Los gobiernos deben aprovechar el impulso creado por la pandemia de COVID-19 para avanzar rápidamente hacia sistemas de protección social
GINEBRA (OIT Noticias) – Si la pandemia de COVID-19 ha enviado un
mensaje al mundo, es que nuestra seguridad es tan precaria como la de los más
vulnerables. Quienes no pueden ponerse en cuarentena o recibir tratamiento
ponen en peligro sus propias vidas y las de los demás, y si un país no puede
contener el virus, los demás están obligados a infectarse, o incluso a
reinfectarse. Pero, los sistemas de protección social de todo el mundo están
fracasando estrepitosamente a la hora de salvaguardar las vidas y los medios de
subsistencia de los grupos vulnerables.
Casi el 40% de la población mundial no tiene seguro de salud ni acceso a otros
sistemas nacionales de salud. Unos 800 millones de personas gastan cada año al
menos el 10% de su presupuesto familiar en atención a la salud, y 100 millones
de personas caen en la pobreza debido a que tienen que
enfrentar gastos médicos. Esto significa que una significativa parte de la
gente simplemente carece de los medios para buscar tratamiento, incluso cuando
adquieren enfermedades altamente contagiosas como el COVID-19.
Para agravar el problema, una abrumadora mayoría de los trabajadores carecen de
la seguridad económica necesaria para acceder a licencia por enfermedad o hacer
frente a una emergencia inesperada. Dado que menos de dos tercios de los países cuentan con un
sistema de seguro social o de asistencia social que brinde subsidios por
enfermedad, los enfermos suelen verse obligados a elegir entre poner en peligro
su salud personal y pública, o pagar sus facturas.
No es sorprendente que la protección contra el desempleo sea también
inadecuada, a pesar del papel crítico que juega en el apoyo a los ingresos de
los hogares y en la estabilización de la demanda agregada. Las empresas que
dependen de los proveedores en las regiones afectadas por los brotes o que se
enfrentan a una reducción de la demanda debido a los cierres y otras medidas de
contención, se han visto sometidas a una inmensa presión. Cientos de miles de
puestos de trabajo están ahora en peligro . Sin embargo, sólo
uno de cada cinco desempleados en todo el mundo puede acceder a beneficios de desempleo .
Como demuestra claramente la pandemia de COVID-19, esta situación no sólo
perjudica a los más pobres y vulnerables, sino que amenaza el bienestar de
sociedades enteras y de toda la comunidad mundial. Cerca del 55% de la
población mundial – unos 4.000 millones de personas – no se beneficia de
ninguna forma de protección social, y para enfrentar la brecha muchos países
confían en soluciones basadas en el mercado que sólo unos pocos pueden
costearse.
Esto no es una novedad para los líderes mundiales. Tras la última catástrofe
mundial – la crisis financiera de 2008 – la comunidad internacional adoptó por
unanimidad la Recomendación sobre los pisos de protección social,
2012 (núm. 202) de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), comprometiéndose así a establecer niveles mínimos de protección que
sirvan de base para crear sistemas de seguridad social integrales.
En el 2015, los líderes mundiales dieron otro esperanzador paso adelante, al
acordar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 .
Muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promueven el carácter
imprescindible de la protección social. Por ejemplo, la meta
3.8 tiene por objeto “lograr la cobertura sanitaria universal,
en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas
seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos”. En la meta
10.4 se pide a los países “adoptar políticas, en especial
fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor
igualdad”. La meta 1.3 apunta a “Poner en práctica a nivel nacional sistemas y
medidas apropiadas de protección social para todos y, para 2030, lograr una
amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables”.
Pero, como la crisis del COVID-19 está dejando muy en claro, no se ha avanzado
lo suficiente. Si la pandemia tiene un resquicio de esperanza, la expectativa
es que estimule a los gobiernos a ampliar el acceso a los servicios de salud,
los subsidios de enfermedad y la protección contra el desempleo. Después de
todo, la evidencia demuestra que ese gasto tiene un mayor efecto multiplicador positivo en la
economía que otras medidas, y a la vez puede contribuir a la estabilidad social
y política.
Por supuesto, queda la duda de cómo pagar la protección social. La OIT estima
que, en el caso de las economías en desarrollo, el déficit promedio de
financiamiento para la puesta en marcha de un piso de protección social
adecuado equivale al 1,6% del PIB. En el caso de los países de bajos ingresos,
esa brecha es mucho mayor: alrededor del 5,6% del PIB; y es poco probable que
dispongan de suficiente espacio fiscal para cerrar la brecha por sí solos.
Sin embargo, el mundo nunca ha sido tan rico como lo es hoy en día. Con o sin
recesión inducida por una pandemia, existe suficiente capacidad de movilizar
los recursos necesarios. Para ello, los países deberían adoptar reformas del impuesto de las sociedades
para garantizar que las multinacionales contribuyan de manera justa a las
finanzas públicas. Los impuestos progresivos sobre la renta y el patrimonio,
así como las políticas para reducir los flujos financieros ilícitos, también
ayudarían.
Pero estas medidas tardarían en surtir efecto, y como la pandemia ya está
perturbando la actividad económica y diezmando los ingresos y la demanda, es
crucial actuar con rapidez. A corto plazo, tanto los países desarrollados como
los países en desarrollo necesitan más flexibilidad para financiar el déficit y
obtener préstamos internacionales en condiciones favorables para apoyar sus
inversiones en sistemas de protección social.
Muchos gobiernos – en particular en los países con sistemas de atención de la
salud financiados mediante contribuciones sociales o impuestos – ya están
aumentando el gasto, a fin de garantizar el acceso a los servicios necesarios
durante la crisis del COVID-19, incluso mediante la integración de medidas de
prevención, exámenes clínicos y tratamiento en los paquetes de prestaciones.
Corea del Sur, por ejemplo, realiza miles de exámenes de COVID-19 al
día, en centros de pruebas financiados por el Estado.
Además, varios gobiernos han aumentado el apoyo económico a los hogares y las
empresas. Hong Kong (RAE de China), Irlanda y el Reino Unido han extendido los
subsidios de enfermedad a los trabajadores en cuarentena o auto cuarentena.
Alemania y los Países Bajos están ofreciendo prestaciones de desempleo parcial
a los trabajadores cuyas horas se han reducido debido a la fuerte caída de la
demanda.
De manera análoga, China, Francia, Portugal y Suiza han ampliado el derecho a
recibir prestaciones de desempleo para incluir a los trabajadores de empresas a
las que se ha ordenado el cierre temporal, mientras que Australia, China y
Portugal han ampliado la asistencia social a las poblaciones vulnerables. Y
muchos países – como China, Francia y Tailandia – han retrasado los plazos para
el pago de las contribuciones a la seguridad social y los impuestos.
Pero estas medidas son sólo un primer paso. Los gobiernos deben aprovechar el
impulso creado por la crisis actual para avanzar rápidamente hacia sistemas de
protección social financiados colectivamente, integrales y universales. Sólo
entonces nuestras sociedades y economías estarán en capacidad para sobrellevar
la pandemia del COVID-19 y las demás crisis que se avecinan.
Por Shahra Razavi, Directora del Departamento de protección social de la OIT