Anteponer la propaganda a las necesidades de la población es uno de los fundamentos de la subsistencia del régimen cubano
Madrid – Cincuenta mil empleados en más de 60 países e ingresos que rondan los 11.000 millones de dólares al año. Estas no son las cifras de una multinacional, sino de las exportaciones de servicios del Estado cubano.
A imagen y semejanza de un emporio capitalista, el Gobierno de la Isla ha llevado a cabo en las últimas décadas una política de implantación a nivel global, en los nichos de mercado donde posee pericia y una mano de obra cuantiosa.
Esta estrategia suele pasarse por alto cuando se habla del envío de médicos cubanos al extranjero. Se trata ante todo de una maniobra económica, con fines de lucro, y no, como suele exaltar la propaganda oficial, de un gesto de solidaridad.
Si bien durante las décadas del «internacionalismo proletario» el régimen socialista asumía los costos de programas de enseñanza y salud en países del Tercer Mundo, desde la desaparición de la URSS (y de sus ingentes subsidios) la experiencia y la reputación adquiridas por los profesionales cubanos en dichas áreas pasaron a convertirse en recursos fundamentales para abrir nuevos mercados.
Efectos perversos
El negocio de la solidaridad, más allá de la confusión semántica, entraña efectos perversos. El Gobierno insiste en que las «misiones» contribuyen a financiar los logros de la Revolución, pero dada la opacidad en la gestión de los presupuestos y recursos nacionales cabe preguntarse si los ingresos recaudados por esta vía se están invirtiendo plenamente en ello.
Instalaciones vetustas, ausencia de personal, falta de medios para la atención al paciente, se encuentran entre las quejas constantes de la población cubana respecto al sistema de sanidad. El deterioro de los servicios públicos (educación, salud) es evidente en el país. No parece pues que la exportación en estos rubros compense semejante degradación.
Se estaría, por lo tanto, desvistiendo un santo para vestir otro. La oferta de servicios en el exterior se está haciendo en desmedro de los cubanos. Pero esto no es nuevo: anteponer la propaganda a las necesidades de la población es uno de los fundamentos de la subsistencia del régimen.
La imagen de pequeño país pobre y, sin embargo, solidario, le asegura en la escena internacional un capital simbólico nada desdeñable.
El otro riesgo entraña en la producción acelerada de profesionales para responder a la demanda internacional, lo cual repercutiría negativamente en el nivel del personal médico. En los últimos años, en países como Brasil, Costa Rica o Chile, la preparación de los cubanos ha quedado en entredicho cuando han intentado revalidar sus títulos.
No sería de extrañar que en la Isla el imperativo económico esté primando sobre los requisitos de la formación. A corto plazo será, una vez más, la población cubana quien pagará tal regresión.
La estrategia del chantaje
Otro punto espinoso son las altas retenciones de los salarios (entre 50% y 75%) aplicadas por el Gobierno. No es de recibo la excusa de que aún así se les proporciona a estos profesionales unos ingresos superiores al promedio nacional.
Es justamente la indigencia de los salarios con que el Estado cubano retribuye a sus empleados, lo que empuja a los médicos a participar en las «misiones» para compensar una situación económica deplorable.
Pero es en el extranjero donde la condición de los médicos cubanos se vuelve realmente vergonzosa. Que décadas de sacrificio colectivo hayan creado una población capaz de sortear todo tipo de penurias y, por lo tanto, que los profesionales cubanos logren sobrevivir con los sueldos que reciben en los países de acogida, no hace que estos sean menos irrisorios.
Un juez brasileño no dudó en definir este tipo de contratación como una «forma de trabajo esclavo».
Esta expoliación sistemática se basa, en primer lugar, en la ausencia de sindicatos independientes, reconocidos por el Estado, que puedan defender los intereses gremiales y negociar acuerdos con el Gobierno (o los contratistas de turno) respecto a la retribución y a las condiciones laborales.
Y, por otra parte, en la ausencia de un sistema impositivo transparente y claramente regulado a escala nacional. La sustracción de la mayor parte del sueldo no corresponde a un impuesto, sino a una requisa arbitraria.
Un doble chantaje atenaza pues a los enviados cubanos al extranjero: la precariedad de las condiciones de vida en la Isla y las represalias —prohibición de volver al país, por «deserción», durante ocho años— si se desvinculan de las obligaciones contraídas con el Gobierno.
Esto es sintomático de un poder que se ha afianzado mediante la militarización y el uso instrumental de la sociedad.
Punto acápite
Poner en tela de juicio los resortes de un régimen autoritario que se ufana de altruista, no supone la exaltación del egoísmo chovinista. Tampoco es oponerse a las distintas formas de solidaridad que se establezcan entre individuos o sociedades.
Debido al sacrificio colectivo y continuo que ha significado la perpetuación en el poder de la vieja guardia revolucionaria en Cuba, lo lógico sería consultar a la población respecto al envío de contingentes profesionales al extranjero (cuántos, en qué sectores).
Esto supondría una rendición de cuentas ante la sociedad, por parte del Gobierno, de la situación actual, por ejemplo, del sistema de salud: cuál es el personal médico sobrante, en qué especialidades, qué infraestructuras necesitan (o no) atención inmediata, cómo se están empleando los fondos acumulados gracias a la exportación de servicios médicos.
Puesto que se trata de un tema social de primer orden —la sanidad pública—, sería necesario un debate que comprenda al conjunto de la sociedad (y no solamente a los estamentos del régimen).
Nada de ello contravendría el impulso solidario que supuestamente el régimen encarna. Pero se haría según las posibilidades de una sociedad que no cuenta entre las más prósperas del planeta.
Desgraciadamente, esbozar esta idea es entrar en la política-ficción, pues su realización supone justamente aquello de lo que Cuba carece por completo: un Estado de Derecho que garantice las libertades de los ciudadanos.