Las personas que desaprueban, incluso de forma delicada, las políticas del gobierno cubano son despedidas arbitrariamente o acosadas por el
AI | Los cubanos y cubanas comunes de quienes se considera que critican, aunque sea sutilmente, la vida en el país se enfrentan a un futuro de acoso en el empleo, o de desempleo, ya que las autoridades utilizan su control sobre el mercado laboral como herramienta adicional de represión. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Es una prisión mental explora la manera en que décadas de uso arbitrario de las leyes penales y otras prácticas ilegales —incluidos los despidos discriminatorios e indebidos del empleo estatal y el acoso adicional en el sector emergente del empleo por cuenta propia— se traduce en un sistema en el que incluso las personas que en Cuba no son políticamente activas tienen que evitar criticar al gobierno si quieren conservar su empleo.
“Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por unos mecanismos de control estatal sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el gobierno”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Ahora que Raúl Castro se dispone a abandonar su cargo en febrero de 2018, Cuba tiene la oportunidad de iniciar un diálogo significativo sobre derechos humanos. Es imperativo que el país empiece a hacer los cambios necesarios para que la libertad de expresión se convierta en una realidad para la población.”
El gobierno cubano es el principal empleador del país: aproximadamente el 70% de los empleos disponibles están en el sector público. El gobierno también controla el sector privado, pequeño y emergente pero sumamente regulado.
Cuba sigue siendo el único país de las Américas donde a Amnistía Internacional no se le permite hacer una visita oficial. El equipo de investigación de la organización habló con más de 60 personas migrantes cubanas en diversas ciudades de México para documentar sus testimonios sobre la vida cotidiana en un país en el que la libertad de expresión se ha restringido históricamente.
La mayoría de las personas entrevistadas no habían criticado nunca abiertamente el sistema político o económico cubano, y no estaban implicadas en ninguna forma de activismo o de oposición política. Sin embargo, aproximadamente la mitad afirmaron haber sido detenidas y encarceladas al menos en una ocasión, en su mayoría acusadas de delitos contrarios al derecho internacional.
Por ejemplo, una mujer, ex empleada de un comercio, contó a Amnistía Internacional que en 2011 había pasado ocho meses en prisión por “adquirir ilegalmente carne de res”, antes de que un juez la absolviera tras concluir que no había pruebas suficientes para detenerla.
El Código Penal de Cuba también establece una serie de sanciones basadas en la proclividad de una persona a cometer un delito, y en la probabilidad percibida de posibles acciones futuras que podrían ser consideradas “antisociales”. Además, castiga a quienes tengan relación con personas a las que las autoridades consideren “potencialmente peligrosas para la sociedad” o con aquellas que constituyan una amenaza para “el orden social, económico y político del Estado socialista”.
“En Cuba todo es ilegal”, dijo un ex agente de la seguridad del Estado cuyo trabajo consistía en infiltrarse en lugares de trabajo para denunciar a trabajadores y trabajadoras en el país.
Las personas que desaprueban, incluso de forma delicada, las políticas del gobierno cubano son despedidas arbitrariamente de su empleo o acosadas por el Estado hasta que sienten que no tienen más opción que dimitir o abandonar el país. Una vez que te despiden de un empleo estatal por expresar una opinión crítica, resulta casi imposible encontrar otro empleo en el sector público.
La mayoría de las personas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que, cuando se ponían en contacto con posibles nuevos empleadores estatales, después de haber sido despedidas de un empleo anterior, eran rechazadas; simplemente les decían: “no eres confiable”. La frase, utilizada explícitamente para referirse a una persona que no es confiable políticamente en lo relativo a la ideología del Estado, era con frecuencia la única explicación que los posibles empleadores daban a la persona en cuestión para no darle el empleo.
Jorge Luis, campeón deportivo, contó que, después de decir durante una entrevista en la televisión estatal que el gobierno cubano no financia el deporte, empezó a verse excluido progresivamente de su deporte y fue despedido de su empleo estatal. Sencillamente le dijeron que ya no reunía los requisitos necesarios para el trabajo.
Según contó, le dieron 20 días para encontrar otro empleo, o de lo contrario la policía dijo que lo acusarían de “peligrosidad” por no trabajar. Le resultó imposible encontrar otro empleo, ya que, en todos los lugares a los que acudía, los empleadores le decían que era un “contrarrevolucionario”. Incapaz de mantener a su familia, decidió abandonar Cuba.
Quienes son expulsados de su empleo a causa de sus opiniones no tienen una instancia a la que acudir para recurrir su despido. La mayoría dijeron que el único sindicato oficial de Cuba no los representaba, y que no tenían la opción de unirse a un sindicato independiente. Ninguna de las personas entrevistadas había recurrido su despido mediante los tribunales, pues consideraban que éstos estaban bajo el control total del gobierno.
“¿Para qué vas a contratar un abogado si el abogado es del mismo gobierno?”, dijo un hombre de 31 años que había tratado de salir de Cuba seis veces por mar y que luego había visto negado su acceso al empleo y había sido acosado por la policía.
Pese a los cambios introducidos recientemente en las leyes sobre migración cubanas, tratar de salir del país por mar sigue considerándose delito. Quienes tratan de abandonar el país son calificados de “desertores”, “traidores” y “contrarrevolucionarios”, y son detenidos y excluidos del acceso al empleo estatal, igual que otras personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.
“El hecho de que las autoridades no hayan respetado los derechos humanos de la gente ha tenido un impacto que va mucho más allá de las personas que han sido blanco de acciones por su activismo, y se filtra en las experiencias y esperanzas cotidianas de personas de todos los sectores sociales.”
“Si las autoridades de Cuba quieren afirmar que tienen un compromiso real de cambiar, deben revisar todas las leyes penales que son contrarias a las normas internacionales y deben poner fin a los despidos discriminatorios e indebidos y al acoso contra trabajadores y trabajadoras como forma de silenciar incluso las críticas más sutiles. Hasta que no lo hagan, el país seguirá siendo una prisión mental”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas.