‘Es inadmisible, antisocial y tiránico’: cubanos contra el Decreto-Ley 35

La repulsa que ha generado el decreto vas más allá de la ideología y grados de afinidad con el régimen.

La Habana (Jorge Enrique Rodríguez/DDC) – “Este nuevo decreto-ley es inadmisible, antisocial y profundamente tiránico”, expresa Claritza Maturell, una habanera que ejerció la pedagogía durante 25 años, sobre el Decreto-Ley 35 publicado en la Gaceta Oficial No. 92 el 17 de agosto.

Su opinión coincide con las de varios habaneros de distintas edades, niveles de escolaridad y estratos sociales encuestados por DIARIO DE CUBA. Aunque ya opositores y actores de la sociedad civil independiente cubana han manifestado su oposición a la nueva norma, la repulsa que ha generado esta entre los cubanos va más allá de la ideología y grados de afinidad con el Gobierno. Lo demuestra el hecho de que Maturell es miembro del Partido Comunista de Cuba (PCC), pero asegura que ya no teme a las posibles represalias por dar declaraciones a la prensa independiente.

“Puedes estar de acuerdo, o no, con las medidas del Gobierno, sin que ello te convierta en disidente u opositor, teniendo en cuenta la connotación particular que estas categorías tienen en Cuba”, acota la profesora jubilada.

“En todos los países se adecúan las leyes que surgieron al calor de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones. Cada nación tiene el derecho y la obligación de protegerse; pero cuando das un buen vistazo al Decreto-Ley 35 es evidente que está estructurado específicamente contra los ciudadanos y, por consiguiente, contra sus libertades de expresión y opinión. Todo lo demás, en este decreto-ley, es una cortina de humo que curiosamente se alza como ‘telón de acero’ después del 11 de julio”, agrega.

Gonzalo Serpa Gordillo, vecino de la barriada del Cerro, concuerda en que el repudio por la norma va más allá de ser opositor o periodista independiente, y recorre a toda la sociedad “que despertó el 11J y contempló cuál es el trato del Gobierno hacia el pueblo cuando el pueblo le lleva la contraria”.

“Ni siquiera tienes que leer todo el decreto-ley. A mitad de lectura, para no decir que, desde el quinto párrafo, te convences de que su objetivo único no es la protección del país ante un enemigo fantasma, sino amedrentar, coaccionar e intimidar a los once millones de ciudadanos que vivimos dentro de la Isla”, aseveró Serpa Gordillo, quien asegura que nunca antes se había referido al régimen con el término dictadura.

“Precisamente, el único éxito que puede otorgarse al Decreto-Ley 35 es lograr que, quienes antes no teníamos siquiera un apelativo ofensivo contra el Gobierno, ahora le llamamos dictadura con todas las consonantes y vocales. Es duro despertar un día y tener que pedir disculpas al vecino o al compañero de trabajo que antes repudiabas por decir la palabra dictadura o régimen”, confiesa. 

Varios habaneros consideran la norma “un exceso” que llega en el peor momento para el régimen, que “evidentemente, todavía no logra comprender que el 11J no fue un levantamiento social fomentado desde el extranjero”, sino “la simple acumulación de miserias durante seis largas décadas”.  

“Son ellos (el régimen) quienes practican, cotidianamente, el discurso de odio, calumniador, beligerante e intransigente contra los ciudadanos críticos y disidentes en este país e incluso allende sus mares”, ataja Aniette Baldomero López, licenciada en Sociología, que afirma haber participado en la manifestación que intentó llegar a la Plaza de la Revolución el 11 de julio.

“El Decreto-Ley 35, antes de ser anunciado y publicado en Gaceta Oficial, ya se lo habían aplicado, por citar poquísimos ejemplos, a Hamlet Lavastida, a los que transmitieron o compartieron contenidos del 11J, a los que compartieron los enlaces de la película Plantados, a los que convocaron a la solidaridad con el Movimiento San Isidro y luego con el 27N. Si un solo cubano es procesado o condenado, bajo el amparo de este decreto-ley, el Gobierno estará echando las últimas paleadas de tierra para su sepultura porque nadie, al menos aquí en La Habana, lo va aceptar con la misma tranquilidad con que relativamente aceptaba todo antes del 11J”, fustiga Baldomero López.

Un grupo de habaneros de los barrios marginados que el régimen describe con el eufemismo de “comunidades en transformación” recuerdan que desde Fidel Castro hasta Miguel Díaz-Canel, se prometió que todas las decisiones que afectaran al pueblo, serían consultadas con el pueblo. El Decreto-Ley 35 prueba que esa ha sido “una de las tantas promesas incumplidas”, señalan.

Orestes Soriano Brooks, vecino de una barriada en Marianao y ex marinero, afirma que descubrir “que descaradamente el Gobierno reconoce que es dueño de todo” lo convirtió “automáticamente” en opositor. Se refiere en específico a una línea del Decreto-Ley 35 donde se reconoce que, “(…) los servicios públicos de telecomunicaciones son prestados por el Gobierno o por quien este delegue para satisfacer las necesidades de la población (…)”.

“No soy inteligente. Mi inteligencia solo me alcanzó para saber pescar, pero también para comprender perfectamente que las necesidades del pueblo las imponen ellos sin saber cuáles son realmente esas necesidades. Esa mierda no se le hace a un pueblo noble y bueno como el cubano. Yo no salí a manifestarme el 11 de julio por pendejo, pero este decreto-ley mismo me llenó de timbales y en la próxima estaré en las calles de primero”, concluyó Soriano Brooks.