AGENCIAS | Ciudad de México | El sector laboral en Cuba, donde el Gobierno ejerce como el empleador mayoritario, es utilizado como una herramienta de «represión» destinada a «silenciar» a aquellos que son considerados críticos con las autoridades, revela Amnistía Internacional(AI).
El informe, divulgado este jueves bajo el título «En una prisión mental», recopila casos de cubanos «expulsados, despedidos de forma discriminatoria o indebidamente» de sus empleos estatales «por haber expresado una opinión», dice a EFE Louise Tillotson, investigadora sobre la Isla de AI.
«Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por unos mecanismos de control estatal sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el Gobierno», señala Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
«Ahora que Raúl Castro se dispone a abandonar su cargo en febrero de 2018, Cuba tiene la oportunidad de iniciar un diálogo significativo sobre derechos humanos. Es imperativo que el país empiece a hacer los cambios necesarios para que la libertad de expresión se convierta en una realidad para la población», agrega la directiva en un comunicado de prensa.
Como Cuba es el único país en toda la región en la que no se permite que Amnistía realice visitas (la última se realizó en 1990), la organización hizo su investigación a través de más de 60 entrevistas en profundidad a migrantes cubanos en la frontera norte y sur de México.
Los entrevistados, con edades que oscilan entre los 19 y los 65 años, abarcan un «amplio rango» de profesiones, entre ellas maestros, académicos, deportistas y camareros.
Entre los testimonios recogidos por AI se encuentra el de una mujer, ex empleada de un comercio, que en 2011 había pasado ocho meses en prisión por «adquirir ilegalmente carne de res», antes de que un juez la absolviera tras concluir que no había pruebas suficientes para detenerla.
Jorge Luis, campeón deportivo, contó a AI que, después de decir durante una entrevista en la televisión estatal que el Gobierno cubano no financia el deporte, empezó a verse excluido progresivamente de su deporte y fue despedido de su empleo estatal. Sencillamente le dijeron que ya no reunía los requisitos necesarios para el trabajo.
Otro de los entrevistados, un ex agente de la Seguridad del Estado cuyo trabajo consistía en infiltrarse en lugares de trabajo para denunciar a trabajadores, dijo a AI que «En Cuba todo es ilegal».
Otro hombre de 31 años que había tratado de salir de Cuba seis veces por mar y que luego había visto negado su acceso al empleo y había sido acosado por la policía se preguntó: «¿Para qué vas a contratar un abogado si el abogado es del mismo Gobierno?.
Tillotson comenta que uno de los aspectos destacados del informe es que los que sufren el «hostigamiento» no son necesariamente quienes «obviamente son opositores del Gobierno», sino que afecta a aquellos que realizan una crítica mucho más «sutil».
Por ejemplo, está el caso de un ingeniero que fue despedido por llevar una pulsera con la palabra «cambio», un trabajador social que se quejó de la falta de recursos y fue expulsado o un camarero que fue reprendido por no haber participado en la marcha del Primero de Mayo.
Para justificarse, el Gobierno simplemente alega que los trabajadores ya no son «confiables», de acuerdo con los testimonios. «Esto, entendemos, es una forma de decir que ideológicamente estas personas ya no son aceptables», apunta la activista.
Si una persona es despedida en esas circunstancias, prácticamente le es imposible encontrar otro trabajo en el sector estatal. A pesar de las consecuencias de estos despidos, ninguno de los entrevistados por AI dijo haber acudido a la justicia.
«Dijeron que los tribunales están claramente bajo el control del Ejecutivo», lo que va en la línea de denuncias previas de Amnistía sobre la falta de «independencia» del poder judicial, argumenta Tillotson.
Además, la oficial Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el único sindicato oficialmente reconocido, no les da apoyo, y los sindicatos independientes «siguen sufriendo acoso, intimidación y criminalización», asevera el informe.
Poco más del 70% de los empleos en la Isla están cubiertos por el sector público. En estos últimos años, ha habido una mayor apertura en cuanto al sector privado o «cuentapropista».
Algunos de los sujetos expulsados del sector público intentaron abrir un pequeño negocio como «cuentapropistas», relata la investigadora, pero «es un sector emergente y básicamente está muy regulado por las autoridades», así que el control sigue siendo «bastante fuerte».
No encontrar un trabajo en ninguno de los dos ámbitos «en muchos casos es un elemento importante para la salida de personas» del país, porque «no tienen una forma de sostener a sus familiares».
A esto se le suma que los salarios en general son bajos (como promedio son de 27 dólares al mes) y, en ocasiones, insuficientes para cubrir las necesidades básicas.
De acuerdo con la activista, aproximadamente la mitad de los migrantes cubanos que participaron en la elaboración del reporte reconocieron que en otra ocasión anterior trataron de salir de la Isla sin éxito.
En el informe se afirma que los últimos años han sido un periodo «agridulce» para «quienes confían en que las autoridades suavicen su política de puño de hierro con el que oprimen el derecho de la gente a la libertad de expresión y de reunión» en Cuba.
AI condena la existencia de acoso tanto en el sector estatal como en el incipiente y maniatado sector privado, así como los despidos indebidos y la falta aparente de un recurso efectivo para resolver los despidos discriminatorios.
En otro acápite de su informe AI condena el encarcelamiento y discriminación por tratar de salir de su propio país e, incluso, el propio miedo a regresar a su país de aquellos que emigran.
Tillotson recuerda que ha habido avances como la luz verde a la visita del Comité Internacional de la Cruz Roja o a la de la relatora especial de la ONU sobre la trata de personas.
«Para muchos, esto daba la esperanza de que (Cuba) empezara a abrirse a un mayor escrutinio internacional», aunque por otro lado, en la visita del expresidente de EEUU, Barack Obama, a la Isla el pasado año, el general Raúl Castro «siguió negando la presencia de presos políticos en Cuba».
Amnistía pide al Gobierno cubano que cese «las leyes y prácticas penales incompatibles con los derechos humanos y las normas internacionales» y que «deje de ejercer el poder que tienen sobre el sector laboral», dice la investigadora.
En sus recomendaciones, la organización también solicita que los trabajadores no estén obligados a participar en actividades progubernamentales, ni ser castigados por no involucrarse en ellas, y que se permita la inscripción de sindicatos independientes.
También pide al Congreso estadounidense levantar el embargo económico sobre la Isla, «que socava los derechos económicos, sociales y culturales» de sus habitantes.