Ha habido indicios de demora, fundamentalmente durante los dos últimos años, en los trámites de aprobación de las nuevas jubilaciones.
LA HABANA, Cuba (Orlando Freire Santana).- Cada vez es mayor la preocupación de los gobernantes cubanos por el monto creciente que el presupuesto central debe destinar para sufragar los gastos de la seguridad social, en especial lo concerniente a la jubilación de los trabajadores. Si en 2019 se destinaron seis mil 600 millones de pesos para ese fin, en este 2020 la cifra se eleva a siete mil 546 millones de pesos, lo que equivale a un incremento del 14%.
En los últimos tiempos se ha extendido la obligación del aporte individual a la seguridad social, por lo que ya la mayoría de los trabajadores del país, tanto estatales como no estatales, contribuyen a la formación de ese fondo. Sin embargo, las autoridades afirman que esa contribución cubre solamente el 82% del total de los gastos destinados a asegurar la vejez de los trabajadores.
En ese contexto ha habido indicios de cierta demora, fundamentalmente durante los dos últimos años, en los trámites de aprobación de las nuevas jubilaciones. Una situación acrecentada en los casos de trabajadores del sector no estatal, como los cooperativistas y trabajadores por cuenta propia.
Hacia finales del 2018 trascendió que había más de mil 300 solicitudes de jubilación de asociados a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) que esperaban desde hacía más de tres meses por la firma de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social para su aprobación. Por supuesto que cada día aumentaban las quejas de las personas afectadas por la demora.
Así las cosas, la bomba acaba de explotar en días pasados. Resulta que uno de los solicitantes, que padecía de cáncer y apenas contaba con dinero para sufragar sus constantes viajes para recibir tratamiento médico, falleció antes de que la ministra aprobara, de manera excepcional, su jubilación. El hombre llevaba más de nueve meses aguardando por el visto bueno de la ministra, que por cierto ya no ocupa esa responsabilidad.
El pasado 2 de febrero el periódico Juventud Rebelde publicó los argumentos que sobre este caso expuso la nueva ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó. La funcionaria expresó “vergüenza y dolor” por semejante episodio, y tras aseverar que su organismo ha tomado medidas desde el mes de diciembre para recuperar los atrasos en el trámite de las pensiones de las UBPC, declaró que “para este año el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se ha propuesto convertirse en un organismo sin trabas al servicio total de los trabajadores, pensionados de la seguridad y la asistencia social, y de cualquier persona que requiera de nosotros”.
Hay que destacar que la señora Feitó no es ajena a la labor que venía desempeñando la antigua dirección de ese ministerio, por cuanto ella ejercía como viceministra primera de la antigua titular Margarita Rodríguez.
Ah, y un día después de la disculpa pública de la nueva ministra, apareció en la sección Buzón Abierto del periódico Trabajadores una nueva queja de otro cooperativista que esperaba desde hacía más de seis meses por la aprobación de su jubilación.
Presumimos que la burocracia que entorpece los trámites de cualquier tipo que deben realizar los ciudadanos cubanos pudiera estar detrás de estas agónicas jubilaciones. Pero cabría preguntarle también a la señora Feitó: ¿Habrá sido acaso un trámite intencionalmente demorado para no elevar tanto el acápite presupuestario dedicado a la seguridad social?