Tres jueces dictaminaron que las normas fundacionales de la OPS como organización internacional no la hace inmune a la demanda.
Washington – La Organización Panamericana de la Salud (OPS) tendrá que enfrentar una demanda de médicos cubanos que acusan al ente regional de ayudar a organizar un programa en el que fueron obligados a trabajar en Brasil en contra de su voluntad y violando las leyes de trata de personas, reportó Reuters.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington DC dictaminó de manera unánime este martes que el estatus de la OPS como organización internacional no la hace inmune a la demanda porque los médicos la acusaron de «mala conducta financiera» dentro de Estados Unidos.
La OPS y Samuel Dubbin, un abogado de los médicos del bufete Dubbin & Kravetz, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la agencia británica.
El politólogo cubano Juan Antonio Blanco dijo a DIARIO DE CUBA que la decisión de los jueces «puede ser apelada» por los representantes de la defensa de la OPS ante la Corte Suprema.
Pueden intentar «evitar que siga el proceso ofreciendo un arreglo con los demandantes, o pelearlo en la corte, para lo cual el abogado defensor (de los médicos cubanos) y los jueces pueden exigir a la OPS que abra todos sus libros, cuentas y documentos relacionados con la demanda», consideró.
En marzo de 2019, como parte de la investigación periodística «Programa Más Médicos: un pésimo negocio para los cubanos», DIARIO DE CUBA relataba cómo un fallo en la Corte Suprema de EEUU podría influir en futuras demandas de profesionales de la Isla por las condiciones a las que fueron sometidos.
El caso, iniciado por cuatro médicos en 2018 en el Distrito Sur de Florida y trasladado en 2020 a la corte de distrito de Washington DC, se centra en el llamado programa Más Médicos, por el cual el Gobierno de Cuba en 2012 acordó enviar médicos para trabajar en Brasil.
Según la denuncia, los gobiernos de Cuba y Brasil utilizaron a la OPS como intermediario para evitar un acuerdo directo que tendría que haber sido aprobado por el parlamento brasileño.
La investigación periodística «Programa Más Médicos: un pésimo negocio para los cubanos», publicada por Pablo Díaz Espí y Mirta Fernández Laffitte en DIARIO DE CUBA en 2018, a partir de cables diplomáticos entre la embajada brasileña en La Habana y las autoridades de dicho país, y de documentos sobre auditorías internas de la OPS, sacó a la luz pública el negocio cubano de explotación de trabajadores de la salud.
A partir de la investigación, los senadores cubanoamericanos Bob Menéndez (demócrata) y Marco Rubio (republicano) presentaron en el Senado estadounidense una resolución bipartidista que calificó de «tráfico humano» la venta por parte de La Habana de los servicios de los profesionales de la salud de la Isla, y pidió a Washington restaurar el programa de refugio a médicos cubanos que escapan de misiones en el exterior (Cuban Medical Professionals Parole).
La Habana recibió el 85% del dinero pagado por Brasil, entregó solo el 10% a los médicos y el 5% fue a manos de la OPS como tarifa. Los fondos pasaron a través de la cuenta bancaria de la OPS en Estados Unidos, de acuerdo con el reporte de Reuters.
En su demanda, los médicos dijeron que escaparon del programa a Estados Unidos por las duras condiciones en que trabajaban. Alegaron que fueron obligados a trabajar bajo la amenaza de castigo por parte del régimen y que les pagaron mucho menos que el valor de su trabajo.
Asimismo, denunciaron que la OPS violó la Ley de Protección de Víctimas de la Trata al facilitar el programa Más Médicos.
La OPS ha intentado desestimar la demanda, citando una ley estadounidense que otorga a las organizaciones internacionales la misma inmunidad que los gobiernos extranjeros en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, sus siglas en inglés).
El juez federal de distrito James Boasberg acordó que las reclamaciones relacionadas con las actividades de la OPS fuera de Estados Unidos estaban prohibidas y las desestimó. Sin embargo, dijo que las reclamaciones podrían proceder en función de la actividad financiera de la OPS porque la FSIA no se aplica cuando una acción «se basa en una actividad comercial realizada en Estados Unidos».
En la apelación, la OPS argumentó que la acción de los médicos no se «basó en» las transacciones financieras en Estados Unidos, sino en la conducta extranjera.
En el dictamen del martes, escrito por la jueza de circuito estadounidense Karen Henderson, el circuito de Washington DC dijo que las transacciones financieras, presuntamente realizadas para fomentar el tráfico, podrían valerse por sí solas como causa de acción. Los jueces de circuito David Tatel y Cornelia Pillard se unieron a la declaración.
Funcionarios estadounidenses han denunciado en reiteradas ocasiones que el régimen de Cuba depende del trabajo forzado en «misiones médicas» en el extranjero para obtener ingresos.
El Gobierno de Cuba niega las acusaciones de trata de personas, continúa con su propaganda de ayuda humanitaria y dice que es parte de una campaña de EEUU para atacar su sistema de salud, uno de sus principales pilares.
En 2019, DIARIO DE CUBA conversó con los cuatro médicos que denunciaron al régimen y hoy siguen adelante con la demanda contra la OPS.