Lo que demandan las difíciles circunstancias es una urgente descentralización de la economía y la aceptación de la propiedad privada
La Habana, Cuba | Cuba Sindical Press – Por medio de la prensa oficial se conoció que está en fase organizativa un nuevo paquete de acciones de control al abastecimiento de productos agropecuarios en La Habana.
La iniciativa es compartida por diputados de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular y especialistas del Comité de Finanzas y Precios.
No trascendieron los detalles del proceso ni falta que hace. El asunto es que las tarimas continuarán vacías, los precios en el mercado negro en alza y los campesinos, en el banco de la paciencia, a la espera de un ambiente idóneo para sacarle el mayor provecho a sus faenas.
El verdadero trasfondo de la “tarea revolucionaria” es poner en perspectiva una solución, que como de costumbre, no pasará los límites de la retórica. Se trata de una burda manera de justificar salarios, además de simular responsabilidades y desvelos por la clase trabajadora, desde instituciones que, lejos de enmendar entuertos, contribuyen a multiplicarlos.
Mientras confeccionan la próxima cortina de humo en las proximidades de una crisis socioeconómica que se agudiza semana tras semana, crecen las agonías de millones de personas frente a las cazuelas semivacías, las aglomeraciones para comprar alimentos, entre otras emboscadas existenciales que obligan a vivir en un constante sobresalto.
El pretendido ordenamiento de la economía es en realidad una apuesta por darle mayor cabida al desorden en toda la extensión del término.
No hay que investigar mucho para advertir un aceleramiento en la gradualidad del declive del monopolio estatal.
Tanto es así que la hambruna ya se asoma por amplias franjas del país, aunque el grupo de burócratas y legisladores de pacotilla se hagan los desentendidos o digan que la escasez crónica es una mentira promovida por la oposición local, por solo mencionar una de las justificantes que suelen barajarse con la finalidad de escamotear las verdaderas razones del problema.
El abrupto descenso en las ofertas agropecuarias y la elevación de los costos de venta al consumidor se debe principalmente a los frenos impuestos por el Estado controlador, en este caso a las personas que se dedican a la agricultura y a la producción ganadera.
Las obligatorias asignaciones de gran parte o todas las cosechas a los centros de Acopio, la entidad estatal encargada de la distribución, y por otro lado el tope de precios, impuesto con todo rigor en los últimos meses, a quienes se encargan de comercializar los alimentos en las áreas de venta al público, explican los perturbadores efectos de la ausencia de una amplia gama de productos del agro.
A las dificultades que enfrentan los campesinos habría que agregar el limitado acceso a equipos y accesorios para desarrollar su trabajo, como tractores, tuberías e instrumentos de labranza, entre otros. Estos hay que adquirirlos en dólares contantes y sonantes y a precios excesivos. Dos barreras infranqueables para los potenciales clientes.
Ninguno de estos asuntos formará parte de las agendas que conforman las reuniones ministeriales y las soporíferas sesiones parlamentarias, al menos desde una óptica realista y comprometida en la búsqueda de soluciones concretas.
Gastar tiempo en el diseño de un nuevo plan para perfeccionar los controles al descontrol, no tiene sentido.
Lo que demandan las difíciles circunstancias es una urgente descentralización de la economía y la aceptación de la propiedad privada, pero sería mucho pedir de una reunioncilla de subalternos, cuya tarea es cumplir con los libretos que llegan firmados por los mandamases, quienes siguen reacios a darle el visto bueno a las transformaciones estructurales. Su aspiración es garantizar la continuidad del socialismo sobre los carriles de la chapucería y el desvarío.