Los decomisos se ha realizado durante el mes de marzo y se ha extendido por toda la provincia de Artemisa
Artemisa, Cuba | Alejandro Garrido – El pasado mes de febrero el destacamento especial de la Policía Nacional Revolucionaria ocupó diez bicitaxis con motores adaptados en el municipio de Bauta, según informó la Dirección Provincial del Ministerio del Interior (MININT) al semanario local de la provincia de Artemisa, que publicó el suceso en una de sus secciones habituales.
La práctica de decomisos se ha realizado durante el mes de marzo y se ha extendido por toda la provincia de Artemisa, cosa que gradualmente se extenderá por el país.
El texto publicado en la edición impresa del semanario local informa que el operativo de decomiso se realizó en la vía pública. Se atacaron a siete ciudadanos que habían adaptado motores eléctricos o de gasolina a sus vehículos, todos ellos fueron conducidos a la estación de policía más cercana.
En el medio oficialista del gobierno local se justifica que “en el proceso de identificación de los poseedores de tales medios de transporte se estableció que poseían licencias de trabajadores por cuenta propia en la modalidad de transporte de carga y pasajero por medio de tracción humana”, lo que para ellos justificaría la causa del decomiso.
Dicho salvoconducto lo otorgan las oficinas del Ministerio de Transporte municipales y entra en contradicción con las condiciones actuales de los bicitaxis ocupados.
Miguel Ángel, bicitaxero que ocupa la ruta de la Avenida 251, conocida como Carretera Central o Calle Real, paga hasta 10 CUC diarios al dueño original de su artefacto y explica que esa cantidad se debe a que “esa ruta es la más céntrica y siempre tiene pasaje”.
“Estudié Comunicación Social obligado, para cumplir con la familia, pero lo mío es el negocio. Cuando tenga el dinero me voy a comprar uno de estos cacharros y lo voy a poner a trabajar para mí. Llevo dos meses probando, y sé que me deja caer algo. Lo que haga después de las cinco de la tarde es mío. Pero si la policía nos sigue arrebatando el negocio, no sé qué hacer, no me gusta trabajar para el Estado”, comenta.
También contó que cada una de estas bicicletas modificadas para la transportación humana cuesta en la actualidad de 7000 pesos (280 dólares) en adelante, y aquellos con motores eléctricos pueden llegar a costar hasta 15 mil pesos (600 dólares).
Con adaptaciones eléctricas y de gasolina, los bicitaxis dejan de ser de tracción humana, de manera que violan el permiso para ejercer la actividad de transportación, y el Decreto Ley 315 de 2014, el cual establece que para el ejercicio del trabajo por cuenta propia se debe observar la licitud de los medios y las materias primas a emplear, requisito no tenido en cuenta por los implicados, pues no contaban con documentación alguna de los motores adaptados, según la nota oficial de la jefatura del MININT.
Sin embargo, estos motores entran de forma legal por los aeropuertos cubanos con sus papeles de compra en países extranjeros ya que en Cuba no se producen, con excepción de la fábrica de bicicletas eléctricas Minerva en Villa Clara, vehículos monoplazas que cuestan más de 15 mil pesos (600 dólares).
Las medidas aplicadas correspondientes al Decreto Ley 315 de 2014 consistieron en multas y la ocupación de los medios en calidad de depósito, o lo que es lo mismo, decomiso. El artículo 17 del decreto mencionado establece que “el decomiso consiste en la ocupación de los instrumentos, herramientas y materias primas que se utilicen en el trabajo por cuenta propia y se aplica a las personas que ejercen sin estar autorizadas. Para los que ejercen la actividad legalmente, se aplica el decomiso de las materias primas en caso que se demuestre que son dañinas para la salud o de procedencia ilícita”.
Por lo tanto, en el caso de los bicitaxis el decomiso es una medida que no corresponde con lo dictado por la ley, pues los agentes que ocuparon los vehículos afirmaron que desde ese instante los poseedores estarían sujetos a un proceso legal para determinar la procedencia de los motores adaptados, una medida que supuestamente decidirá la situación legal de los medios.
Semejantes medidas de decomiso se han adoptado con arbitrariedad en aquellos lugares donde se intenta reestablecer la legalidad a partir de la creación forzosa de conciencia y el “llamado a la reflexión” a aquellos que posean medios que garanticen lo que el Estado no puede garantizar. Las autoridades cubanas aseguran a través de los medios oficialistas que “estas medidas se aplican porque los infractores no se ajustan al alcance de sus licencias”.