Derechos prometidos podrían ser letra muerta o difícilmente aplicables, según críticas de sindicalistas en la Isla sobre la nueva normativa.
Yiseilis Ferrer Mariño, directora jurídica y de relaciones internacionales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS), informó a medios del oficialismo que se prepara un nuevo Código de Trabajo para presentarlo en el cuarto período ordinario de sesiones del parlamento, que comienza este 18 de diciembre y se extenderá hasta el día 20.
Según la dirigente del régimen, el documento que está vigente en la actualidad data de 2013 y “no abarca muchas de las relaciones laborales establecidas en la nueva Carta Magna”, aprobada en 2019.
“Un aspecto fundamental a considerar en esta actualización es el macro programa Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social, así como el programa de dinámica demográfica, el de Adelanto de la Mujer y el Programa de Trabajo Digno. Estos son pilares en cuanto a derechos y garantías para los trabajadores y para quienes son protegidos, como las familias”, indicó Ferrer Mariño.
La nueva normativa, según la oficialidad, abarcará, igualmente, las “garantías asociadas al trabajo en el sector no estatal” y ampliará los “derechos y responsabilidades de empleadores y trabajadores”.
“Este Código del Trabajo es para todos, independientemente del sector al que pertenezca el trabajador. Se tratará de una norma amplia y protectora. Se introduce el término ‘persona trabajadora’, que sustituye a ‘trabajador’, y refleja un enfoque más inclusivo, sin distinción de sexo, género, color de piel, orientación sexual, entre otros”, añadió.
Ferrer Mariño informó que los términos “interrupción” y “disponibilidad” serán reemplazados por otros más acordes con la realidad actual, aunque no especificó cuáles serían estos.
Además, señaló que se incluirán aspectos relacionados con el teletrabajo y el trabajo a distancia, modalidades laborales que ganaron relevancia tras la pandemia de Covid-19.
Finalmente, explicó que el nuevo Código del Trabajo concederá mayores facultades a los empleadores en el ámbito de la contratación y que en algunos puestos laborales se examinarán los “valores y principios”.
O sea, se evaluará si el trabajador es idóneo o no en un puesto de trabajo en dependencia de su adherencia al castrismo.
“Para acceder a un empleo, no solo se evaluará una calificación específica, sino también los valores y principios que la organización requiera para determinados puestos y cargos (…) el empleador podrá solicitar otras competencias o habilidades necesarias para el puesto específico, permitiendo así una evaluación más integral”, aseguró la funcionaria comunista.
Al respecto, Iván Hernández Carrillo, presidente de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, en conversación con ADN Cuba, precisó que este nuevo código de trabajo, «adolecerá de problemas estructurales que podrían impedir que las normas que contiene efectivamente protejan el derecho de los trabajadores”.
“Los artículos específicos que crea podrían terminar siendo letra muerta o, en el mejor de los casos, derechos cuya aplicación serán muy difícil de cumplir”, advirtió.
Hernández Carrillo añadió que este nuevo documento no considera “las bajas remuneraciones de los trabajadores, quienes, además, laboran en condiciones de higiene y seguridad deficientes, tampoco les ofrecerá tener derecho a la huelga a la negociación colectiva”.
Asimismo, el nuevo código no permite crear sindicatos independientes, libres del control estatal y del Partido Comunista, derecho que, al ser negado, Hernández Carrillo considera como “aspectos básicos y elementales que garantizan los convenios internacionales del trabajo a los que el régimen se adhiere”.
El reporte anual de 2023 del Observatorio de Derechos Laborales y Sindicales de la isla apuntaba que la crisis económica, política y social había tenido un impacto directo y devastador en el mercado laboral y en los derechos sindicales en Cuba.
Según el informe, el incremento del subempleo y la falta de oportunidades laborales han dejado a numerosas personas sin una fuente de ingresos estable.
Esta situación no solo perjudica a las familias de manera individual, sino que también genera un efecto negativo en la economía del país.
Además, el derecho de los trabajadores a organizarse, negociar colectivamente y realizar huelgas, siguen restringidos.
La interferencia del régimen en las actividades sindicales y la persecución de los sindicalistas independientes son también problemas significativos que requieren atención urgente.