo, debe corresponderles en el sistema institucional del país.
Además, los dueños deciden lo que va a hacerse en su entidad. Muy distinto a lo que ocurre en las empresas y entidades cubanas, donde hay que mirar hacia “arriba” para conocer los planes e indicadores económicos que han de cumplir las empresas.
En días pasados, el flamante presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante un recorrido que efectuó por varias entidades estatales habaneras recién restauradas, se preguntaba: “¿Cómo sostener en el tiempo la calidad de los servicios y todo lo que ahora luce nuevo? ¿Cómo hacer que la excelencia no se desvanezca con el paso de los días?…
Señor Diaz-Canel, cambie su propiedad socialista de todo el pueblo por la propiedad individual, y verá cómo sus sueños se hacen realidad.