Entre ellos los cuentapropistas, que ni siquiera cuentan con el 60% de los salarios del que disponen los empleados estatales.
DDC | Tras el rebrote del Covid-19 en Cuba los trabajadores interruptos están entre los principales afectados. Agobiados por la incertidumbre de cuánto tiempo podría prologarse este retroceso, que deben confrontar con tan solo el 60% de sus salarios, la mayoría no sabe cómo sobrevivirá los próximos meses.
Al no aplicar su puesto laboral para el llamado «trabajo a distancia», ni clasificar para reubicación laboral, Sandra López lleva más de cuatro meses subsistiendo con el 60% de su salario de 415 pesos mensuales. Casi no le alcanza para comprar los módulos de aseo personal y alimentos que ocasionalmente se venden a través de la canasta básica.
«No sé cómo vamos a sobrevivir mis tres hijos, mi esposo [también interrupto] y yo. La mayoría de las veces no nos alcanza para comprar los módulos que se venden en CUC. Una amiga, en solidaridad, me ofreció trabajar con ella vendiendo enseres menores de manera ambulante, y lo hago, pero con el terror de que nos multen porque no tengo licencia para eso», explicó López.
Durante el mes de abril el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) implementó unas 20 medidas para enfrentar la expansión de la pandemia en la Isla, entre las cuales se estableció que a «los adultos mayores y aquellos que tienen enfermedades y pueden ser vulnerables», se les mantendría «el 100% de sus salarios y después el 60%».
En los casos en los que el trabajador pudo continuar desempeñando sus funciones desde su domicilio, se aplicó la modalidad de «trabajo a distancia o teletrabajo», con el 100% del salario. Igual posibilidad tuvo el trabajador reubicado «en labores o actividades en correspondencia con la situación epidemiológica actual».
«Con el rebrote del coronavirus somos decenas de miles de cubanos y nuestras respectivas familias los que tendremos que lidiar con este recorte salarial sin saber ahora cuándo se normalizarán las cosas en el país», se quejó Magaly Falcón, especialista en Recursos Humanos. Su empresa entró en suspensión de actividades laborales a inicios de mayo, y desde entonces depende de lo que gana trabajando como manicure sin licencia.
El Reglamento del Código de Trabajo contenido en el Decreto 326 establece la suspensión de las actividades de trabajo por decisión del Consejo de Defensa Nacional ante situaciones de desastres de origen natural, tecnológico o sanitario.
Para estos casos los trabajadores reciben, hasta un mes, el pago de una garantía equivalente al salario escala del cargo que ocupa y, de mantenerse la suspensión, la garantía es del 60%.
«Es algo que no le conviene aceptar al Gobierno, pero creo que muchos de los hoy llamados ‘coleros’ son trabajadores interruptos que no tienen otra vía de ingresos», opinó Falcón.
Las esperanzas de regresar a las actividades laborales una vez que comenzara la desescalada de la pandemia surgieron cuando a mediados de junio la titular del MTSS, Marta Elena Feitó Cabrera, dijo que al decretarse la primera fase post Covid-19, «todos los trabajadores que por una causa u otra no se encontraban laborando, podrán regresar a sus respectivos puestos».
El sector privado, con el agua al cuello
Aunque el tratamiento laboral, salarial y de seguridad social en tiempos del Covid-19 ha contemplado que los empleados del sector privado no estaban obligados a continuar trabajando y podían acogerse a la suspensión del ejercicio de sus actividades o la paralización temporal del servicio ‒mediante previa solicitud del interesado ante las entidades facultadas‒, las afectaciones a estos se agudizaron por el desabastecimiento de todo tipo de productos.
«Mi cafetería es mi única fuente de ingresos, y el negocio lo tengo casi paralizado por una sola razón que no está contemplada en las medidas del Ministerio de Trabajo: todos los productos e insumos de producción nacional escasean o están racionados», dijo Fabricio Arellano, dueño de un pequeño local.
Como consecuencia de la expansión del Covid-19, y según lo dispuesto por la Ley 116 del Código de Trabajo, los empleadores del sector privado están obligados a garantizar a sus empleados una remuneración en proporción al tiempo real trabajado, cuya cuantía no puede ser inferior al salario mínimo del país.
«Pero como el nivel de ingresos disminuyó, tuve que prescindir de dos trabajadoras y solo quedarme con una. Eso significa que esas dos madres ni siquiera perciben el 60% de sus salarios porque el sector privado no está obligado a declarar interrupto a un empleado, sino que tengo la opción de cerrarle el contrato», añadió Arellano, llamando la atención de que «en igual situación se encuentran todos los empleados por cuenta propia».
Trabajador de una pequeña brigada de construcción privada y padre de dos menores de edad, Leonel Gerardo Rodríguez paralizó hasta el 70% su actividad laboral, porque el desabastecimiento afecta también a los materiales de construcción.
«La inmensa mayoría de quienes estaban construyendo o remodelando sus casas tuvieron que interrumpir las obras. La falta de dinero y la escasez de materiales son las principales causas. Y las tiendas que están surtidas son aquellas donde ahora solo puedes comprar en dólares, como la ferretería La Cubana, en la calle Reina», comentó Rodríguez.
«Es decir, que hasta los trabajadores por cuenta propia estamos afectados, ya no solo por el rebrote del coronavirus, sino también por la llegada de las tiendas en dólares», apuntó.