Atenas (Patricia G)- Grecia vuelve a sacudirse contra las medidas de austeridad en la primera huelga general del año y la octava con el mandato de Syriza. Un paro de 24 horas que tiene lugar en la recta final del tercer rescate al país, que ya ha recibido ha recibido 260 mil millones de euros en préstamos de rescate a cambio de las medidas.
El paro ha sido convocado, al igual que las anteriores huelgas generales, por los principales sindicatos del país GSEE (del sector privado) y ADEDY (del sector público), que han criticado que «las políticas de austeridad que aplican desde hace ocho años todos los Gobiernos en cooperación con los acreedores del país han provocado la pérdida del 25% del PIB y una subida del paro hasta el 30%; la desregulación de las relaciones laborales y el deterioro de los derechos de los trabajadores».
Aunque la protesta de este miércoles ha tenido menos participación de lo normal, algunos vuelos han sido cancelados, el sindicato de marineros también ha participado y el tráfico de ferries está paralizado durante toda la jornada así como los ferrocarriles. El transporte urbano ha funcionado con servicios mínimos y los periódicos no se distribuirán durante todo el día.
El sector marítimo ya protagonizó otra huelga como protesta contra los planes del Gobierno de permitir a barcos de transporte no europeos navegar en Grecia. Según los activistas, podría perjudicar a las tripulaciones griegas.
En un contexto protagonizado por la multitud de protestas, el cúmulo de huelgas desde el inicio de la crisis, las negociaciones y un desempleo del 21,5% (la tasa más alta de Europa), el partido izquierdista parece perder cada vez más su popularidad. Una encuesta realizada por Public Issue muestra una diferencia de votantes de Nueva Democracia y Syriza de cara a las próximas elecciones del 19%, una brecha entre ambos partidos que, según los analistas, podría haberse agravado por la disputa por el nombre «Macedonia» entre Grecia y la República Yugoslava.
Entre el descontento social, los pronósticos parecen favorables, o al menos así lo mostraba el mes pasado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que felicitó al país por su «despegue del crecimiento» y aboga por el alivio de la deuda.
La organización prevé un 4% de superávit primario para este año, una cifra que supera los objetivos acordados con los acreedores, que para 2017 fijaban un superávit primario del 1,75%, y a partir de este año y hasta 2021 inclusive, exigen uno del 3,5%, pero no parecen ser buenas noticias para los griegos, que no notan el cambio en sus bolsillos.
Más recortes
«Trabajadores, pensionistas, jóvenes (con una tasa de desempleo del 45,4%) y empleados a tiempo parcial, que ahora representan el 30% de los asalariados con un promedio de 350 euros mensuales, son los más afectados por la crisis», dice Thanasis Maniatis, profesor de economía en la Universidad de Atenas
Si Grecia cumple sus objetivos, podría salir del programa de asistencia financiera el 20 agosto. La semana pasada, el Eurogrupo recordaba al país heleno su deber de legislar las 88 reformas antes de su próximo encuentro el 21 de junio, la última revisión del rescate necesaria para aprobar un nuevo desembolso de 11.700 millones de euros. Las medidas afectarán a las privatizaciones, la cartera de créditos morosos de la banca (donde las deudas hipotecarias constituyen la mayor parte) y el marco fiscal.
El grueso de los recortes afectará alrededor de 1,1 millones de jubilados, que verán recortada su pensión principal a partir de diciembre (cuando se pagan las pensiones de enero de 2019) hasta en un 18%. Según informan medios nacionales, 2019 será el año en el que comenzarán la reestructuración de las prestaciones familiares y los recortes a las pensiones principales y complementarias, que durarían hasta el año 2022.
Al conjunto de medidas se aplicarán, a partir del año que viene, las contramedidas con las que el Gobierno pretende aliviar el efecto de los nuevos recortes. El Ejecutivo también intentará administrar la reducción de las pensiones a través de un subsidio a la vivienda de hasta 1000 euros mensuales para 550.000 hogares con ingresos bajos. «El Estado aún necesitará fondos para financiar sus obligaciones de deuda. Esto significa que tendrá que seguir las mismas políticas de austeridad para no enfrentar niveles prohibitivos de tasas de interés», añade Maniatis.
De todas las 88 medidas necesarias para llegar a un acuerdo en la fecha prevista, 10 ya se han convertido en ley, 50 todavía están pendientes de aprobación y el resto ya se encuentran en etapa avanzada. Patricia Galiana