Carlos Michael Morales fue advertido de que se revocaría su sanción si no comenzaba a trabaja en una empresa estatal.
(Yolanda Huerga / Marti Noticias) – El exprisionero político del 11J, Carlos Michael Morales Rodríguez, fue enjuiciado nuevamente y condenado a 8 meses de privación de libertad, una sanción subsidiada por trabajo correccional sin internamiento.
El Tribunal Municipal de Caibarién, en Villa Clara, ratificó al preso político Carlos Michael Morales Rodríguez que, de no comenzar a laborar en una empresa estatal, le será revocada la sanción alternativa a la privación de libertad.
“Fui recibido por Sandro Rodríguez, presidente del Tribunal. Se encontraba un representante de la policía, así como dos mujeres representando a los trabajadores sociales y al órgano de trabajo. Sandro preguntó si ya tenía un empleo con una empresa del Estado. Le dije que no. Me ofertaron una serie de trabajos con diferentes empresas estatales, los cuales rechacé de forma categórica”, relató a Martí Noticias Morales Rodríguez, que labora como periodista independiente desde hace casi 20 años.
El abogado Alaín Espinosa explicó a Martí Noticias que de acuerdo con las leyes cubanas, “si la sanción impuesta es una privativa de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento, una de las obligaciones que tiene (el enjuiciado) es vincularse laboralmente”.
“En esos casos hay dos opciones, el tribunal lo ubica en un centro laboral o él lo gestiona por su vía, pero siempre está obligado a trabajar y, hasta tanto no cumpla con dicha obligación, si está en libertad ese tiempo, no se cuenta como abonado”, indicó el jurista del centro de asesoramiento legal Cubalex.
En mi comparecencia hoy en el tribunal municipal de Caibarienen, no se ratificó mi sentencia de 8 meses de prisión domiciliar y me volvió a amenazar con encarcelarme si no trabajo con el estado, mi salud es precaria y de ser encarcelado mi vida estaría en eminente peligro. pic.twitter.com/gXuWuXoTZF
— Carlos Michael Morales (@CarlosLibreCuba) August 21, 2024
Morales Rodríguez, tras cumplir de manera íntegra una condena de dos años y medio por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, fue detenido a principios de mayo por no asistir a dos citaciones oficiales de la Policía que, consideró, no cumplían con la legalidad.
Fue enjuiciado nuevamente el 22 de julio y sentenciado a ocho meses de privación de libertad por el delito de «desobediencia», sanción que fue subsidiada por trabajo correccional sin internamiento.
Mientras se encontraba en prisión provisional, en la cárcel La Pendiente de Villa Clara, el periodista realizó dos huelgas de hambre, la última de 26 días, que deterioraron seriamente su salud.
“Sandro no quería aceptar que todavía no he terminado el estudio médico que, de hecho, se ha retrasado un poco. Ratificó la amenaza de encarcelarme si me niego a trabajar con una empresa del Estado. En el sector particular, cuando recupere mi salud, estoy dispuesto a trabajar, pero con el Estado no lo voy a hacer nunca. Según palabras de Sandro Rodríguez, para el mes de septiembre pudiera ser revocado y llevado a una prisión”, señaló el comunicador de Caibarién.
Al respecto, el abogado de Cubalex detalló que “en los casos de enfermedad se debe demonstrar la situación ante el tribunal que lo sancionó como un incidente de ejecución, y el tribunal, entonces, a partir de las pruebas que se presenten, puede modificar la variante de subsidio por alguna que sea más compatible con su situación de salud, o puede suspender la ejecución de la sanción”.
“En el segundo caso, el tiempo que transcurra hasta alcanzar el alta médica tampoco se abona al cumplimiento”, subrayó.
Morales Rodríguez insistió en que lo que está ocurriendo no es más que una represalia contra él, que ha mantenido una actitud vertical frente a las arbitrariedades de las autoridades.
“Los motivos todos los conocen, estamos en presencia de un Estado que viola los derechos humanos del pueblo cubano”, concluyó.
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