El 80% de lo que pagaba Bolivia a La Habana por los médicos iba a ‘financiar el castrocomunismo’

La presidenta boliviana pone en claro las cuentas de los gastos para el convenio de Evo Morales con La Habana.

DCC | Menos de un tercio de los trabajadores enviados por La Habana a Bolivia dentro del convenio de salud con el Gobierno de Evo Morales eran médicos, y el régimen de la Isla se quedaba con el 80% de lo que pagaba La Paz por el trabajo de los profesionales, informó la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en un discurso este miércoles.

“El programa firmado con Cuba que incluía el trabajo de médicos, comunicadores y técnicos, según declaraciones oficiales, ahora nos revela que menos de un tercio eran profesionales de la salud”, dijo Áñez al hablar desde el Palacio de Gobierno en el Día del Estado Plurinacional de Bolivia.

“Tenían un salario de 1.040 dólares, un viático de 68 bolivianos por día, y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, haciendo un total de unos 9.000 bolivianos por cada uno de ellos”, añadió.

“Pero solamente el 20% de ese monto llegaba a la brigada cubana, el resto del dinero, es decir, el 80%, era desviado para financiar el castrocomunismo, que tiene sometido y esclavizado a su pueblo”, criticó.

Aseguró que, en más de 13 años, el Gobierno de Evo Morales “nunca informó cuánto pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago”.

Precisó que en ese tiempo el Gobierno de Bolivia pagó a la Embajada de Cuba 147 millones de dólares.

“Con ese dinero pudimos haber practicado 7.355 trasplantes renales en todo el país, lo que habría representado la mitad de los pacientes renales de Bolivia”, afirmó Áñez.

“Estos son solo ejemplos para ilustrar la situación de lo que hemos encontrado y que seguimos hallando”, agregó la mandataria interina.

“Que quede claro a todos los bolivianos. No me tiembla ni me templará la mano en proteger los recursos de aquellos que buscan usarlos para su enriquecimiento personal e ilegal o para promover sus agendas políticas. Esos tiempos ya pasaron”, advirtió Áñez. “Sé que esto implica enfrentar a gente poderosa, pero entendí que ese era uno de los retos al asumir este cargo”.

La presidenta dijo que ha dispuesto “que el 10% del Presupuesto General de la Nación sea destinado a la salud de los bolivianos. Demostramos que esta medida era posible con voluntad y un eficiente manejo técnico”.

Destacó que “este incremento es el mayor aprobado para el sector de la salud”.

“Ahora nos toca el desafío de ejecutarlo de manera eficiente y rápida, atendiendo a las grandes prioridades que los bolivianos tenemos en esta materia”, dijo.

Tras la huida de Evo Morales a México, bajo acusaciones de fraude electoral que lo llevaron a perder el apoyo de las fuerzas armadas, el Gobierno interino de Áñez desmanteló el programa de salud montado con La Habana.

El régimen de la Isla sacó del país a más de 700 trabajadores alegando razones de seguridad, pero La Paz reveló más tarde que buena parte de ellos no eran profesionales de la salud.

La venta de servicios profesionales, principalmente médicos, es la fuente de ingresos fundamental del Gobierno cubano que, como en el caso de Bolivia, se queda con la mayor parte del monto que pagan en salario los países de destino.

Ese esquema de explotación ha sido denunciado internacionalmente por organizaciones y varios gobiernos.

En noviembre de 2019, dos relatoras de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidieron a La Habana explicaciones sobre lo que —advirtieron— podrían constituir condiciones de “trabajo forzoso (…), una forma contemporánea de esclavitud”, en el caso de los médicos enviados por el Gobierno cubano a “misiones” en el exterior.

El reclamo de las relatoras especiales sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Urmila Bhoola, y sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Maria Grazia Giammarinaro, siguió a una denuncia presentada en mayo de 2019 ante la ONU por la organización Cuban Prisoners Defenders

Esa denuncia incluyó pruebas y 110 testimonios de médicos cubanos sobre los abusos a los que han sido sometidos por el Gobierno de la Isla.

Cuban Prisoners Defenders también ha llevado el caso de los médicos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y ha acusado a Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios de “crímenes de lesa humanidad”.

Investigaciones como la realizada por DIARIO DE CUBA en 2018 han mostrado además la implicación de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el esquema de explotación de los profesionales de la salud de la Isla, al menos en el caso de Brasil.