En su habitual beligerancia contra el cuentapropismo, el régimen ha habilitado números para que las personas «denuncien» aumentos de precios
La Habana, Cuba | Orlando Freire Santana – La nueva Constitución de la República de Cuba no está exenta de ambigüedades y hasta de contradicciones que tornan confusos sus articulados, y que en consecuencia les permite a los gobernantes interpretar a su antojo lo que allí se expone.
Un ejemplo lo tenemos en el Artículo 18, el único que en toda la Carta Magna hace mención de los espacios de mercado en la economía. Dice así: «En la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía, que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad».
Refrendado de esa manera, es decir, «que tiene en cuenta el mercado», cualquiera podría pensar que, aun en espacios muy reducidos, los gobernantes estarían dispuestos a respetar los fundamentos de la economía de mercado, uno de los cuales establece la libre formación de precios de acuerdo con la relación entre la oferta y la demanda.
El asunto cobra actualidad a raíz de las nuevas medidas anunciadas por el mandatario Miguel Díaz-Canel, en las que destaca un aumento de salario para los trabajadores del sector presupuestado, así como de las pensiones a los jubilados.
Las propias autoridades han reconocido que esos incrementos tienen lugar en momentos delicados para la economía, ya que debido a la escasez de artículos de primera necesidad no se cuenta por ahora con una contrapartida que haga frente a ese efectivo que se inyectará en la circulación. Un entorno que, además, podría generar —más de lo que ya estamos presenciando— un proceso inflacionario en la economía.
Mas, ni corto ni perezoso, el señor Díaz-Canel argumentó lo que se piensa hacer para contrarrestar los aumentos de precios en la economía. Primero enumeró algunos instrumentos económicos, como la potenciación de las ofertas del Ministerio de la Industria Alimentaria, además de nuevos servicios informáticos y recreativos que podrían ponerse a disposición de la población.
Sin embargo, consciente de que tales ofertas no serán suficientes para captar el hipotético exceso de circulante, se refirió también a los instrumentos administrativos que se emplearán (en este caso, la coacción) en aras de lograr su objetivo. En ese sentido, y acudiendo a la otra cara del Artículo 18, la que enfatiza en la regulación y control del mercado, Díaz-Canel expresó que «No puede haber incrementos de precios en el sector estatal. Y tampoco puede haber incrementos de precios en el sector no estatal, y vamos a discutir con el sector no estatal para que entienda».
Asistimos entonces a un marco regulatorio que puede, como decimos los cubanos, «poner contra la pared» al sector no estatal de la economía, en este caso los trabajadores por cuenta propia y los cooperativistas.
Se trata de un sector que no recibe ningún tipo de subsidio gubernamental para llevar a cabo su gestión productiva o de servicios, y que además puede experimentar cambios en su entorno, como un aumento de precios en sus insumos y materias primas —algo que ya se pone de manifiesto—, y hasta un incremento en los impuestos que deben pagar a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). O sea, que el sector no estatal podría en cualquier momento acudir a un aumento en los precios y tarifas que aplica, no por tratarse de malvados o vengarse de las medidas anunciadas por el Gobierno, sino simplemente como respuesta a las condiciones objetivas en las que desarrollan su labor. Y lo más preocupante: las autoridades no renuncian a esa mala costumbre de echar a fajar a unas personas contra otras. Ya han habilitado números telefónicos para que las personas «denuncien» cuando detecten aumentos de precios. La precaria institucionalidad podría naufragar ante el espíritu de los mítines de repudio.