Los efectos del desmantelamiento van más allá del desabastecimiento. Incluyen el cese de las actividades de los cuentapropistas del agro.
Holguín | Diario de Cuba – Antes de la pandemia ya existían en Cuba problemas con el abastecimiento de carne de cerdo, pero había otras ofertas, como las de viandas y hortalizas. Ahora, con la persecución de los comerciantes, muchos puestos están vacíos, se quejan vecinos de Mayarí, Holguín.
«Tengo miedo a llamar la atención porque en estos momentos están barriendo a cualquiera», explica a DIARIO DE CUBA un cuentapropista, propietario de un punto de venta, que prefiere mantenerse en el anonimato. «Nadie está con esta gente (las autoridades), nadie está de acuerdo con lo que hacen, pero ellos son los que mandan».
«Cada vez que inventan algo es para joder, no para ayudar», opina. «Hace ya una semana cerré el quiosco hasta más adelante, a ver si le ‘sacan el pie’ a los comerciantes y mejora la situación. No hay casi nada para vender, la gente está asustada y nadie se atreve a cargar ni un carretón con viandas».
«La Policía, que está regada en la calle chequeando el nasobuco y controlando las colas, te lleva preso por ‘acaparamiento’ o ‘desvío de recursos'», explica. «Quieren que los campesinos se lo entreguen todo a Acopio (empresa estatal de acopio de productos agropecuarios) y, por eso, más la cuarentena, tampoco están viniendo los camiones de otros lados a abastecer. Simplemente, se jodió el negocio hasta nuevo aviso».
En efecto, al recorrer las calles mayariceras se pudo comprobar que de las decenas de puestos particulares de venta de productos agropecuarios solo dos estaban abiertos con una oferta mínima: ajos, cebollas, ajíes y comino. Nada de viandas, ni carnes ni hortalizas. El resto había cerrado.
Es un negocio que funcionaba con ofertas estables todo el año y ahora está parado. Algo que no se puede justificar con el embargo de Estados Unidos ni las medidas por la pandemia, como el cese del turismo o el cierre de los aeropuertos. Ni siquiera por la falta de liquidez que provoca otras limitaciones, porque los cultivos que se cosechan para vender llevan meses en el campo, fructificando.
Entonces, la pregunta es para qué sirven estas medidas que generan más crisis en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. En tal coyuntura, el Gobierno pretende que los campesinos vendan más del 95% de sus cosechas a Acopio y solo retengan aquello que necesitan para su subsistencia mínima, en una especie de «esfuerzo nacional».
El Partido Comunista exige a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), su tentáculo de control dentro del campesinado, que intensifique su labor política «hombre a hombre», ahora que las medidas de distanciamiento social impiden realizar reuniones masivas.
Las consignas del momento son «que se entregue todo lo que sea comercialmente posible, es lo que lo que la revolución espera del campesinado cubano»; «el surco es nuestro Girón», y así por el estilo.
Sin embargo, el efecto está siendo el contrario, la comercialización es menor, incluso la estatal, y los campesinos producen menos, porque no es Acopio, sino los intermediarios particulares, quienes incentivan la producción.
Entregar al Estado más del 30% de su cosecha significa para el campesino no tener utilidades. Preferirá no sembrar. Entregar un nivel bajo ha sido casi un convenio tácito de supervivencia entre las direcciones de las cooperativas encargadas de hacer cumplir las entregas y los campesinos, en aras de la viabilidad.
Tal es así que venderle Acopio es llamado en el campo «entregar». Es algo que se pierde, que no da negocio. El Estado impone el precio, mientras que los mayoristas privados, estigmatizados por Gobierno, compran a precio del mercado, negociado con el campesino. Incluso se realizan contratos verbales, a falta de la posibilidad jurídica de hacerlo legalmente.
Luego, estos intermediarios llevan los productos a donde haya demanda, de municipio en municipio y provincia en provincia, abasteciendo todos los mercados y dando trabajo a otros cuentapropistas y los transportistas privados. Algo que sería impensable que Acopio pudiese llegar a efectuar eficientemente, porque opera en un mar de burocracia.
Los efectos del desmantelamiento de ese sistema, van más allá del desabastecimiento. Incluyen el cese de las actividades de los cuentapropistas del agro.
«Al final, el pueblo es el perjudicado», comenta Ismael, un albañil por cuenta propia que solo pudo comprar ajos. «Ahorita hasta estos ajos van a desaparecer, no hay viandas ni en la placita estatal ni en el quiosco particular y ni en el campo te la quieren vender.
«¿Dónde vamos a ‘resolver’ entonces? ¿Qué vamos a comer? Precisamente ahora que más falta hace que haya vianda, porque al menos aquí, en Mayarí, en el mes de mayo no vendieron arroz liberado ni una sola vez. Solo el de la cuota, y eso se sabe que no alcanza».