Es un gran aliciente la inclusión del tema en una relevante sección del congreso del país más vinculado con Latinoamérica.
Pittsburgh (Sindical Press) – Al margen de la escasa diferencia, la votación en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso del país ibérico de una Propuesta no de Ley (PNL) vuelve a poner en tela de juicio la propaganda gubernamental del régimen cubano en relación a la protección y garantía de derechos universalmente reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre otras.
En este caso, el tema principal de la moción de censura estuvo relacionado con las evidencias sobre la trata de personas y la esclavitud moderna en las misiones de colaboración en el exterior –una realidad incontrastable a partir de los miles de testimonios de profesionales de la salud que han desertado refiriendo tratos degradantes, como la apropiación de la mayor parte de sus salarios por parte del estado, ubicaciones en lugares de difícil acceso, la retención de sus pasaportes, para evitar las fugas y el cumplimientos de extenuantes jornadas laborales sin las mínimas condiciones requeridas.
Los 18 votos de respaldo no solo se enfocaron en este asunto. El llamado al gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez a condenar, de manera general, los abusos y violaciones de los derechos humanos en la Isla y la invitación a manifestar preocupación por el incremento de los presos políticos, reveló el compromiso por mantener en el foco de atención las anomalías de un modelo dictatorial defendido obstinadamente por los legisladores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida, incluidos los 17 que se opusieron al texto.
A pesar de ser aprobado por un margen estrecho, la relevancia de este acuerdo no debería subestimarse en un entorno profundamente polarizado entre una derecha, opuesta al ineficiente sistema de partido único y economía centralizada, y las fuerzas ubicadas en el flanco izquierdo de la política española que manifiestan un apoyo, abierto y sostenido a la dictadura secuestrada por un reducido grupo de líderes históricos y generales que controlan el ejército y el ministerio del interior.
Ya es habitual que los congresistas que apoyan el estatus quo en la mayor de las Antillas se hagan los de la vista gorda frente a los atropellos que ocurren a diario en las calles y prisiones en Cuba. De ninguna manera cuestionan las absurdas iniciativas económicas, los niveles de corrupción y mucho menos los continuos traspiés políticos. Para ellos, a la usanza de los funcionarios y voceros de la Isla-cárcel, los graves problemas socioeconómicos se deben única y exclusivamente al embargo estadounidense. Esta fue la postura del diputado de IU, Enrique Santiago, quien además pidió el rechazo a la PNL y el voto para una enmienda que pedía el fin de las sanciones, certificadas como “bloqueo” –un término exagerado y conveniente utilizado para obtener la mayor solidaridad internacional posible.
Volviendo al tema de la explotación laboral de las personas que participan en las misiones en el exterior, es significativo que los delegados del PSOE hayan utilizado una información desactualizada con el propósito de justificar sus posicionamientos en contra del texto.
La diputada del PSOE, Obdulia Taboada Álvarez, afirmó que «no consta que haya un incumplimiento de la normativa laboral por parte de Cuba respecto a sus trabajadores y cooperantes en el exterior». Además, aseguró que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) había declarado «no admisibles» dos reclamaciones contra el Gobierno de Cuba por presuntas violaciones de los convenios 95, 96 y 105.
En realidad, se refiere a dos casos que ya han sido cerrados, uno en el 2004 y el otro en el 2009, ambos relacionados con acusaciones de trabajo forzoso.
Lo que no mencionó, quizás por desconocimiento o con la intención de hacer valer su tesis a como diera lugar, fue la solicitud directa de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT al gobierno cubano en relación al trabajo forzoso, efectuada en 2022 y publicada en la 111 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2023.
La información solicitada al régimen por la Comisión, sobre asuntos que vulneran los derechos del personal de las brigadas médicas, enviadas a diferentes países, ha sido nula. Lo que evidencia la soberbia de quienes gobiernan el país como si se tratara de su hacienda particular, donde hacen lo que se les antoje sin rendir cuentas a nadie.
El legislador del PP, Carlos Rojas García, fue muy enfático al presentar las acusaciones, recordando la represión ideológica y política, y aludiendo sin ambages a las abusivas condiciones laborales de los trabajadores que participan en las misiones internacionales, en especial los médicos, y las penalizaciones a las que se enfrentan si abandonan sus funciones, incluyendo la prohibición de regresar a su país de origen durante ocho años.
Que el tema figure en la agenda de una importante sección del congreso del país con más lazos históricos y culturales con Latinoamérica es un gran aliciente.
Obviamente continuarán los forcejeos entre quienes apoyan al régimen y los que se mantienen al lado de los que desean cambios de envergadura en el ámbito político y el económico, que es la mayoría del pueblo.
Los adversarios dirán que fue una victoria pírrica, pero debería interpretarse como otro paso hacia el fortalecimiento de un frente común contra la codificación de ideales que han demostrado su nula factibilidad en la construcción de un proyecto viable de país.