Una cooperativa debe de ser el resultado de la iniciativa de sus asociados y no el fruto de la coacción.
La Habana, Cuba | Cuba Sindical Press – Por estos días hemos presenciado un anuncio gubernamental en aras de mejorar el trabajo de las cooperativas agropecuarias del país en sus tres versiones: las cooperativas de producción agropecuaria (CPA), las cooperativas de créditos y servicios (CCS), y las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC).
Directivos del Ministerio de la Agricultura dieron a conocer las nuevas disposiciones, que tienen como objetivo, según el propio discurso oficial, “liberar al máximo las fuerzas productivas del sector agropecuario y forestal”.
Y es que, en verdad, no ha sido nada efectivo el desempeño de las cooperativas, sobretodo por falta de autonomía.
Existe un elemento que por sí solo refleja el declive experimentado por las cooperativas agropecuarias en el país. Nos referimos a la disminución de este tipo de organizaciones productivas, en muchos casos como consecuencia de una autodisolución motivada por una ineficiencia generalizada.
Tomemos como ejemplo el quinquenio 2014-2018. Según cifras aportadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en el año inicial del referido lapso existían 1754 UBPC, 903 CPA, y 2504 CCS. Sin embargo, ya en 2018 esas entidades habían bajado a 1529, 879 y 2468 respectivamente. Y ahora en 2019 las cifras han continuado descendiendo, pues de acuerdo con un trabajo aparecido en el periódico oficialista Trabajadores (edición del lunes 27 de mayo), habían 1496 UBPC, 869 CPA, y 2463 CCS.
Pero mencionemos algunas de las medidas anunciadas recientemente.
Entre estas, destacan la posibilidad de que las cooperativas gestionen directamente, sin la tutela de las empresas estatales a las cuales se hallan vinculadas, sus créditos e insumos productivos. Además, se les permitirá la venta de sus producciones a las formas privadas de comercialización, tras cumplir con el encargo estatal –lo que constituye un reconocimiento tácito de la ineficiencia del sistema de acopio gubernamental. Por otra parte, también podrán contratar directamente la fuerza de trabajo que requieran.
Sin dudas, son medidas que podrían mejorar el desempeño del sector cooperativo si se aplicaran sin restricciones. Sin embargo, no podemos obviar la presencia de una especie de “pecado original” que hasta el momento ha impedido que políticas anteriores tendientes a favorecer a las cooperativas hayan conseguido resultados positivos.
Nos referimos a la desnaturalización con que ha transcurrido el proceso de creación de las cooperativas agropecuarias, en especial las UBPC y las CPA. Porque una cooperativa debe de ser el resultado de la iniciativa de sus asociados, y no el fruto de la coacción de los gobernantes.
Las UBPC surgieron en los años duros del período especial, cuando el gobierno conminó a los obreros agrícolas de las granjas estatales, sin opciones reales de llevar adelante una auténtica propiedad de grupo, a integrarse a esas cooperativas paraestatales. Al parecer, la cúpula gubernamental no deseaba más responsabilidad directa en una gestión que solo conocía del fracaso.
El caso de las CPA fue más patético. Porque muchos de sus miembros fueron aquellos que Fidel Castro les entregó la propiedad de las tierras durante la promulgación de la Ley de Reforma Agraria en 1959. Años después esos campesinos “debieron renunciar” a la propiedad de las tierras para integrarlas a las CPA. Todo bajo la consigna gubernamental de que se pasaba a “formas superiores de producción”.
Entonces no es difícil inferir que nos hallemos ante cooperativistas que, forzados a cumplir orientaciones venidas “de arriba”, carezcan del sentido de pertenencia que no puede faltar en una verdadera cooperativa.