Los empresarios, por su parte, tacharon de «ocurrencia» esta propuesta y aseguraron que no está en la mesa del diálogo social.
Teresa Sánchez Vicente | Trabajar cuatro días y librar tres, así es la semana laboral que estudia regular el Gobierno en España en plena crisis económica y del tejido empresarial por la gestión de la pandemia, tal y como avanzó ayer el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. A pesar de que esta misma semana se rechazó la enmienda de Más País a los Presupuestos para que las empresas puedan acogerse a esta reducción de jornada, Iglesias no dudó en meter presión al resto del Ejecutivo de coalición y avanzó en una entrevista que Trabajo «explora» ahora esta modalidad laboral en el marco del «diálogo social». «Nosotros siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral. La propuesta es interesante y me consta que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz la está estudiando, y en el marco del diálogo social se va explorar porque favorecería sin duda la generación de empleo», añadió.
La propia Díaz -ministra de Unidas Podemos- recordó este viernes tras clausurar un acto sobre economía social que en el programa del Gobierno de coalición se incluyó la intención de reordenar los usos del tiempo de trabajo y que este tema se debatirá cuando se lleve a la mesa de diálogo social. «Este debate no está todavía sujeto en la mesa de diálogo social, pero es el debate del presente y del futuro, en el sentido de que hay que reordenar los tiempos y adaptar la jornada a la vida de las personas», explicó Díaz. Además, la titular de Trabajo precisó que se tratará no solo el tema de la reducción de la jornada de trabajo sino también aquellos relacionados con las horas extraordinarias o la distribución irregular de la jornada en cuanto a la flexibilidad. «Es un debate complejo que va a ocupar el nuevo tiempo de las relaciones laborales», insistió la ministra de Trabajo, quien apuntó también que no considera que haya inconveniente porque «todos los países están debatiendo sobre el uso del tiempo en el mundo de la empresa».
En un contexto en el que los pequeños y medianos negocios calculan pérdidas de 60.000 millones de euros en 2020, los empresarios tacharon de «ocurrencia» esta propuesta y aseguraron que no se ha llevado a la mesa del diálogo social. El vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, consideró que la implantación de la semana laboral de cuatro días es una «quimera» con «la que está cayendo» en el tejido empresarial español. «Las ocurrencias a la mesa de diálogo social, donde se sientan los que pagan nóminas y los representantes de quienes las cobran. Respeto al diálogo social», instó Amor en Twitter. «Esto no se ha planteado en ningún momento en la mesa del diálogo social, es una ocurrencia, no hay conocimiento por parte de los agentes sociales», puntualizó Amor tras ser preguntado al respecto . «Este país tiene problemas mucho más importantes con la situación que están pasando sectores como la hostelería y los autónomos», añadió.
Inversión de 50 millones
La enmienda presentada -y rechazada- por el partido liderado por Íñigo Errejón planteaba una inversión de 50 millones de euros en incentivos a las empresas que se acogieran a esta semana laboral de 32 horas. Durante su intervención, Errejón argumentó que su enmienda contiene «un proyecto piloto» para que las compañías que así lo elijan puedan realizar acompañadas la transición hacia esta semana laboral de cuatro días o 32 horas, según la conveniencia.
El líder de Más País no se ha dado por vencido y volverá a presentar la enmienda en el Senado tras el rechazo en la Cámara Baja. Asimismo, Errejón calificó de «buena noticia» que el Ejecutivo esté analizando esta iniciativa a pesar de que no logró introducirla como enmienda en las cuentas públicas.
Evitar desplazamientos
Durante los meses de confinamiento estricto, diversos organismos se posicionaron a favor de esta medida para restringir los desplazamientos de los trabajadores y en consecuencia, los contagios. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, fue una de las primeras en plantear la posibilidad de introducir en su país esta semana laboral de cuatro días como forma de impulsar el consumo tras las restricciones de la primera ola de la pandemia.
La principal patronal de Japón, Keidanren, también ha recomendado a las empresas que introduzcan esta medida junto con el trabajo en remoto y los turnos rotatorios con el fin de evitar aglomeraciones en el transporte publico. En Alemania, el sindicato más grande del país, IG Metall, ha puesto sobre la mesa de diálogo la semana laboral de cuatro días como forma de adaptación a las nuevas necesidades productivas y para salvar empleos en la industria.
Dentro de España, UGT ya propuso hace unos meses la implantación de la semana laboral de cuatro días y otro de formación. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha remarcado en varias ocasiones la importancia de implantar la semana laboral de 32 horas para ayudar a la reconstrucción industrial del país.
Pioneros en España
En España ya hay compañías que han optado por su cuenta por esta semana laboral. La pionera en nuestro país fue Software Delsol, localizada en Mengíbar (Jaén). Desde la compañía explican que una mayoría de los empleados trabajan de lunes a jueves, pero que el personal de atención al cliente se distribuye el día libre de forma rotatoria. Ningún miembro de la plantilla ha visto reducido su salario tras la implantación de esta medida. En conversación con ABC hace unos meses, el responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de Software Delsol, Juan Antonio Mallenco relataba que la experiencia había sido «súper positiva».
«El absentismo laboral era bajo, pero se ha reducido todavía más. Además, el horizonte laboral que se ve al comenzar a trabajar los lunes es menor y esto implica una motivación psicológica. No se han tocado ingresos, seguimos cobrando lo mismo y se mantiene la subida salarial anual establecida en convenio», remarcaba.
Así ha funcionado reducir la semana laboral en el resto de países europeos
Algunos de nuestros vecinos europeos tienen en vigencia semanas laborales inferiores a 40 horas, mientras otros lo experimentan
Ivannia Salazar | La propuesta del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, de reducir la semana laboral de 40 a 32 horas no es una «rara avis» en Europa, ya que entre nuestros vecinos existen antecedentes. Desde propuestas locales en Alemania de reducir horario de trabajo de ocho a seis horas, hasta el «fracaso» de las 35 horas semanales en Francia.
Alemania, en experimentación
En 2015, la ciudad alemana de Hamburgo realizó un primer experimento en el que 70 enfermeras y cuidadores pasaron de una jornada laboral de 8 horas a solo 6, manteniendo el mismo salario. Tras 18 meses, el personal municipal registraba menos bajas por enfermedad y aumentó su productividad, organizando hasta un 85% más de actividades con los ancianos de los que se ocupaba, pero solo la prueba piloto costó 1,3 millones de euros al ayuntamiento, para cubrir las horas que quedaban vacías. El concejal que promovió la idea, Daniel Bernmar, resumió: «queda claro que todo funciona mejor con una jornada de 6 horas, pero que no nos lo podemos permitir sin subir los impuestos».
En 2018, el sindicato IG Metall llegó con la patronal a un acuerdo para dar la posibilidad a parte de sus 2,3 millones de afiliados de optar por una semana de 28 horas durante dos años, prorrateando su salario, o por jornadas de 40 horas para lo que deseasen «tapar huecos productivos». Más de 700 empresas en sur de Alemania participan en ese segundo experimento, entre ellas Daimler, ZF y Bosch, pero han sido proporcionalmente muy pocos los trabajadores interesados, de manera que la herramienta había ido quedando en desuso hasta la llegada del coronavirus.
Entre la batería de medidas tomadas por el gobierno alemán contra la recesión, figuran las subvenciones a las jornadas reducidas, a las que las empresas se han adherido en gran porcentaje debido al parón productivo. Esta fórmula fue ideada por primera vez por Volkswagen, que atravesó la profunda crisis en la década de 1990 gracias a la semana de 28,8 horas acordada con el sindicato. El gobierno de Merkel aplicó ya también esta receta en la anterior crisis, a partir de 2008, y volvió a tener éxito. En Alemania, por tanto, no hay ERTEs, sino reducciones de jornada con ayuda estatal para compensar la pérdida de salario. Y el sindicato IG Metall reivindica ahora que la figura quede fijada en los convenios y que se extiendan esas subvenciones durante dos años, dado que sin la ayuda estatal, la jornada de 28 horas ha demostrado no ser viable ni para los trabajadores ni para la industria. La patronal de la industria parece abierta a la idea, mientras el sector servicios es reticente.
La ley laboral danesa marca en 37 horas el máximo de horas semanal, aunque según la OCDE la media realizada por cada empleado danés es de 33. En el país nórdico el Gobierno busca primar la flexibilización de horarios con el objetivo de que los trabajadores puedan conciliar trabajo y familia. Además, con la misma finalidad es posible conseguir contratos de 25 horas que permitan no desengancharse del mercado laboral.
Francia, aún con secuelas
La introducción de la semana laboral de 35 horas, a partir del año 2000, se tradujo, en Francia, en destrucción de empleo, aumento del paro, incremento de la precariedad, bajada de la competitividad y agravación de los déficits públicos.
Desde hace veinte años, sucesivos gobiernos de izquierda y derecha han intentando «compensar», «aliviar» y «recortar» los efectos perversos de la transición de la semana laboral de 39 a 35 horas. En vano. Los artilugios fiscales y administrativos han creado nuevos problemas, complicando y deteriorando los servicios públicos.
En Reino Unido, a debate
En Reino Unido hay actualmente en marcha una campaña para promover la semana laboral de cuatro días. Según un estudio de Autonomy, un «think thank» que la apoya, este cambio en la jornada podría ayudar a crear medio millón de puestos de trabajo. Además, una encuesta de YouGov reveló que el 63% de la población está a favor de esta idea, que también cuenta con el apoyo de algunos políticos, como el parlamentario laborista John McDonell.