El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas expone métodos de tortura en cárceles, basándose en testimonios de ex presos políticos.
Madrid (Raúl Medina Orama / DDC) – Más de una década después de su destierro, el activista y periodista independiente Normando Hernández es perseguido por el recuerdo de las torturas que vio -y sufrió- durante sus siete años y cuatro meses como preso político de Fidel Castro. Él fue uno de los 75 disidentes y periodistas detenidos durante la “Primavera negra” de 2003. Estuvo tras las rejas hasta su excarcelación en 2011, cuando fue forzado al destierro.
“Me dieron con tonfas, me tiraron escaleras abajo, me arrastraron pasillos enteros entre cuatro y cinco guardias. (…) Desde que salí de la prisión, es extraña la semana en que no tenga una pesadilla relacionada con algún maltrato o situación vivida allá adentro”, dijo Hernández en conversación con el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC).
Tampoco olvida “una de las torturas más comunes” que conoció dentro del sistema penitenciario: “el uso que dan a las celdas de aislamiento, que las sufren todos los presos, no solo los políticos”.
En esos lugares angostos, explica el opositor, suelen “esposar con ‘shakiras’ (cadenas que te inmovilizan manos y pies), acostarte en el piso casi en posición fetal y dejarte tirado allí, en una celda oscura, donde las ratas, cucarachas y mosquitos hacen de ti una presa fácil. Te tiran cubos de agua fría en las noches, en esas celdas húmedas. Cuando te quitan estas esposas tus miembros están entumecidos y no puedes incorporarte ni caminar por tantas horas que te dejaron en esa posición”.
Las autoridades cubanas niegan estas denuncias, pero lo cierto es que tales prácticas, y otras que también son violatorias de los derechos de los reclusos, no han quedado en el pasado. Entre el 1º de enero y el 10 de octubre de 2024, el CDPC registró 111 eventos en centros penitenciarios que implican algún tipo de tortura física o golpiza contra reclusos. Estos incidentes, que deben ser entendidos como un subregistro del total posible, ocurrieron en 38 prisiones de 15 provincias del país.
Cuerpos castigados
De acuerdo con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la tortura es “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto (…), o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación”.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) establecen que “ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, (…) y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario”.
Durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba en la ONU, en noviembre de 2023, el fiscal cubano Dixan Fuentes Guzmán aseguró que en el país “están totalmente prohibidas las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Quien mire una parte de la legislación cubana reciente podría creerle al funcionario.
El artículo 51 de la Constitución de 2019 señala que “las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”. Mientras, el Código penal vigente desde diciembre de 2022 establece penas de entre siete y 20 años de cárcel para cualquier funcionario público que torture o inflija “dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales”, para obtener “una confesión o información”, o como forma de castigo.
Sin embargo, la realidad de las prisiones indica que la ley en Cuba es letra muerta y, en cambio, predomina la impunidad de los agentes del Ministerio del Interior (Minint) y otras instituciones estatales.
Entre el 1 de enero y el 10 de octubre de 2024, el CDPC registró 73 víctimas de tortura física en prisiones cubanas, incluyendo 38 presos políticas. También contabilizó 18 denuncias de torturas y golpizas aplicadas de manera general a una población penal. Los centros penitenciarios con más denuncias de torturas son 1580 y Combinado del Este (La Habana), Boniato (Santiago de Cuba), Quivicán (Mayabeque) y Guamajal Hombres (Villa Clara).
Según Laritza Diversent, directora del Centro de asesoría legal Cubalex, “la tortura es práctica común en Cuba”. En declaraciones a DW, mencionó métodos como “interrogatorios de más de cuatro horas, a veces utilizando técnicas como la exposición a altas y bajas temperaturas. Golpizas tampoco faltan”.
En efecto: el disidente Mario Alberto Hernández Leyva, de 54 años, ha denunciado en meses recientes haber sufrido golpizas y encierros en celdas de castigo en la Prisión 1580, ubicada en San Miguel del Padrón (La Habana).
José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), al que pertenece Hernández, recordó en diálogo con el CDPC otra de las torturas aplicadas a su compañero, a quien visitó hace unos años en una prisión de Holguín para llevarle medicamentos, “porque lo habían dejado casi inválido”: “todos los días lo colgaban de una cama con unas esposas porque no quería vestirse de preso ni poner las manos detrás. El único apoyo que tenía para pararse era la punta del pie. Como consecuencia, todos los tendones se le jodieron”.
El líder del MONR también fue expuesto a varias torturas antes de su destierro en 2022: “Estuve dentro de una patrulla bajo el sol, por horas. He recibido golpizas. Han simulado que me van a asesinar con pistola, con policías prestados, con capucha en la cabeza. (…) En 2005, cuando llegué a la prisión de Agüica (Matanzas), me vistieron de preso a la fuerza y me esposaron con una técnica que le dicen ‘la guagua’: con las manos detrás, encadenado a una reja. Ahí estuve desde las dos de la tarde hasta entrada la noche”.
Un aumento tras el 11J
Un aumento considerable de las denuncias de torturas se produjo tras las protestas de julio de 2021 (11J). Mario Miguel García Piña, un manifestante pacífico detenido en la provincia de Mayabeque, dijo al CDPC que lo torturaron durante su traslado desde la estación policial de Bejucal al centro de detención conocido como el Técnico de San José.
“Cuando llegamos (…) a mí me dejaron dentro de la patrulla, con un calor tremendo. Ya había escuchado sobre ese tipo de tortura: la patrulla horno. Allí estuve más de una hora. Tenía mucha sed. Pedí agua y no me hicieron caso, no me la dieron hasta el día siguiente”, dijo García.
Luego fue llevado a la conocida como “Prisión del SIDA”, en San José de las Lajas, donde fue humillado y presenció torturas a otro manifestante: “Había un portal repleto de guardias de ambos sexos, uniformados. Nos desnudaron delante de todos. A los que estábamos enfermos [con covid-19] no nos tocaron, pero a un muchacho lo molieron a golpes delante de mí”.
García Piña recuerda que, durante las dos semanas que estuvo en detención arbitraria, “a varios presos los sacaban de madrugada a marchar y les obligaban a gritar ¡Viva Fidel!, ¡Viva la Revolución! Los amenazaron con golpearlos si no lo hacían. Nosotros escuchábamos los golpes en la celda”.
Dariel Ruiz García, una persona con discapacidad detenida en agosto de 2021 tras participar en un cacerolazo de protesta, también ha denunciado que en la Prisión del SIDA se maltrata a los reclusos. “Cuando me bajé de la perseguidora, los dos esbirros que me conducían me llevaron arrastrado frente a una pared, me dijeron que no mirara atrás y me dieron golpes. Supongo que no querían que mirara para no poder identificarlos”, dijo en entrevista con el CDPC.
En 2022, el Comité contra la Tortura solicitó a Cuba “investigar de modo pronto, independiente, y exhaustivo, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables del uso excesivo de la fuerza y malos tratos ocurridos durante las protestas sociales del 11 de julio de 2021”. La petición del órgano de la ONU se fundamentó en las denuncias de “golpizas, insultos, amenazas de carácter sexual, registros corporales integrales, aislamiento en celdas oscuras, uso de gas pimienta, exposición a altas temperaturas dentro de vehículos policiales, y abandono de personas retenidas en zonas remotas”.
En marzo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Julián Manuel Mazola Beltrán, condenado a cinco años de privación de libertad por las manifestaciones de 2021, por considerar que “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”.
Entre las causas del amparo solicitado por la CIDH está que fue torturado en la prisión de Guanajay, provincia de Artemisa, mediante golpizas y un método conocido como “la bicicleta”, que consiste en lanzar de lo alto de escaleras a los reclusos esposados.
Pero los presos políticos no son los únicos torturados en Cuba. Entre el 1 de marzo de 2023 y el 30 de junio de 2024, el CDPC documentó los casos de cinco reclusos fallecidos en prisiones cubanas luego de recibir golpizas.
Las actualizaciones mensuales del CDPC dan cuenta también de múltiples formas de tortura cometidas contra reclusos cubanos. En julio de 2024, a Onaikel Infante (Combinado del Este, La Habana) lo mantuvieron varios días, de forma permanente, encadenado con shakiras, mientras que a Leosbel Pérez Carbonell (Kilo 7, Camagüey) le aplicaron “el potro”, que consiste en esposar de manos y pies al recluso, acostado, y golpearlo.
En la Prisión Provincial de Las Tunas también se denunció, el pasado julio, el uso de una modalidad de esta tortura, conocida como la “cama turca”: dejan al prisionero en esta posición por varios días, sin comer y obligándole a realizar sus necesidades fisiológicas de esa manera.
En otro informe reciente, el CDPC también registró denuncias del uso injustificado, por largos períodos de tiempo y en ocasiones acompañado de violencia, de las esposas y “shakiras”, como le sucedió en mayo de 2024 a Oreste Varona (Prisión La Empresita, Camagüey), a quienes las autoridades dejaron esposado a la reja de la celda de aislamiento a la que fue enviado.
En diciembre de 2022, los presos políticos Fernando Vázquez Guerra y Virgilio Mantilla Arango (Prisión Kilo 7, Camagüey) denunciaron una tortura física similar, conocida como “crucifixión” o “potro”. Esta consiste en esposar a una reja, de manos pies, a reclusos en posición erguida, crucificada, y dejarlos allí por varios días. Según ambos presos políticos, muchos de los torturados con dicha técnica tienen padecimientos psiquiátricos y no tienen acceso a los medicamentos que necesitan.
A este método de tortura se suman otros como “la carretilla”, cuando los guardias esposan por la espalda a los reclusos y los obligan a caminar con el torso inclinado hacia adelante ylos brazos lo más arriba posible, lo que suele ocasionar que caigan de boca, tras lo cual pueden ser golpeados hasta que se levanten. Este método de tortura fue denunciado en febrero de 2024 por Jorge Félix Marrero 36 (Prisión Guamajal, Villa Clara), a quien le provocaron varias heridas.
En abril de 2024 el activista Marcel Valdés denunció otra tortura común en la Prisión 1580, consistente en abrir a la fuerza los ojos de los reclusos y rociarlos con espray irritante.
Negar atención médica como forma de tortura
Laritza Diversent, de Cubalex, también ha denunciado que “se está utilizando la alimentación y la salud, y la falta o la negación de atención médica, como forma de castigo”. Juan Carlos González Leyva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, afirma que esto es particularmente visible en el caso de los presos políticos, “mediante la limitación de sus alimentos, los encierros en condiciones infrahumanas y la inducción de enfermedades”.
Camila Rodríguez, directora del CDPC, también opina que la negación de asistencia médica y medicinas está siendo utilizada intencionalmente para causar daño a las personas presas. “Para nosotros es fundamental que se hable de la negación de atención médica como forma de tortura (…) se trata de un acto deliberado de tortura para castigar, sobre todo, a los prisioneros políticos”, dijo.
La “desatención médica como forma de tortura” ha sido descrita por el CDPC en un informe que expone los hallazgos de 16 meses de monitoreo de las prisiones (1 de marzo de 2023-30 de junio de 2024). Una denuncia común es la desatención de aquellos reclusos con condiciones médicas especiales, como pueden ser las personas que viven con VIH, enfermedades o trastornos psiquiátricos.
En enero de 2024, el preso político Samuel Pupo (Prisión Agüica) dijo que las autoridades no suministraron medicamentos para sus múltiples problemas de salud. El “reeducador” Félix Sedeño le dijo que si se moría “era un preso menos que cuidar”, denunció Pupo.
También ocurren “simulaciones médicas”. En noviembre de 2023, el ahora ex prisionero político Lázaro Yuri Valle Roca denunció que en el Combinado del Este (La Habana), recibió inyecciones de agua en lugar de los medicamentos requeridos por su condición de salud. El reportero independiente, actualmente desterrado en Estados Unidos, también habló sobre el uso de agujas despuntadas por parte de las autoridades, una práctica que incrementa el dolor de la inyección y puede provocar heridas en la piel e infecciones. Otros presos políticos como Virgilio Mantilla (Prisión Kilo 7, Camagüey) y Alexander Díaz Rodríguez (Prisión Kilo 5 y Medio, Pinar del Río), han denunciado el uso de agujas en malas condiciones.
Contra la mente y la estabilidad emocional
Otro abuso recurrente en las prisiones cubanas es apartar a los reclusos del resto de la población penal, sobre todo si tenemos en cuenta que las condiciones de aislamiento y castigo previstas en la Ley de Ejecución Penal no cumplen con los estándares internacionales establecidos por las Reglas Nelson Mandela, ha señalado la ONG Cubalex.
“La duración excesiva del aislamiento [hasta tres meses], la falta de revisión independiente y la insuficiente protección para grupos vulnerables son incompatibilidades significativas que pueden conducir a abusos y violaciones de derechos humanos. Estas prácticas no solo afectan físicamente a los reclusos, sino que también tienen un impacto devastador en su salud mental y bienestar general”, describe Cubalex.
Alfredo Felipe Fuentes, una de las víctimas de la Primavera Negra, coincide con ese diagnóstico. “Fui encerrado en una celda de castigo, aislado. Eso fue una tortura mental contra alguien en cuya sentencia no decía que maltrató físicamente o de palabra a alguien, o que mintió, o que robó”, dijo al CDPC.
“Dejarte en una celda de 1.39 metros de ancho por dos de largo, con un hueco en el piso para hacer necesidades, el día entero mirando para el techo, a ver si al otro día te sacaban un rato para otra celda a dar vueltas como un loco… eso es una tortura psicológica tremenda. Se sabe que ese aislamiento genera de todo, más aún para una persona mayor de 50 años”, agregó el ex prisionero político y exiliado.
La joven actriz y fotógrafa Iris Mariño García, detenida en Camaguey por el 11J, también ha denunciado al CDPC que los días posteriores a las protestas de 2021 estuvo en unas condiciones de tortura psicológica. “(…) Estaba en un cuarto donde las camas son de mampostería. Las condiciones eran traumáticas, porque no había un baño para bañarse ni para necesidades fisiológicas. Además, había ratones, cucarachas. Era una oscuridad total, no podía mirar la palma de mis manos. Estaba húmedo, casi una mazmorra”.
El periodista José Luis Tan Estrada no duda al describir como una “celda de tortura” el calabozo de aislamiento del cuartel de la Seguridad del Estado en La Habana, conocido como “Villa Marista”, donde estuvo recluido durante una semana en abril pasado.
“Las ventanas estaban selladas herméticamente. No veía la luz del sol, no sabía si era de día o de noche. Tenía una lámpara que no se apagaba nunca. La habitación era pequeña, estrecha. Pasaba mucho calor. Tenía una litera de hierro con un colchón finito, muy incómodo, para dormir”.
En Villa Marista fue interrogado varias veces “en un cuarto pequeño, cerrado herméticamente, con cortinas oscuras y dobles. Allí juegan con el tiempo”. También refiere que fue sometido a cambios extremos de temperatura, mediante el encendido y apagado de un split.
“Otra vez pusieron un periódico delante de mí, me sacaron de la habitación, y cuando volví a entrar había otro periódico con otra fecha, como para torturarme psicológicamente”, dijo Tan Estrada.
Según Cubalex, “el uso del aislamiento en Cuba no solo se limita al confinamiento, sino que a menudo incluye prácticas adicionales de tortura y castigo. Los reclusos pueden ser esposados en posiciones dolorosas y dejados así durante largas horas (…)”. La organización menciona el caso de la opositora Lisandra Rivera, quien fue esposada durante 26 horas sin acceso a agua ni alimentos.
Aunque Cuba es parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, no ha ratificado su Protocolo facultativo para acordar el establecimiento de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares de detención y reclusión.
En foros internacionales, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores promueven la narrativa falsa de que los actos de tortura fueron “radicalmente eliminados y prohibidos por la Revolución Cubana”, pero el régimen del Partido Comunista no permite que nadie ingrese a las prisiones para comprobarlo.