Pagar la multa significa «aceptar una medida arbitraria o que cometí un delito. Informar no es un delito, tampoco manifestarse».
Luego de más de 10 meses de reclusión domiciliaria, acusada de presuntos «desórdenes públicos» por reportar las protestas del 11 de julio en La Habana, la periodista cubana Camila Acosta ha quedado libre cargos y el caso cerrado, según explicó en un artículo para el portal digital CubaNet, con el que colabora.
Acosta detalló que este miércoles, 25 de mayo, fue citada a la estación policial de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, donde un oficial de la Seguridad del Estado le impuso una multa de 1.000 pesos cubanos bajo el “criterio de oportunidad”, previsto en la Ley 143, Artículo 17, Inciso b, que «permite a las partes resolver las diligencias sin llegar a tribunales».
Le comunicaron, además, sobre la confiscación de varios bienes que las autoridades le incautaron un día después de su detención: dos laptops, un disco duro, dos teléfonos, cinco memorias flash, agendas de trabajo, libros, la blusa que llevaba puesta el 11J, 50 USD y 20.000 CUP.
Estos bienes, algunos de los cuales ni siquiera le pertenecían, no fueron «utilizados para la comisión del delito u obtenidos como resultado de él» y, con apego a la ley, no deberían estar sujetos a decomiso.
«No hubo delito y tampoco ninguno de los equipos embargados se utilizaron para la comisión de él; aun así, se impuso la sanción», subrayó la periodista. Pero el oficial de la policía política argumentó que contenían material “contrarrevolucionario”.
Acosta, que tiene un plazo de tres días para pagar la multa, reitera que no cometió un delito, solo hacía su trabajo de reportera cuando fue detenida. «No me arrepiento de haberlo hecho y lo volvería a hacer. Informar no es un delito, tampoco manifestarse pacíficamente», afirmó.
Aunque la multa la libra de ir a juicio, y de enfrentar una posible sentencia de tres meses a un año de prisión, la comunicadora señala que pagarla significa «aceptar una medida arbitraria, o que cometí ese supuesto delito».
La periodista concluye que, con el cierre de este proceso en su contra, solo «finaliza una etapa» que «abre paso a otra aún peor».
«El nuevo Código Penal es más criminal que el anterior, y dota al régimen de herramientas represivas que atentan directamente contra los periodistas independientes, la oposición y la sociedad civil en general. El calvario está lejos de acabar», concluyó.
Cuba está entre los países del hemisferio donde más se ha agudizado la represión contra los periodistas, dijo en un informe reciente la Sociedad Interamericana de Prensa, que también ha criticado el nuevo Código Penal por su criminalización de la labor de la prensa independiente en la isla, una preocupación a la que se unen el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional.