Las autoridades cubanas buscan que los ‘cuentapropistas’ salven sectores deficientes y con pésima calidad de servicios como la gastronomía.
La Habana / DDC – El Ministerio de Comercio Interior de Cuba estableció el procedimiento para la licitación de locales estatales a trabajadores privados, publicó el sitio oficial Cubadebate, que define a ese sector como un «complemento» de la economía, pero el Gobierno recurre a este para intentar salvar sectores con grandes deficiencias como la gastronomía y los servicios.
La Resolución 48 publicada en la Gaceta Oficial número 31 fija los pasos para la licitación de los establecimientos estatales pertenecientes a las entidades del comercio, la gastronomía y los servicios de subordinación local y de las entidades nacionales del sistema de Comercio, para su gestión por formas no estatales de gestión.
Según lo establecido, mediante la licitación «se concede el uso y disfrute del inmueble en arrendamiento y la venta o arrendamiento de bienes muebles», en un proceso que se regirá por los principios de transparencia, igualdad y publicidad, y en el que participarán los trabajadores de la unidad a arrendar, los trabajadores por cuenta propia o personas naturales residentes en Cuba que soliciten gestionar el local, y las cooperativas no agropecuarias de las actividades de gastronomía, comercio y servicios.
Para proceder a la licitación las autoridades tendrán en cuenta la «existencia de establecimientos que se decidan arrendar, con o sin actividad comercial; demanda de locales para el ejercicio del trabajo por cuenta propia en las actividades gastronómica y de servicios; recuperación de los establecimientos e incremento de las ofertas a la población».
Según la resolución, el titular al que se le otorgue la licitación —que deberá desarrollarse en un término de 30 días hábiles— asume a los trabajadores que laboran en esa unidad, y en caso de que estos no acepten pasar a trabajar como cuentapropistas o asociarse en una cooperativa no agropecuaria, se aplica lo que establece la legislación laboral vigente.
La normativa presenta como «impedimentos para participar en el proceso de licitación», primeramente, «ser residente de una provincia distinta de donde se encuentra enclavado el establecimiento a licitar»; segundo, «haber cometido fraude o engaño en proceso de licitación anterior».
Igualmente, no podrán optar por el procedimiento, los sancionados «por la comisión de delitos contra la economía nacional o los derechos patrimoniales, en el caso de no estar rehabilitado y reinsertado en la sociedad, o que expresamente en sentencia firme, como sanción accesoria, posea una prohibición de ejercer una actividad u oficio que esté relacionada con el comercio interior u otra forma de actividad económica, siempre que los antecedentes penales no hayan sido cancelados».
Otros impedimentos son «haber sido objeto de medida disciplinaria de separación definitiva del sector o de la entidad, en el sistema de Comercio Interior, sin estar rehabilitado de conformidad con la legislación laboral vigente; haberse retirado, una vez firmado el contrato de arrendamiento, sin justificación fundamentada».
El sector privado en Cuba, que vio mermar sus fuerzas entre 2019 y 2020 en más de 14.600 trabajadores, se enfrenta hoy al aumento de las multas y las sanciones, la escasez de materias primas e insumos, el incremento de los salarios, el alza de los precios, la inflación, la pandemia de coronavirus y el problema del cambio real y en el mercado negro del peso cubano.