El nuevo Código del Trabajo en Cuba perpetúa control estatal, ignora soluciones reales y recicla clichés ineficaces ante la crisis laboral.
La Habana (Sindical Press) – El nuevo Código del Trabajo proyectado en Cuba, previsto para entrar en vigor en 2025 según declaraciones de Yiseilis Ferrer Mariño, directora jurídica y de relaciones internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se perfila como insuficiente para atender las necesidades de las fuerzas productivas, tanto estatales como no estatales, al no fomentar un entorno más propicio para el desarrollo de sus respectivas actividades.
El marco normativo, previamente elaborado para su próxima aprobación, sustituye el anterior que data del 2013.
Entre los aspectos más relevantes de la actualización destaca la intención de implementar de manera expedita el macroprograma de Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social. Este plan tiene como propósito garantizar el acceso a servicios sociales de calidad, mejorar las condiciones de vida de la población, fomentar el trabajo digno y la seguridad social, prevenir la violencia, atender a las personas en situación de vulnerabilidad, promover la igualdad de género y combatir el racismo y la discriminación.
El actual panorama económico, social y laboral en Cuba, plagado de innumerables contratiempos, abre de par en par las puertas al fracaso de las iniciativas agendadas. Al analizar las diversas aristas del nuevo proyecto de Código del Trabajo, se multiplican las dudas respecto a su viabilidad. Lo que en teoría podría parecer prometedor no es más que la antesala de resultados profundamente cuestionables.
Control disfrazado de integración
Una de las interrogantes fundamentales radica en las verdaderas intenciones de integrar en una única estructura a trabajadores estatales y privados. No hace falta ser experto para percibir la clara determinación de crear un mecanismo de control sobre quienes laboran en mipymes y actividades por cuenta propia. Paralelamente a las aparentes flexibilizaciones, se refuerza la intervención estatal en el funcionamiento de estas gestiones laborales, que actualmente sustentan a más del 13% de la población activa.
Las acciones de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC) apuntan en la misma dirección, promoviendo la creación de comités del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas dentro de las mipymes, con el fin de garantizar la “unidad”. Además, los llamados a la sindicalización responden al mismo propósito. El exhaustivo escrutinio de los contratos y la obligatoriedad de reportar los ingresos de forma detallada, también se contemplan en la iniciativa legal.
Las acciones de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC) apuntan en la misma dirección, promoviendo la creación de comités del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas dentro de las mipymes, con el fin de garantizar la “unidad”. Además, los llamados a la sindicalización responden al mismo propósito de supervisión. A esto se suman la obligatoriedad de reportar ingresos detallados y las estrictas inspecciones, componentes clave de esta iniciativa legal.
La política de desconocer la existencia de sindicatos independientes persiste, en abierto desafío a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los defensores de la libertad sindical dentro de Cuba cuestionan no solo la funcionalidad del nuevo Código, sino también cualquier mejora tangible en los derechos de los trabajadores, señalando que este representa otro intento por consolidar las estructuras centralizadas del sistema.
El interminable ciclo de las regulaciones
El Decreto-Ley 90/2024, que supuestamente busca “ordenar y perfeccionar” el trabajo por cuenta propia y las mipymes, refuerza esta estrategia de control. Aunque se presenta como una herramienta para mejorar la operatividad de estos sectores “de manera legal y organizada”, las medidas impuestas limitan la diversificación empresarial, restringen el crecimiento y sugieren un fortalecimiento del control estatal.
Entre los nuevos preceptos destacan la reducción de categorías autorizadas, lo que limita la diversificación de negocios en sectores estratégicos como el turismo y la tecnología, y la imposición de límites en la contratación de empleados. Además, el decreto exige a los trabajadores por cuenta propia la presentación de reportes detallados de ingresos, gastos y operaciones, acompañados de inspecciones más frecuentes y multas significativas en caso de incumplimientos. En cuanto a las obligaciones tributarias, se introducen nuevos requisitos fiscales, como aumentos en las tasas impositivas para negocios que superen ciertos umbrales de ingresos, lo que ha generado críticas por incrementar la carga sobre los pequeños emprendedores.
Estos controles no solo desmotivan a los empresarios, sino que también obstaculizan el desarrollo económico y perpetúan el estancamiento. A esto se suma el uso potencial de estas normativas como mecanismos represivos contra quienes se atrevan a expresar opiniones críticas al gobierno, como ha denunciado la organización Cubalex.
La exclusión sindical no es un asunto menor en el escenario regulatorio, ya que los trabajadores de la mypimes, al no contar con una representación independiente, se exponen a las consabidas arbitrariedades de las instituciones estatales.
Reformas irrelevantes y continuismo asegurado
Las reformas propuestas en los contratos estatales evidencian un balance nefasto. La pretendida flexibilización de horarios en sectores como salud y educación carece de ajustes proporcionales en los salarios. Además, los despidos de trabajadores “no esenciales” para redistribuir recursos agravan la vulnerabilidad de muchas familias, ampliando las desigualdades en un contexto de crisis inflacionaria y pérdida del poder adquisitivo.
El incremento de la desigualdad salarial queda también de manifiesto, ya que los aumentos se reservan exclusivamente para sectores estratégicos como el turismo y la generación de energía, profundizando las disparidades en un entorno de escasez crónica.
Por último, la regulación de contratos temporales en sectores como la agricultura y la construcción fomenta la precariedad laboral. Aunque presentada como una medida para estimular la producción, esta normativa priva a los trabajadores temporales de acceso pleno a pensiones y seguridad social, exponiéndolos a riesgos existenciales aún mayores en un contexto socioeconómico crítico.
Conclusiones
Al margen de la terminología inclusiva y los puntuales tecnicismos, el nuevo Código del Trabajo se perfila como otro ejercicio frívolo en medio de una crisis que exige, con urgencia, una reformulación de las jerarquías hacia la descentralización económica. Es imprescindible avanzar hacia un modelo sostenible, que garantice la eficiencia productiva y el bienestar proporcional al esfuerzo de los trabajadores, lejos de las trabas burocráticas y los condicionamientos ideológicos.
El reciclaje de clichés por parte de los “sesudos” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no puede ocultar la naturaleza represiva y antiproductiva de estas medidas. La supuesta “novedad” del Código no es más que un intento fallido de maquillar las políticas obsoletas que perpetúan el control centralizado y el estancamiento económico.
Son tiempos de ponerle fin a las ridículas poses de presentar las regulaciones y los amagos reformistas como parte de un programa de soluciones a los ingentes problemas que afectan a casi la totalidad de la población laboralmente activa.