Con la bancarización, jubilados y asistenciados tendrán que prescindir de los gestores pagadores que llevaban sus pensiones a las casas.
(P.M. González / DDC) – Cuando a principios de este mes Eulalia de la Riva (85 años) vio venir por la guardarraya de La Zanja, en el distrito rural de Dolores, a el «Pagador de Promesas», que le traía su pensión, el corazón le dio un vuelco de alegría. Pero esa felicidad no duró mucho.
«Pagador de Promesas» le llaman jocosamente los guajiros de la zona al gestor bancario (cuentapropista) que lleva las pensiones y los subsidios a jubilados y encamados-postrados que no pueden acudir al Banco Popular de Ahorro (BPA) ni al de Crédito y Comercio (BANDEC) de Caibarién, Villa Clara, a cobrarlos.
A De la Riva, quien vive con su marido, Juan Blanco, de 88 años, una vecina que tiene televisor y radio funcionales le había contado que «a partir de este mes» se le acababa el trabajo al muchacho.
La vecina había oído en un noticiero que «las chequeras del banco» —las nóminas electrónicas implementadas en 2020 en todos los centros de pago—, por decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INASS) se iban a «quedar vacías», ya que todo el mundo pasaría a tener «una tarjeta magnética», y que a partir de este mismo mes terminaría la entrega del importe a domicilio, algo que hasta ahora se presentaba en la propaganda del Gobierno como «de suma prioridad humanitaria».
José Guillermo Sáez, el gestor que lleva años viajando por sus propios medios hasta La Zanja —distante unos 12 kilómetros de Caibarién–, les confirmó consternado que esta sería su última visita, pues ya en setiembre deberán cobrar la pensión «personalmente, o delegar en un pariente» o allegado que esté dispuesto a hacer la cola en el único cajero del municipio que suele tener liquidez un día sí y otro quizá.
Les advirtió que la mayor parte de las veces el cajero «está pelado» y la gente pierde la paciencia, «con muchísima razón».
«El país dispone cada vez de menos dinero en efectivo» y ahora la solución es «desparecer lo poco que va quedando», dijo Sáez, quien se ha convertido en candidato al desempleo.
Antes de despedirse del matrimonio contrito ante la novedad, Sáez recogió la calderilla que le dejan en el bolso los jubilados agradecidos «que nunca quieren la moneda fraccionaria, ni las denominaciones menores de diez pesos. ¿Total, para qué sirven?».
«Ya las propinas no alcanzan ni para el pasaje», sonrió Sáez. Un carromato que cubra esas distancias «hoy no cobra menos de 500 pesos ida, e igual al regreso».
La felicidad inicial de Eulalia de la Riva se desvaneció viendo partir a su última esperanza, esa «alma buena» que le cobraba solo 20 pesos por entregarle puntualmente su dinerito, por el mismo trillo que vino.
DIARIO DE CUBA consultó sobre el particular a empleados del área comercial del BPA y el BANDEC, únicos en el territorio que operan la distribución y manejo del efectivo, así como la entrega de tarjetas a pensionados. Ambos funcionarios pidieron que sus nombres no fueran revelados por temor a represalias. Sus explicaciones también coincidieron.
«Nos enteramos de esta medida el pasado martes, cuando en lugar de las nóminas habituales recibimos el cargamento de tarjetas magnéticas para entregar a cada subsidiado, y cuando consultamos las dos o tres nóminas que deberían pagarse este mes y que serán las últimas, venían en ellas apenas una docena de nombres, sin explicar el porqué de estas excepciones. Así que el resto, que son la gran mayoría de los jubilados, tendrá que irse al cajero a hacer la cola», dijo el empleado del BPA.
La trabajadora comercial del BANDEC consultada abundó sobre mismo tema: «Aquí comenzaron a desaparecer los listados electrónicos desde mayo, y ya hace dos meses que no envían nóminas virtuales. Los que cobraban en otros puntos, como Correos de Cuba, CADECA, o las bodegas y supermercados, tampoco podrán hacerlo en lo adelante, pues esas áreas también fueron cerradas por no disponer de moneda líquida suficiente ni para saldar adeudos con las instancias del Comercio y los Servicios».
Según estos trabajadores —empleados del Banco Central de Cuba en sus distintas subsidiarias—, no existe «ninguna resolución que explique la medida».
En múltiples ocasiones antes de iniciar la llamada Tarea Ordenamiento en enero de 2021, las máximas autoridades del Gobierno repitieron el mantra castrista tantas veces desmentido de que «nadie quedaría desamparado». Los funcionarios cubanos usan esa frase hueca cada vez que aplican medidas de choque que empeoran las condiciones de vida de los cubanos, sobre todo de los pensionados y los asistenciados, como ocurrió con el «ordenamiento».
La bancarización —que se impone pese a la precariedad de la infraestructura tecnológica necesaria para su funcionamiento y a la inestabilidad de los servicios bancarios en todo el país— debería priorizar a los más vulnerables, pero situaciones como las de Eulalia de la Riva y su gestor José Guillermo Sáez matan toda esperanza.
Según el periódico Tribuna de La Habana, hasta este 18 de agosto, el 62% de los beneficiarios de la Seguridad Social realizaron sus cobros «a través de tarjetas magnéticas». Virginia Marlén García Reyes, directora general del INASS, aclaró que la implementación progresiva de la bancarización se haría solo si los receptores del dinero «cuentan con los dispositivos (electrónicos) para hacerlo».
La funcionaria admitió que «resulta difícil que todos los pensionados se inserten en la vía de los canales de pago electrónico, pues además de que no todos cuentan con las herramientas (y) el conocimiento (…), más del 70% cobra pensión mínima (unos 1.070 pesos), y cuando van a efectuar el cobro, sacan el efectivo completo».
Para muchos de esos pensionados funcionaba el servicio de pago a domicilio a través de los gestores bancarios que recibían un pago de 10 pesos (CUP) y lo que sus clientes quisieran darles.
El deseable «desarrollo» que la modernidad impone en cualquier parte solo resulta constatable en Cuba en un criollo cuento de ciencia ficción, y margina a la mayoría de ciudadanos con problemas de movilidad por edad o enfermedad —como Eulalia de la Riva y su esposo Juan Blanco—, a quienes ahora las autoridades quitan el pequeñísimo privilegio de recibir su magra pensión a través de un cuentapropista que, a su vez, pierde su trabajo. Ninguno de ellos ha tenido nunca —ni siquiera ha visto– un teléfono inteligente. Y probablemente nunca lo tendrá.