Al igual que toda «política» del régimen, la actual nace con la obvia prioridad de mantener la omnipresencia del Estado.
Rafaela Cruz | La Habana – Los ministros de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, y de Economía, Alejandro Gil, presentaron el pasado 5 de noviembre la nueva política de comercialización agrícola del Gobierno.
Comenzaron la comparecencia en la televisión estatal reconociendo que tras muchos años de críticas al mecanismo de acopio y distribución centralizados —que increíblemente dicen ellos siempre supieron que no funcionaba—, el Gobierno da pasos en otra dirección e introduce los siguientes cambios:
- Sustituirá la empresa Acopio, monopolio estatal que acapara la comercialización agrícola, por un Registro Central Comercial que aceptará todas las formas de intermediación estatales y privadas.
- Dará créditos a bajo interés.
- Se refinanciará la construcción de puntos de compras y naves mayoristas.
- Los comercializadores estatales o privados, solo podrán comprar en función de sus capacidades logísticas y financieras.
- Si al campesino no le pagan, puede obviar lo contratado y vender donde quiera.
- La gestión de los comercializadores será autónoma y en régimen de competitividad.
- El Estado arrendará envases, maquinaria e infraestructura a los privados.
- Se avanza algo en la liberalización de precios.
- El productor puede vender directamente a las industrias procesadoras.
- Promoverá las marcas comerciales.
Al igual que toda «política» de este Gobierno, la actual nace con la obvia prioridad de mantener la omnipresencia del Estado en todos los aspectos de la vida civil, pero si se compara con el control feudal mantenido hasta el momento, casi se puede decir que la nueva política es progresista. No obstante, hay inmensas lagunas en su concepción:
- Según ambos ministros, el punto débil de la producción agrícola está en la falta de equipos e insumos, pero esto lo entienden como algo congénito e inmutable del sistema cubano, no hablan de liberalizar la inversión extranjera directa que podría proveer estas necesidades de capitalización.
- El comercio exterior sigue siendo exclusivamente estatal, solo han articulado un sistema para que los campesinos cobren una parte de sus ventas en divisas.
- Resaltan el valor agregado de las procesadoras conocidas como minindustrias y quieren crear microindustrias familiares, pero la Industria como tal sigue siendo monopolio del Gobierno.
- No habrá precios libres, los gobiernos provinciales y municipales decidirán los precios dentro de sus territorios «por convenio» con los productores.
- El Gobierno siguen controlado el comercio de ganado vacuno.
- Los niveles de calidad de los productos se definirán burocráticamente, no por competencia.
En el punto 47, de los 51 que componen la nueva política, encontramos que «el Estado hará seguimiento y control de la producción, la contratación, el establecimiento de las prioridades en los destinos, los balances de productos, el control de los precios, la comercialización en condiciones extraordinarias, la intencionalidad de la siembra y el uso de la tierra»; para entendernos, toda posible liberalización queda a expensas de la discrecionalidad gubernamental… ¿alguien lo dudaba?
Pero para que no quedara margen a interpretaciones de lo anterior, los últimos minutos de su presentación los dedicó el ministro Rollero a hacer afirmaciones tales como: «la producción hay que controlarla para que no se desvíe»; «no podemos permitir que todos siembren solo cebolla, tenemos que regular lo que se siembra»; «no se puede jugar con el destino de los productos, el consumo social —escuelas, hospitales y la parte que comercializa el Estado— tiene prioridad»; «los gobiernos tienen el timón entre la oferta y la demanda de los productos, eso es el balance»; «el control de los precios tiene que regularlo el Estado»; «queda bien claro en la política que el Estado dice qué es lo que hay que sembrar y dónde».
Terminando la presentación, el viceprimer ministro Gil llamó a «usar todas las capacidades de los gobiernos para concertar ‘precios justos’, tanto para el productor como el consumidor… pues el Estado no puede virar la espalda y decir que los precios son por oferta y demanda en medio de la escasez actual… eso no sería un Gobierno».
¿Y cuándo no ha habrá escasez alimenticia en Cuba? La inversión estatal en agricultura entre 2011 y 2016 —cuando más recursos llegaban de Venezuela— fue un quinto de lo invertido en turismo. Visto desde la cantidad de empleados en cada sector, encontramos que por cada trabajador agrícola el Estado invierte 590 pesos al año, mientras que por cada trabajador del turismo invierte 27.000, 46 veces más. (Datos tomados del blog del economista Pedro Monreal)
El Gobierno induce la escasez con sus políticas, a la vez que impide activamente que la inversión privada —extranjera o nacional— la alivie, luego alega que hay escasez para justificar su intromisión, creando así una circularidad eterna de totalitarismo y pobreza.
¿Romperá ese ciclo la nueva política? ¿Logrará el castrismo desarrollar la agricultura? Antes de responder, recuerde estamos hablando del mismo Gobierno que llegó al poder en un país que llevaba dos siglos siendo el mayor exportador mundial per cápita de azúcar de caña… y hoy la importa de Francia.