El lobby antiembargo cuestiona el presunto interés del régimen habanero en los negocios con EE.UU., ante la falta de autorización.
New York (DDC) – El pasado 10 de mayo se cumplieron dos años desde que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EEUU emitió la primera licencia que autorizó la inversión en una MIPYME en Cuba. Pero desde entonces la operación está aparcada, mientras La Habana sigue sin emitir las regulaciones para hacerla efectiva.
Así lo lamenta el Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba, con sede en Nueva York, y que favorece los negocios de los empresarios estadounidenses en la Isla y el fin del embargo de Washington contra el régimen cubano. La organización, además, alerta de que «la licencia de la OFAC tiene un plazo de dos años y expira el 31 de mayo. Se ha solicitado la renovación».
Según recuerda el Consejo en una nota de prensa, el 10 de mayo de 2022 la Administración de Joe Biden, «luego de un proceso de revisión interinstitucional de once meses», ordenó a la OFAC dar el permiso a una entidad de los Estados Unidos para hacer una inversión directa y proporcionar financiamiento directo a una MIPYME de Cuba, cuya identidad no ha sido revelada desde entonces.
Se trató este del primer permiso para una inversión de capital estadounidense en Cuba desde 1960, dentro de la política expresa de la Administración de «ampliar el apoyo al sector privado de Cuba», recuerda el Consejo.
En 2022, John Kavulich, presidente del Consejo, dijo a EFE que la inversión había sido impulsada por él, y que equivalía a un monto de hasta 25.000 dólares. Anticipó, sin mencionar la MIPYME receptora, que esta no tenía relación alguna con el régimen de la Isla.
En ese entonces, dijo además estar 90% convencido de que La Habana aprobaría la inversión. «Mi 90% de certeza no es porque el Gobierno cubano esté entusiasmado, sino por lo necesario que es», comentó.
En octubre de 2023, en cambio, se quejó porque esperaba «que la Administración Biden-Harris anuncie más cambios dirigidos al sector privado de Cuba. Pero también necesitamos que el Gobierno cubano tome nuevas medidas y establezca regulaciones que permitan inversiones y finanzas en los negocios privados».
Washington autorizó apenas cinco meses después de aprobar la licencia de Kavulich, que la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos permitiera exportar vehículos, motocicletas y scooters al sector no estatal de la economía, que La Habana ha ofrecido en su propaganda como una apertura al negocio privado.
Asimismo, recuerda el Consejo, «desde 2022 se ha producido un aumento sustancial en la exportación de productos agrícolas y alimenticios de los Estados Unidos a las MIPYMES, junto con un aumento sustancial de la venta de maquinaria y otros productos».
Según la entidad, al cierre de 2023, «las exportaciones de productos básicos y alimentos de origen agrícola de EEUU a Cuba aumentaron un 4,2%, incluidos 5,4 millones en café». Además, las compras de las MIPYMES en el país del norte ascenderían en igual periodo a 24 millones de dólares, incluidos ocho millones en vehículos de diverso tipo.
«A pesar de las declaraciones de funcionarios del Gobierno de la República de Cuba, la Administración Biden-Harris ha brindado oportunidades sustantivas para que las personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos y las empresas con sede en los Estados Unidos se comprometan con el sector privado reemergente dentro de la República de Cuba», indica el Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba.
«Estas oportunidades se demuestran en la reanudación de algunas decisiones tomadas durante la Administración Obama-Biden (2009-2017); cambios en algunas decisiones tomadas durante la Administración Trump-Pence (2017-2021); la revocación de una de sus propias decisiones de licencias (relacionadas con la exportación de vehículos de los Estados Unidos a la República de Cuba); la emisión de licencias que sientan precedentes de la OFAC y el BPI, y la ampliación de la guía interpretativa para la concesión de licencias (específicas y generales)», enumera la nota.
Pero, acota el Consejo, «la solidez y utilidad de estas oportunidades siguen siendo limitadas debido a la incapacidad de la Administración Biden-Harris para apreciar mejor las necesidades de un sector privado reemergente en la República de Cuba».
«Las oportunidades también se ven limitadas porque el Gobierno de la República de Cuba se niega, desde hace más de tres años, a institucionalizar, lo que significa emitir regulaciones fáciles de usar (es decir, un documento de dos páginas presentado a un banco en la República de Cuba) que autoricen a una MIPYME a recibir inversión directa y financiamiento directo desde fuera de la República de Cuba», enfatiza.
En los dos años de espera, agrega el texto, las empresas del sector no estatal de la economía cubana siguen siendo incapaces «de recibir una inversión directa de manera rentable, eficiente, oficial, segura y transparente o de recibir financiamiento directo legal de los Estados Unidos o de cualquier país».
«Una MIPYME puede (y muchas lo hacen) seguir recibiendo fondos de manera extraoficial, lo que significa que viola las leyes, políticas y regulaciones en la República de Cuba y potencialmente las regulaciones vigentes por el BPI y la OFAC. Hasta que el Gobierno de la República de Cuba no publique los reglamentos, los intereses de las personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos y de las empresas con sede en los Estados Unidos seguirán siendo limitados, atrofiados y estreñidos comercialmente en ausencia de marcos legales».
Y se pregunta el Consejo: «¿Por qué la demora del Gobierno de la República de Cuba? Una hipótesis es que, con la emisión de leyes, políticas y regulaciones, el proceso se institucionaliza y, por lo tanto, es más difícil de alterar, criminalizar o rescindir», advierte.
Para la entidad pro comercio entre EEUU y Cuba, es imprescindible además que exista una corresponsalía bancaria entre ambos países, lo que evitaría tener que recurrir para cualquier transacción a bancos de terceros países, que cobran una comisión y suponen gastos extra.
«Los exportadores radicados en los Estados Unidos informan cada vez más que sus clientes radicados en la República de Cuba están tratando de financiar sus compras, en particular de bienes duraderos, como equipos y vehículos», agrega la nota.
Pese a lo anterior, La Habana no deja de culpar a Washington por las privaciones que sufren los cubanos, sometidos a la peor crisis económica en décadas.