Duermen en barracones, casi masivamente en el piso; comen lo que pueden y destrozan sus cuerpos cumpliendo órdenes del mayoral.
Madrid (Michel Suárez / DDC) – Duermen en barracones, casi masivamente en el piso; comen lo que pueden y destrozan sus cuerpos cumpliendo órdenes del mayoral. No es un retrato histórico de la esclavitud en la Cuba española. El hacinamiento, la represión, las mutilaciones y el robo de los salarios es la norma en las prisiones cubanas conocidas como «granjas». Miles cumplen allí sus sentencias. Producen el penúltimo esnobismo de la jetset europea: carbón de marabú para sus barbecues.
Las quemaduras en piernas y brazos son constantes en los hornos, sea en Sancti Spíritus o Cienfuegos, debido a la ausencia de medios de protección adecuados. En Camagüey, un recluso perdió un ojo. No son casos aislados. Se trata de una labor difícil y arriesgada.
Encima de todo, los presos no reciben todo lo consignado en las nóminas oficiales. El rumbo del dinero no retribuido, pero sí reflejado en papeles, es una incógnita.
Un contrato de 2023, al que tuvo acceso DIARIO DE CUBA, muestra los salarios básicos de más de un centenar de presos, transferidos de un establecimiento penitenciario a la Empresa de Producciones Varias (PROVARI), en una provincia central del país que no se especifica en este reportaje para proteger a las fuentes. El salario referencial de los «operarios de carbón vegetal» ronda los 2.800 pesos cubanos, unos nueve dólares al cambio informal. Un poco más de un kilogramo de leche en polvo en el mercado negro.
«Nos exigen hacer mil kilogramos de carbón por unos 900 pesos, pero hay muy pocos que pueden llegar a esa cantidad. Si logramos que sea carbón de primera, el kilogramo te lo pagan a un peso. Si es de segunda o tercera, te pagan 25 centavos por kilo. Hacer más de mil pesos al mes es un prodigio. Eso es de otro mundo, casi inaccesible», contó un exprisionero desde la Isla.
Según medios oficiales, el Gobierno exporta la tonelada (1.000kg) a precios entre 300 y 400 dólares. De esa cantidad, solo alrededor de tres-cuatro dólares llegarían al preso productor.
PROVARI es una dependencia del Ministerio del Interior (MININT). Sus unidades están ubicadas en todas las provincias; producen materiales de la construcción, carbón vegetal para la exportación, plásticos, colchonería, confecciones textiles y pinturas, además de desarmar automóviles. Está dirigida por el teniente coronel Juan Luis Baffil Rodríguez, según datos del Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba.
Las condiciones en el extenuante trabajo de producir carbón provocan innumerables accidentes. No solo por quemaduras. Cortar el marabú sin guantes, botas y ropa adecuada es una labor atrevida, y eso lo sabe cualquiera que haya tropezado con el arbusto, aunque sea solo una vez en la vida.
Un problema nacional
«Se trata de un problema nacional», asegura Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC).
A su organización llegan «permanentemente» denuncias de accidentes de trabajo. «No reciben atención médica, son lugares remotos. Los puntos calientes están en Cienfuegos, Sancti Spíritus, Matanzas y Mayabeque, pero en todo el país hay campamentos de trabajo forzados, donde los presos producen carbón vegetal para vender fundamentalmente a Europa», precisa el activista desde la ciudad de Colón, en Matanzas.
Los campamentos son improvisados, en medio de la maleza. «Los techos son de saco, duermen en hamacas, se cocinan con leña». Los suministros alimenticios están a la altura de la situación del país: «un poco de arroz, chícharos, sal y azúcar. Eso es todo lo que les brindan para sobrevivan un mes. Todo lo demás tienen que buscarlo por ahí, o cosechar y robar», cuenta Hernández Carrillo.
«Durante años hemos expuesto esta corrupción en torno al personal contratado para actividades de exportación y obtención de divisas. En el caso de los presos, la vulnerabilidad es aún mayor. Es todo un sistema de explotación laboral consistente con nuevas formas de esclavitud. Esto ha sido reconocido por la Relatoría Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud», afirma por su parte Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Lo que diga el «negrero»
Las irregularidades empiezan en los propios contratos, que establecen chequeos médicos y aseguramientos de medios, en ambos casos inexistentes. Y continúan con las intrigas del pago. El «negrero» (el MININT) decide cómo y cuándo, con todo tipo de artimañas.
«En casi todas las granjas el pase era cada dos meses; pero, aunque no saliéramos y siguiéramos trabajando, nos descontaban esos días en la nómina», dijo un exprisionero que trabajó en la producción de carbón.
Un reo que duerme en el piso de la granja y sale diariamente al campo, se quejó: «Nos han dicho que van a entregarnos botas, pero tenemos que pagarlas. Las chinches nos están matando. No hay agua, hay que bajar cuatro pisos a buscarla. Nos castigan quitándonos el pase, si llueve y el carbón se echa a perder. También nos quitan días de rebaja de la sanción, si no cumplimos la norma».
Todos los afectados, excarcelados o no, prefieren mantenerse bajo anonimato, debido a las previsibles represalias.
En algunos campamentos la inventiva se abre paso cotidianamente. Ante la falta de transporte para mover el carbón (es responsabilidad del MININT y PROVARI), muchos presos se ven obligados a trasladarlo «jalándolo como animales». Dispuestos a sacrificar parte de su salario, algunos se unen para «pagar 1.000 pesos a un tractorista civil, y que les lleve la producción a la unidad».
Las personas privadas de libertad «son el segmento poblacional más susceptible de ver vulnerados sus derechos». Especialmente, los reclusos que trabajan en la fabricación de carbón vegetal, «por ser este un rubro exportable», insiste González Raga.
Hernández Carrillo, por su parte, considera que las instituciones concernidas «deberían pronunciarse sobre esta situación». La ASIC ha denunciado la situación ante organismos internacionales, sin resultados.
Las Normas Mandela (ONU) estipulan que los encarcelados «no serán sometidos a esclavitud o servidumbre» y deben estar cubiertos por los mismos estándares de salario, salud y seguridad que los ciudadanos libres. El Gobierno cubano las ignora olímpicamente.
Carbón esclavo
Como informó DIARIO DE CUBA anteriormente, cada año se venden entre 60.000 y 80.000 toneladas de carbón de marabú a China, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, España, Portugal, Arabia Saudí, Siria, Turquía, Israel y EEUU.
Varias empresas internacionales importan desde Cuba. En sus descripciones, todos son elogios.
Por ejemplo, la web de la tienda online Carbón Marabú asegura que su misión es «conectar a consumidores de todo el mundo con uno de los tesoros más preciados y naturales de Cuba», contribuir «a la gestión responsable de los recursos naturales» y apoyar «prácticas agrícolas sostenibles» en la Isla.
Y remata: «Al apoyar la venta de carbón de marabú, también estás contribuyendo al control de una planta invasora en Cuba, promoviendo una solución ecológica y generando empleo en comunidades locales».
Carbón Marabú y otras tres compañías españolas —Carbones Pascual, Legua e Ibecosol— no respondieron a las preguntas de DIARIO DE CUBA sobre las denuncias de semiesclavitud en el proceso de producción. No fue posible contactar con Brala S.L., que aparece en fotos obtenidas en la Isla. En 2023, Ibecosol y la estatal cubana Frutas Selectas firmaron en Cienfuegos un Contrato de Asociación Económica.
Sí respondió inmediatamente la tienda especializada La Carbonería.
«Desconozco esto que me indica. Nuestra empresa compra a una multinacional, la cual cumple con el reach, aspecto que necesitamos para su venta. Es la primera vez que alguien me habla de este tema y me gustaría, por favor, que nos informe si tiene más datos», indicó una fuente de la compañía.
Dijo además que preguntará a su distribuidor «sobre las condiciones de fabricación» que recogen las denuncias.
El carbón de marabú cubano se vende en tiendas españolas en diferentes formatos, con precios minoristas que oscilan entre uno y seis euros el kilogramo.