El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en un comunicado difundido en Madrid el «significativo ataque al incipiente sector privado» por parte de las autoridades cubanas.
Madrid, 3 de agosto de 2017 – El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informa que en el mes de julio se han producido 559 detenciones arbitrarias en Cuba de las cuales 374 han sido contra mujeres y 185 contra hombres; el 33% corresponde a detenciones en contra de personas de raza negra. En lo que va de año el gobierno cubano ha realizado 3.118 detenciones arbitrarias.
En el ámbito de los derechos económicos, el OCDH denuncia la Resolución No. 22/2017 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cual establece que elgobierno no otorgará más licencias para el ejercicio de un grupo importante de negocios, entre ellos: el arrendamiento de vivienda; cafeterías; elaborador vendedor de alimentos y bebidas mediante servicio gastronómico en Restaurantes (Paladares); elaborador vendedor de alimentos y bebidas en punto fijo de venta (Cafetería); fregador engrasador de equipos automotores; gestor de permutas y compra-venta de viviendas; herrero; instructor de prácticas deportivas; modista o sastre; organizador de servicios integrales para fiestas de quince, bodas y otras actividades; productor o vendedor de calzado; profesor de taquigrafía, mecanografía e idiomas; profesor de música y otras artes; programador de equipos de cómputo; reparador de equipos eléctricos y electrónicos; repasador; reparador de artículos de joyería; reparador de bisutería; servicios de construcción, reparación y mantenimiento de inmuebles; vendedor mayorista de productos agropecuarios; vendedor minorista de productos agropecuarios; y carretillero o vendedor de productos agrícolas en forma ambulatoria.
Estamos ante un significativo ataque al incipiente sector privado ya de por sí vapuleado por las restricciones legales, la excesiva burocracia y el afán recaudatorio del gobierno.
La Resolución No. 22/2017, ya conocida como la Ley Cangrejo, pues constituye un retroceso en la escasa reanimación del mercado interno y laboral, es un intento del gobierno cubano por controlar las actividades que pudieran constituirse en la competencia a la ineficiente industria estatal de servicio. Con este decreto el gobierno cumple con su promesa de detener la acumulación de riqueza, algo que ha declarado no se permitirá.
El gobierno cubano no garantiza ninguno de los servicios que restringe, su mayor interés sigue siendo conservar su poder sin permitir libertades. Este decreto es un portazo al presente y futuro de miles de cubanos, que aunque alejados de un optimismo excesivo, depositaron en un proyecto de emprendimiento sus esperanzas de una vida mejor en medio de restricciones de todo tipo.
Leyes como esta que despoja la perspectiva de cualquier posibilidad de crecimiento personal o de oportunidades para desarrollar proyectos de vida decorosos, cercenando la iniciativa privada, son causantes del éxodo masivo que desangra al país.
A la constante represión interna a quienes disienten y piden libertades democráticas y respeto a los derechos humanos, se añade esta amputación de derechos económicos. Aquellos gobiernos y líderes políticos que miraban a otro lado ante los informes de la represión constante, esperanzados en que las medidas económicas del gobierno cubano eran un indicio creíble de reformas (tímidas, pero sostenibles en lo económico) han sido de nuevo burlados por el gobierno de Raúl Castro.
[Comunicado del Observatorio Cubano de Derechos Humanos]