Las 6.161 MIPYMES registradas a inicios del 2023 representan el 1% de la cifra de emprendedores que había en 2016.
Madrid (DDC) – ¿Por qué el régimen creó una nueva categoría de emprendimiento (MIPYMES) en Cuba, en vez de consolidar los que ya operaban bajo la licencia de trabajo por cuenta propia? Para ello, solo tendría que permitirles a sus propietarios registrar sus negocios como propiedad con personalidad jurídica, exportar e importar directamente. Esos negocios, siendo genuinamente privados y autónomos con respecto al Estado cubano, podrían incluso recibir inversiones desde Estados Unidos.
La pregunta es inevitable ante las cifras que ofrece el dossier «El emprendimiento en Cuba asfixiado por GAESA», que da a conocer la ONG Cuba Siglo 21: «Las 6.161 MIPYMES registradas a inicios del 2023 representan solo el 1% de la cifra de emprendedores que había en el 2016, incluso el radio puede ser menor porque del total de MIPYMES, 3.332 son de nueva creación y 3.310 eran TCP preexistentes. ¿Por qué entonces no elevar al rango de MIPYMES, incluyendo sus privilegios, a todas las decenas de miles de cuentapropistas que quedan excluidos de recibir ese tratamiento?».
Para Cuba Siglo 21 la respuesta es simple: «Con las MIPYMES no se desea fortalecer al emprendedor privado, sino crear artificialmente una clase media dependiente» del conglomerado militar GAESA y «cuyos ‘propietarios’ sean elegidos entre familiares menos afortunados de los oligarcas, represores en retiro y miembros de las brigadas paramilitares de respuesta rápida».
«La nueva ley de MIPYMES fue diseñada para redireccionar las empresas estatales, crear una estructura empresarial en su mayoría manejada por oligarcas y personas afines al gobierno, con el objetivo de atraer la inversión extranjera y burlar el embargo norteamericano», dice el dossier, que es resultado de una investigación realizada con apoyo del Havana Consulting Group, el Observatorio Cubano de Auditoria Ciudadana y las contribuciones de un grupo de periodistas independientes.
La investigación también desmonta la narrativa oficial, que muchos creen dentro y fuera de Cuba, de que fueron las restricciones impuestas por la Administración de Donald Trump en EEUU las que marcaron el declive de los negocios privados cubanos y que un nuevo deshielo los haría florecer otra vez.
Y nuevamente, las cifras hablan para mostrar el crecimiento del sector privado en Cuba en siete años hasta superar con creces al estatal. Eso era algo que el régimen no podía permitir.
En siete años, la capacidad de hospedaje en el sector privado creció un 268% frente al pobre crecimiento del 3% del sector estatal. El privado contaba en 2016 con unas 59.612 habitaciones. Mientras, las cadenas hoteleras administradas por el estado, incluidas las de GAESA, tenían una capacidad de 66,973 habitaciones, revela la investigación.
En el mismo período, la gastronomía en el sector privado cubano creció en un descomunal 427%, mientras que en el sector estatal se produjo una contracción de 38.54%. En septiembre del 2016 había registradas 57.678 licencias activas para ejercer la actividad de elaboración y venta de alimentos en sus diversas modalidades. Cabe destacar que 1.712 eran restaurantes (paladares) y 7,909 eran cafeterías, para un total de 9.612 unidades.
En 2016, el sector estatal disponía de 3.295 taxis y 7.840 ómnibus para dar cobertura a la demanda del transporte de pasajeros de Cuba. Además, tenía en su nómina unos 8.500 automóviles para la renta al turismo, cifra insuficiente para la alta demanda que tenía el mercado. En el caso de los taxis, de 2010 a 2016, el sector privado tuvo un crecimiento de 123%, superior al 25,2% del sector estatal. En 2016, el número de taxis del sector privado (14.034) superaba 3,4 veces al de las empresas estatales (4.125).
En 2016, había 535.000 licencias para ejercer el trabajo por cuenta Propia (TCP), es decir, más de medio millón de personas trabajaban en el sector privado de forma oficial mediante esas licencias.
Ante ese panorama, el régimen cubano le puso freno al sector privado. A partir de 2016 no se emitieron más licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia y se detuvo la creación de nuevas CNA (Cooperativas no Agropecuarias), dice la ONG y señala directamente al difunto Luis Alberto López Calleja como responsable de parar las reformas económicas en Cuba, «antes de ganar Trump la presidencia en EEUU».
Pero Cuba Siglo 21 también les advierte a quienes estén al frente de las MIPYMES que, por mucha cercanía que tengan con el régimen cubano, nunca podrán equipararse a los inversores extranjeros.
«Las empresas extranjeras que operan en la Zona Especial del Mariel (ZEDM) tienen 0% de impuestos sobre las utilidades por 10 años; tienen 0% de impuesto sobre las ventas o servicios durante el primer año, y posteriormente solo el 1%; tienen 0% de impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo y de contribución al desarrollo local; tienen 0% de impuesto aduanero por la importación de medios, equipos y bienes con destino al proceso inversionista».
«En cambio, las MIPYMES no reciben igual trato que el empresario extranjero por muy vinculada que estén al entorno gubernamental. Tienen que pagar impuestos por todos esos elementos citados además de un 35% sobre las utilidades, 20% por las exportaciones e importaciones y otros más», dice Cuba Siglo 21 y recuerda que «por situaciones como estas es que a la pregunta de ¿qué querrás ser cuando seas grande? los niños cubanos responden ‘ser extranjero'».
En ese escenario, la ONG alerta de que la política de «pretendido engagement con el pueblo cubano» que está trazando la Administración de Joe Biden «tropieza con la colosal barrera de la inexistencia de un verdadero sector privado» en Cuba.