Fuerzas policiales y de la Seguridad del Estado sitian las viviendas de los opositores en San Antonio de los Baños.
Fuerzas policiales y brigadas de respuesta rápida del régimen cubano tomaron las calles del municipio San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, por temor a otra protesta tras la divulgación de las sanciones contra los manifestantes del 11 de julio, informó el Diario las Américas.
De acuerdo con el medio de prensa, varias fuentes residentes en el municipio cubano donde comenzaron las protestas que sacudieron el país el verano pasado notificaron la militarización de las calles de la localidad.
El opositor Juan Luis Bravo Rodríguez aseguró al medio de prensa con sede en Estados Unidos que este miércoles se podrían hacer públicas las sentencias contra las personas que protestaron el pasado 11 de julio, por lo que las autoridades cubanas habrían sitiado a los opositores residentes en el municipio.
Bravo Rodríguez agregó que las autoridades del régimen recogieron todas las armas de fuego en la localidad para evitar cualquier tipo de percance, en aparente referencia a las pertenecientes a ciudadanos con permiso para la caza, pues en Cuba la tenencia de armas es ilegal.
«Nadie podrá detener al pueblo cuando decida salir a la calle. Ni el Ejército más potente del mundo podrá sostener la voluntad de ser libre, no existe operativo capaz de impedir que los cubanos digan basta de comunismo pues la hora para Cuba es ya», dijo el opositor.
Tras las protestas antigubernamentales del 11J el régimen cubano inició un proceso de persecución contra cientos de manifestantes a lo largo de la Isla, por lo que alrededor de un millar fue trasladado a prisión, entre ellos decenas de menores de edad, según reportes independientes.
Según los datos de la Fiscalía cubana, están siendo procesados por participar en las protestas del 11J un total de 790 personas, de las cuales 115 tienen entre 16 y 20 años de edad, 55 de los cuales son menores de 18 años.
A inicios del mes de febrero un incendio cuyas causas no han sido divulgadas provocó graves daños en una empresa estatal dedicada a la fabricación de tabaco para la exportación ubicada en San Antonio de los Baños. Varias personas especularon que se podría tratar de un acto de sabotaje, viniendo de una localidad donde el descontento con el Gobierno se ha hecho evidente.