El Gobierno se prepara para hacerse con el negocio de los ‘mensajeros de la bodega’ en La Habana

Mandao Express es un negocio privado en Cuba dedicado a la mensajería con servicio a domicilio al estilo de Uber Eats. El emprendimiento se dedica a entregar comida de varios restaurantes y las compras del supermercado.

La Habana (Jorge Enrique Rodríguez / DDC) – El servicio de mensajería para productos racionados y controlados mediante la cartilla de racionamiento en Cuba podría sufrir cambios que afectarán a aquellos cubanos que durante las últimas décadas han tenido en esa actividad su única fuente de ingresos.

Trabajadores y administrativos de Comercio Interior en La Habana fueron convocados en días pasados para una reunión, en la sede del Comité Municipal del Partido Comunista en el municipio Cerro, donde se les informó sobre una nueva “estrategia” para “legalizar” el servicio de mensajería de los “mandados de la bodega”. En la práctica, esto significa que el Gobierno ha decidido apoderarse de la actividad.

Según directivos de la entidad, Comercio Interior tiene en La Habana “más de 3.000 empleados que debe reubicar”, pues quedaron interruptos con la agudización de la crisis económica durante la pandemia de Covid-19, dijo un trabajador presente en la reunión. “La propuesta es crear un servicio de mensajería que genere ingresos (al Estado) pues, según se planteó, existen muchos mensajeros que no pagan licencia”, agregó el trabajador, quien pidió no ser identificado por temor a perder su puesto.

“Se nos informó que ya se han comprado triciclos, uniformes y se hizo el diseño de las identificaciones; que solo falta evaluar cuánto le van a cobrar la licencia a los nuevos mensajeros”, explicó.

“El primer paso del programa sería, según indicaron, ir por cada casa para que los usuarios se afilien a la empresa de Comercio y soliciten el servicio de mensajería de los productos de la libreta. Si el cliente quiere que dentro del servicio se incluya también el gas, los medicamentos de la farmacia o compras en otra entidad comercial, sería para el mensajero”, añadió.

Como salario básico estos nuevos mensajeros devengarían unos 2.200 pesos mensuales, pero tendrían que prestar servicio a 23 núcleos familiares (libretas de racionamiento) como mínimo.

“La cuestión compleja es que, para ganarse un extra por encima de esos 2.200 pesos, y siempre que se cumpla la norma de 23 afiliados, el pago de los usuarios no debe ser en efectivo. Tienes que convencer a los clientes de que el pago de mensajería lo hagan online, a través de las aplicaciones EnZona o TransferMóvil, para que ese porciento que descuenta el banco por cada transacción que haces utilizando estas redes sea también parte de tu ganancia”, relató el trabajador.

Comercio Interior planea cobrar 150 pesos mensuales a cada afiliado al servicio. Varios de los trabajadores presentes en la reunión alegaron que muchos clientes, especialmente quienes dependen de la chequera de jubilación o de la asistencia social, lo considerarán caro, teniendo en cuenta el actual costo de la canasta básica, sumado al de otros servicios públicos como el agua potable, la electricidad, el gas y los medicamentos, que subieron de precio tras la llamada Tarea Ordenamiento.

Según el trabajador, una de las funcionarias que presidió la reunión argumentó que una parte considerable de cubanos de la tercera edad reciben remesas familiares desde el extranjero.

Además de la posible reubicación de trabajadores que quedaron interruptos durante la pandemia, los funcionarios argumentaron que la forma en que se realiza este tipo de mensajería actualmente se considera “una perdida para el Estado”.

Teniendo en cuenta el precio del servicio previsto por los funcionarios (150 pesos), la obligación de tener 23 clientes y el pago del salario de 2.200 pesos a los mensajeros, el Estado obtendría ahora 1.250 pesos mensuales por el trabajo de cada trabajador.

La mensajería de los mandados de la bodega es mayoritariamente una actividad de subsistencia. Julio Alberto González lleva más de 25 años realizándola en una barriada de Plaza. A mediados de los años 90, en el apogeo del llamado Período Especial, quedó desempleado como fresador en un central azucarero, y decidió dedicarse a ella. Hasta ahora, dice, ha pactado el precio del servicio con cada cliente, según su nivel económico.

“Actualmente cobro cien pesos por la mensajería de la bodega y la carnicería, y otros 50 pesos por el servicio de la balita de gas. Pero no todos pueden darse el lujo de pagar por este último, aunque parezca exagerado, porque se están viviendo tiempos de espanto en cuanto al precio de la vida misma”, dijo González. Aseguró además que su clientela no pasa de 15 familias.

“Respecto a si no tenemos licencia, y que ahora resulta que somos una perdida para el país, es puro cinismo y descaro”, opinó.

“Cuando el Período Especial, se nos veía con buenos ojos, éramos llamados solidarios y jamás se requirió ningún permiso estatal porque el pago se acordaba entre cliente y mensajero, que en definitiva eran vecinos. Ahora que las malas decisiones económicas de quienes gobiernan el país llevaron a tener una masa enorme de desempleados, quieren ponerle orden a las cosas, pero afectando a quienes llevamos décadas doblando el lomo y sobreviviendo”, criticó.

“Si de verdad tienen vergüenza, que pongan un solo ejemplo de algún mensajero en Cuba que se haya construido una casa, o comprado un carro haciendo ese trabajo”, señaló González y comparó que, sin embargo, la corrupción es frecuente entre los altos cargos de Comercio Interior en el país.  

Habaneros consultados sobre este programa coincidieron en expresar sus reservas.

“Lo primero es que saldremos perjudicados los jubilados y las personas que son pensionadas por determinadas situaciones, pues afiliarse a un programa que para empezar requiere pagar a través de aplicaciones de internet, significa que hay que pagar a ETECSA también”. El monopolio estatal de las telecomunicaciones “no ofrece los megas de manera gratuita”, señaló Teresa Miranda Jiménez, especialista en Recursos Humanos jubilada y vecina del Cerro.

“Por tanto, aunque el programa tenga como positivo la reubicación laboral de trabajadores de Comercio que quedaron sin empleo por un motivo u otro, el incremento de ingresos (del Estado) y la legalización de un servicio, no puede pasarse por alto que dicho programa está vistiendo a un santo, para desvestir otro”, añadió.

Señaló también “la complicación de los pagos online”. Esto “implica tener un teléfono celular óptimo, y no pueden perder de vista que, si cara es la canasta básica y lacerante cualquier gasto extra como la propia mensajería, carísimas son las ofertas de paquetería de datos que ofrece ETECSA”.

“Si es cierto lo que plantearon en esta reunión, respecto a que la verdadera ganancia e ingreso no está en el pago en efectivo sino online, entonces estamos ante otra medida económica que incrementa más el apartheid o la discriminación. Los cubanos más pobres tampoco cabrán en esa fórmula”, concluyó Miranda Jiménez.